Italia: un tribunal confirma el archivo de la renovación del permiso de residencia tras cuatro citas incumplidas

Un tribunal administrativo italiano ha confirmado el archivo de un procedimiento de renovación del permiso de residencia después de que el solicitante no acudiera a cuatro citas distintas para su identificación y la toma de huellas dactilares.

Mediante la sentencia n.º 1315, de 10 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña rechazó el recurso presentado por un ciudadano marroquí contra la decisión de la Jefatura de Policía de Bolonia de archivar su solicitud de renovación del permiso de residencia por trabajo por cuenta ajena.

La resolución establece una línea clara entre los derechos de los ciudadanos extranjeros dentro de los procedimientos migratorios y su deber de colaborar con la Administración. Según el tribunal, el solicitante no puede pretender que el procedimiento permanezca abierto indefinidamente cuando ignora varias convocatorias oficiales sin ofrecer ninguna explicación.

Cuatro citas incumplidas

El interesado había presentado la solicitud de renovación mediante el kit postal previsto para este tipo de trámites.

Fue convocado por primera vez en la Oficina de Inmigración de Bolonia el 18 de junio de 2024 para completar su identificación y someterse a la toma de huellas dactilares. Al no presentarse, la Administración fijó otras tres citas: el 6 de agosto de 2024, el 18 de septiembre de 2024 y el 21 de enero de 2026.

El solicitante no acudió a ninguna de ellas.

La Jefatura de Policía decidió entonces archivar el expediente, al considerar que el procedimiento no podía aplazarse indefinidamente y que la falta de identificación impedía continuar con la tramitación.

El interesado recurrió la decisión alegando que el archivo era desproporcionado y que todavía podía haberse fijado una nueva cita. También sostuvo que no había recibido un preaviso formal de denegación y pidió que se valoraran sus circunstancias personales y familiares.

El tribunal rechazó todos estos argumentos.

La toma de huellas no es una mera formalidad

La sentencia subraya que la identificación personal y la toma de huellas dactilares son fases esenciales en los procedimientos de expedición o renovación del permiso de residencia.

La presentación de la solicitud por vía postal constituye solo el primer paso. Posteriormente, el ciudadano extranjero debe comparecer personalmente para que la Administración pueda comprobar su identidad, recoger los datos biométricos y realizar las verificaciones necesarias para expedir el permiso electrónico.

Sin la presencia del solicitante, el procedimiento no puede completarse.

Una única ausencia puede estar justificada por enfermedad, un problema de comunicación o una dificultad temporal. En este caso, sin embargo, el interesado faltó a cuatro citas distribuidas a lo largo de aproximadamente dieciocho meses y no ofreció ninguna razón válida.

Para el tribunal, ya no se trataba de una irregularidad menor, sino de una falta prolongada de colaboración.

Una decisión considerada proporcionada

El solicitante sostenía que archivar el expediente era una medida excesiva porque la Administración podía haber programado otra cita.

El tribunal observó, sin embargo, que esa posibilidad ya había sido ofrecida en tres ocasiones.

Tras la primera ausencia, la Jefatura de Policía no rechazó inmediatamente la solicitud. Volvió a convocar al interesado varias veces y le dio nuevas oportunidades para completar los trámites necesarios.

Por ello, la decisión final fue considerada proporcionada.

El principio de proporcionalidad obliga a la Administración a adoptar medidas adecuadas, necesarias y no excesivamente gravosas. Sin embargo, no la obliga a repetir indefinidamente el mismo trámite cuando el interesado permanece inactivo.

Según la sentencia, la Administración ya había aplicado varias veces la solución menos perjudicial antes de decidir el archivo.

El procedimiento no podía quedar abierto para siempre

El tribunal también se apoyó en el deber general de la Administración de concluir los procedimientos mediante una decisión expresa.

El Derecho administrativo italiano impide que una solicitud permanezca pendiente durante un tiempo indefinido.

Cuando un expediente no puede seguir tramitándose porque falta un requisito esencial, la Administración puede cerrarlo mediante una resolución simplificada.

En este caso, lo que faltaba no era un simple documento. Faltaba la comparecencia personal del solicitante, indispensable para verificar su identidad y obtener sus datos biométricos.

Por tanto, la Jefatura de Policía podía legítimamente concluir que la solicitud ya no podía ser tramitada.

No existe obligación de notificación personal

El interesado también alegó que solo una notificación entregada personalmente podía garantizar que hubiera tenido conocimiento efectivo de las citas.

El tribunal rechazó esta tesis porque ninguna norma exige que las convocatorias para la toma de huellas se notifiquen en mano.

En ausencia de una disposición especial, se aplican las reglas ordinarias sobre comunicaciones administrativas.

El solicitante no demostró que los avisos hubieran sido enviados a una dirección incorrecta ni que no los hubiera recibido. Su objeción se refería únicamente al modo de notificación.

El tribunal consideró, por tanto, que las cuatro convocatorias habían sido correctamente comunicadas.

Las convocatorias repetidas garantizaron suficientemente la participación

Otro de los motivos del recurso era la falta de un preaviso formal antes del archivo.

El tribunal consideró que las cuatro convocatorias ya habían ofrecido al interesado suficientes oportunidades para participar en el procedimiento.

Una cita para la toma de huellas no equivale exactamente a un preaviso de denegación. Sin embargo, en las circunstancias concretas del caso, el tribunal adoptó un enfoque práctico.

El solicitante había sido invitado varias veces a cumplir el trámite esencial para la renovación. Ignoró las cuatro convocatorias y nunca contactó con la Administración para justificar su ausencia ni para pedir un aplazamiento.

Por ello, el tribunal concluyó que la Administración ya había agotado toda forma razonable de diálogo con el interesado.

La cooperación y la buena fe también obligan a los ciudadanos extranjeros

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia se refiere a los principios de colaboración y buena fe.

El Derecho administrativo italiano establece que las relaciones entre los particulares y la Administración deben regirse por la cooperación y la buena fe.

El tribunal precisó que este principio también se aplica a los ciudadanos extranjeros que solicitan permisos de residencia.

La obligación funciona en ambas direcciones.

La Administración debe actuar correctamente, proporcionar información comprensible, comunicar las citas de forma adecuada y valorar las dificultades reales alegadas por el solicitante.

Al mismo tiempo, el interesado debe mantener actualizados sus datos de contacto, acudir a las citas, comunicar cualquier impedimento y facilitar la información necesaria para completar el procedimiento.

En este caso, el tribunal consideró que el solicitante había incumplido ese deber de colaboración.

Las circunstancias personales y familiares no fueron suficientes

El interesado pidió también que se tuviera en cuenta que llevaba años en Italia, era padre de familia y había encontrado una nueva oportunidad laboral después de un periodo de desempleo.

El tribunal no consideró que esos elementos permitieran superar el problema procedimental.

El empleo, los vínculos familiares y la integración social pueden ser relevantes para valorar si se cumplen los requisitos sustanciales de la renovación. Sin embargo, no eliminan la obligación de comparecer personalmente para la identificación.

La Administración no puede examinar de manera completa una solicitud cuando el interesado se niega reiteradamente a realizar una fase esencial del procedimiento.

La sentencia no significa que las circunstancias personales sean siempre irrelevantes. Podrían resultar decisivas cuando una cita se pierde por enfermedad, una urgencia familiar grave o un problema real de notificación.

En este caso, no se acreditó ninguna circunstancia de ese tipo.

Una advertencia para quienes solicitan permisos de residencia

La resolución envía un mensaje directo a los ciudadanos extranjeros implicados en procedimientos de residencia.

Los derechos deben ser protegidos, pero los solicitantes también deben colaborar activamente.

Una sola ausencia no debería provocar automáticamente la pérdida del procedimiento. Sin embargo, las ausencias repetidas e injustificadas pueden legitimar el archivo del expediente.

Quien no pueda acudir a una cita debe contactar inmediatamente con la Oficina de Inmigración, explicar el motivo y, cuando sea posible, aportar documentación justificativa.

El silencio es la peor opción.

La sentencia confirma que los procedimientos migratorios no pueden gestionarse como si toda la responsabilidad recayera exclusivamente sobre la Administración. Las autoridades deben respetar las garantías legales, pero el solicitante también debe hacer lo necesario para permitir que el procedimiento continúe.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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Señalamiento SIS: cuándo impide un permiso de residencia Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Una sentencia publicada el 1 de julio de 2026 confirma que un señalamiento SIS por no admisión puede impedir la expedición de un permiso de residencia en Italia. Solo razones humanitarias graves o obligaciones internacionales permiten una excepción. Señalamiento SIS: cuándo impide un permiso de residencia Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Una sentencia publicada el 1 de julio de 2026 confirma que un señalamiento SIS por no admisión puede impedir la expedición de un permiso de residencia en Italia. Solo razones humanitarias graves o obligaciones internacionales permiten una excepción. https://ift.tt/7WcMIZp https://p16-common-sign.tiktokcdn-eu.com/tos-no1a-p-0037-no/oQIB1LAz9USJBBUHrVyCodAAiBSSZtAEWwfiKO~tplv-tiktokx-cropcenter-q:300:400:q70.jpeg?dr=9232&refresh_token=38366f42&x-expires=1786737600&x-signature=lliLRPMocvjMmvlsQW6oPDcA8Zs%3D&t=bacd0480&ps=933b5bde&shp=d05b14bd&shcp=8aecc5ac&idc=no1a&biz_tag=tt_video&s=TIKTOK_FOR_DEVELOPER&sc=cover

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August 13, 2026 at 12:00AM Señalamiento SIS: cuándo impide un permiso de residencia Señalamiento SIS: cuándo impide un permiso de residencia Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Una sentencia publicada el 1 de julio de 2026 confirma que un señalamiento SIS por no admisión puede impedir la expedición de un permiso de residencia en Italia. Solo razones humanitarias graves o obligaciones internacionales permiten una excepción. https://www.youtube.com/watch?v=nMcOPAklrtk https://www.youtube.com/watch/nMcOPAklrtk

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Signalement SIS : dans quels cas peut-il empêcher la délivrance d’un titre de séjour ? https://ift.tt/fn6vRso Avv. Fabio Loscerbo Signalement SIS : dans quels cas peut-il empêcher la délivrance d’un titre de séjour ? Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l’Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo. Aujourd’hui, nous abordons les effets d’un signalement dans le Système d’information Schengen, ou SIS, sur la délivrance d’un titre de séjour en Italie, à travers une importante décision du Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne, publiée le 1er juillet 2026, rendue dans la procédure inscrite au registre général sous le numéro 813 de l’année 2022. L’affaire concerne un ressortissant étranger qui avait présenté une demande de régularisation dans le cadre de la procédure italienne d’émergence du travail irrégulier. La Questure de Modène a toutefois rejeté sa demande en raison d’un signalement SIS introduit par les autorités françaises aux fins de non-admission dans l’espace Schengen. Le requérant soutenait que l’administration italienne aurait dû examiner sa situation personnelle au lieu de se fonder automatiquement sur le signalement émis par un autre État membre. Le Tribunal a rejeté le recours et a réaffirmé un principe juridique particulièrement important. Selon les juges, un signalement SIS aux fins de non-admission constitue, en règle générale, un obstacle juridique à la délivrance d’un titre de séjour. Par conséquent, la décision de la Questure est un acte lié, qui ne laisse aucune marge d’appréciation à l’administration. Les autorités italiennes ne sont pas tenues d’évaluer à nouveau la dangerosité de l’intéressé ni de contrôler la légalité de la décision prise par l’État qui a introduit le signalement. La décision rappelle toutefois une exception importante prévue par le droit européen. Un État peut délivrer un titre de séjour malgré un signalement SIS, mais uniquement en présence de motifs sérieux, notamment des raisons humanitaires ou des obligations découlant du droit international. Dans une telle hypothèse, il doit d’abord engager une procédure de consultation avec l’État ayant inscrit le signalement dans le système Schengen. Cette décision confirme donc un principe désormais bien établi en droit de l’immigration : un signalement SIS n’est pas une simple information administrative. Il produit des effets juridiques directs et peut empêcher la délivrance d’un titre de séjour en Italie. Ce n’est que dans des situations exceptionnelles, expressément prévues par la loi, que cet obstacle peut être levé. Merci d’avoir écouté cet épisode du podcast Droit de l’Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode consacré aux décisions de justice, aux évolutions législatives et aux principales questions du droit italien de l’immigration.

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Italie : le tribunal valide la clôture d’une demande de renouvellement après quatre rendez-vous manqués https://ift.tt/FBMNtl8 Avv. Fabio Loscerbo Italie : le tribunal valide la clôture d’une demande de renouvellement après quatre rendez-vous manqués Un tribunal administratif italien a confirmé la clôture d’une procédure de renouvellement de titre de séjour après que le demandeur ne s’est pas présenté à quatre rendez-vous distincts consacrés à son identification et au relevé de ses empreintes digitales. Par le jugement n° 1315 du 10 juillet 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a rejeté le recours formé par un ressortissant marocain contre la décision de la préfecture de police de Bologne d’archiver sa demande de renouvellement d’un titre de séjour pour travail salarié. La décision trace une limite claire entre les droits reconnus aux ressortissants étrangers dans les procédures d’immigration et leur devoir de collaboration avec l’administration. Selon le tribunal, le demandeur ne peut pas exiger que la procédure demeure ouverte indéfiniment lorsqu’il ignore plusieurs convocations officielles sans fournir aucune explication. Quatre rendez-vous manqués Le demandeur avait présenté sa demande de renouvellement au moyen du kit postal prévu pour les procédures relatives aux titres de séjour. Il avait été convoqué une première fois auprès du bureau de l’immigration de Bologne le 18 juin 2024 afin de procéder à son identification et au relevé de ses empreintes digitales. Après son absence, l’administration avait fixé trois nouveaux rendez-vous : le 6 août 2024, le 18 septembre 2024 et le 21 janvier 2026. Le demandeur ne s’est présenté à aucun de ces rendez-vous. La préfecture de police a donc décidé d’archiver le dossier, en considérant que la procédure ne pouvait pas être reportée indéfiniment et que l’absence d’identification empêchait matériellement la poursuite de l’instruction. L’intéressé a contesté cette décision en soutenant que l’archivage était disproportionné et qu’un nouveau rendez-vous aurait encore pu être fixé. Il a également invoqué l’absence de communication préalable des motifs de rejet et demandé que soient prises en considération sa situation personnelle et familiale. Le tribunal a rejeté ces arguments. Le relevé des empreintes n’est pas une simple formalité Le jugement souligne que l’identification personnelle et le relevé des empreintes digitales constituent des étapes essentielles de la procédure de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. La présentation de la demande par voie postale ne représente que la première phase de la procédure. Le ressortissant étranger doit ensuite se présenter personnellement afin que l’administration puisse vérifier son identité, recueillir les données biométriques nécessaires et effectuer les contrôles requis pour la délivrance du titre électronique. Sans la présence du demandeur, la procédure ne peut pas être achevée. Une seule absence peut être justifiée par une maladie, une erreur de communication ou une difficulté temporaire. Dans cette affaire, toutefois, le demandeur avait manqué quatre rendez-vous sur une période d’environ dix-huit mois sans fournir de raison valable. Pour le tribunal, il ne s’agissait donc plus d’une irrégularité procédurale mineure, mais d’une absence prolongée de collaboration. Une mesure jugée proportionnée Le demandeur soutenait que l’archivage du dossier constituait une mesure excessive, car l’administration aurait pu fixer un autre rendez-vous. Le tribunal a cependant observé que cette solution avait déjà été appliquée à trois reprises. Après la première absence, la préfecture de police n’avait pas immédiatement rejeté la demande. Elle avait au contraire renouvelé les convocations, offrant ainsi plusieurs possibilités supplémentaires au demandeur de compléter les formalités nécessaires. La décision finale a donc été considérée comme proportionnée. Le principe de proportionnalité impose à l’administration de choisir une mesure adaptée, nécessaire et non excessivement préjudiciable. Il ne l’oblige toutefois pas à répéter indéfiniment le même acte lorsque l’intéressé demeure inactif. Selon le jugement, l’administration avait déjà appliqué à plusieurs reprises la solution la moins contraignante avant de décider de clôturer la procédure. La procédure ne pouvait pas rester ouverte indéfiniment Le tribunal s’est également fondé sur l’obligation générale de l’administration de conclure les procédures par une décision expresse. En droit administratif italien, une autorité publique ne peut pas laisser une demande en suspens pendant une durée indéterminée. Lorsqu’une demande ne peut plus être instruite en raison de l’absence d’un élément essentiel, l’administration peut conclure la procédure par une décision simplifiée. Dans cette affaire, l’élément manquant n’était pas un simple document. Il s’agissait de la présence personnelle du demandeur, indispensable pour vérifier son identité et recueillir ses données biométriques. La préfecture de police pouvait donc légitimement constater que la demande n’était plus susceptible d’être traitée. Aucune obligation de notification en mains propres Le demandeur soutenait également que seule une notification remise personnellement aurait permis de garantir la connaissance effective des rendez-vous. Le tribunal a rejeté cet argument, car aucune disposition légale n’impose que les convocations pour le relevé des empreintes soient remises en mains propres. En l’absence de règle spéciale, les dispositions ordinaires relatives aux communications administratives s’appliquent. Le demandeur n’avait pas démontré que les convocations avaient été envoyées à une adresse erronée ou qu’elles ne lui étaient jamais parvenues. Il contestait uniquement leur mode de transmission. Le tribunal a donc considéré que les quatre convocations avaient été régulièrement communiquées. Les convocations répétées ont assuré le contradictoire Un autre grief concernait l’absence d’un avertissement formel avant l’archivage du dossier. Le tribunal a estimé que les quatre convocations avaient déjà donné au demandeur des possibilités suffisantes de participer à la procédure. Une convocation pour le relevé des empreintes ne correspond pas exactement à une communication formelle des motifs de rejet. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’affaire, le tribunal a adopté une approche concrète. Le demandeur avait été invité à plusieurs reprises à accomplir l’acte indispensable au renouvellement. Il avait ignoré les quatre convocations sans jamais contacter l’administration pour expliquer son absence ou solliciter un report. Le tribunal en a déduit que l’administration avait déjà épuisé toute forme raisonnable de dialogue avec l’intéressé. Collaboration et bonne foi concernent aussi les ressortissants étrangers L’un des passages les plus importants du jugement concerne les principes de collaboration et de bonne foi. Le droit administratif italien prévoit que les relations entre les particuliers et l’administration doivent être fondées sur la collaboration et la bonne foi. Le tribunal précise que ce principe s’applique également aux ressortissants étrangers qui demandent la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. Cette obligation est réciproque. L’administration doit agir correctement, fournir des informations compréhensibles, communiquer régulièrement les rendez-vous et examiner les difficultés réelles invoquées par le demandeur. En parallèle, l’intéressé doit maintenir ses coordonnées à jour, se présenter aux rendez-vous, signaler immédiatement les empêchements et fournir les informations nécessaires à la poursuite de l’instruction. Dans cette affaire, le tribunal a considéré que le demandeur avait manqué à cette obligation de collaboration. La situation personnelle et familiale n’a pas suffi Le demandeur demandait également que soient prises en considération son installation ancienne en Italie, sa qualité de père de famille et la nouvelle possibilité d’emploi qu’il avait trouvée après une période de chômage. Le tribunal n’a pas estimé que ces éléments permettaient de surmonter l’obstacle procédural. L’emploi, les liens familiaux et l’intégration sociale peuvent être pertinents pour apprécier si les conditions substantielles du renouvellement sont remplies. Ils ne suppriment toutefois pas l’obligation de se présenter personnellement pour l’identification. L’administration ne peut pas examiner complètement une demande lorsque l’intéressé refuse, à plusieurs reprises, d’accomplir une étape essentielle de la procédure. La décision ne signifie pas que les circonstances personnelles sont toujours sans importance. Elles pourraient être déterminantes lorsqu’un rendez-vous est manqué en raison d’une maladie, d’une urgence familiale grave ou d’un véritable problème de notification. Aucune circonstance de ce type n’avait cependant été démontrée dans cette affaire. Un avertissement pour les demandeurs de titres de séjour Le jugement adresse un message direct aux ressortissants étrangers engagés dans une procédure de séjour. Les droits doivent être protégés, mais les demandeurs doivent aussi collaborer activement. Une seule absence ne devrait pas entraîner automatiquement la perte de la procédure. En revanche, des absences répétées et injustifiées peuvent légitimer l’archivage du dossier. Lorsqu’une personne ne peut pas se présenter à un rendez-vous, elle doit contacter immédiatement le bureau de l’immigration, expliquer la raison de son absence et, si possible, produire des justificatifs. Le silence constitue la pire solution. La décision confirme que les procédures d’immigration ne peuvent pas être administrées comme si toute la responsabilité reposait exclusivement sur les autorités. L’administration doit respecter les garanties légales, mais le demandeur doit également accomplir les démarches nécessaires pour permettre à la procédure d’aboutir. Avv. Fabio Loscerbo ORCID : https://ift.tt/Sp9Nvdc

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Italie : le tribunal valide la clôture d’une demande de renouvellement après quatre rendez-vous manqués

Un tribunal administratif italien a confirmé la clôture d’une procédure de renouvellement de titre de séjour après que le demandeur ne s’est pas présenté à quatre rendez-vous distincts consacrés à son identification et au relevé de ses empreintes digitales.

Par le jugement n° 1315 du 10 juillet 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a rejeté le recours formé par un ressortissant marocain contre la décision de la préfecture de police de Bologne d’archiver sa demande de renouvellement d’un titre de séjour pour travail salarié.

La décision trace une limite claire entre les droits reconnus aux ressortissants étrangers dans les procédures d’immigration et leur devoir de collaboration avec l’administration. Selon le tribunal, le demandeur ne peut pas exiger que la procédure demeure ouverte indéfiniment lorsqu’il ignore plusieurs convocations officielles sans fournir aucune explication.

Quatre rendez-vous manqués

Le demandeur avait présenté sa demande de renouvellement au moyen du kit postal prévu pour les procédures relatives aux titres de séjour.

Il avait été convoqué une première fois auprès du bureau de l’immigration de Bologne le 18 juin 2024 afin de procéder à son identification et au relevé de ses empreintes digitales. Après son absence, l’administration avait fixé trois nouveaux rendez-vous : le 6 août 2024, le 18 septembre 2024 et le 21 janvier 2026.

Le demandeur ne s’est présenté à aucun de ces rendez-vous.

La préfecture de police a donc décidé d’archiver le dossier, en considérant que la procédure ne pouvait pas être reportée indéfiniment et que l’absence d’identification empêchait matériellement la poursuite de l’instruction.

L’intéressé a contesté cette décision en soutenant que l’archivage était disproportionné et qu’un nouveau rendez-vous aurait encore pu être fixé. Il a également invoqué l’absence de communication préalable des motifs de rejet et demandé que soient prises en considération sa situation personnelle et familiale.

Le tribunal a rejeté ces arguments.

Le relevé des empreintes n’est pas une simple formalité

Le jugement souligne que l’identification personnelle et le relevé des empreintes digitales constituent des étapes essentielles de la procédure de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour.

La présentation de la demande par voie postale ne représente que la première phase de la procédure. Le ressortissant étranger doit ensuite se présenter personnellement afin que l’administration puisse vérifier son identité, recueillir les données biométriques nécessaires et effectuer les contrôles requis pour la délivrance du titre électronique.

Sans la présence du demandeur, la procédure ne peut pas être achevée.

Une seule absence peut être justifiée par une maladie, une erreur de communication ou une difficulté temporaire. Dans cette affaire, toutefois, le demandeur avait manqué quatre rendez-vous sur une période d’environ dix-huit mois sans fournir de raison valable.

Pour le tribunal, il ne s’agissait donc plus d’une irrégularité procédurale mineure, mais d’une absence prolongée de collaboration.

Une mesure jugée proportionnée

Le demandeur soutenait que l’archivage du dossier constituait une mesure excessive, car l’administration aurait pu fixer un autre rendez-vous.

Le tribunal a cependant observé que cette solution avait déjà été appliquée à trois reprises.

Après la première absence, la préfecture de police n’avait pas immédiatement rejeté la demande. Elle avait au contraire renouvelé les convocations, offrant ainsi plusieurs possibilités supplémentaires au demandeur de compléter les formalités nécessaires.

La décision finale a donc été considérée comme proportionnée.

Le principe de proportionnalité impose à l’administration de choisir une mesure adaptée, nécessaire et non excessivement préjudiciable. Il ne l’oblige toutefois pas à répéter indéfiniment le même acte lorsque l’intéressé demeure inactif.

Selon le jugement, l’administration avait déjà appliqué à plusieurs reprises la solution la moins contraignante avant de décider de clôturer la procédure.

La procédure ne pouvait pas rester ouverte indéfiniment

Le tribunal s’est également fondé sur l’obligation générale de l’administration de conclure les procédures par une décision expresse.

En droit administratif italien, une autorité publique ne peut pas laisser une demande en suspens pendant une durée indéterminée.

Lorsqu’une demande ne peut plus être instruite en raison de l’absence d’un élément essentiel, l’administration peut conclure la procédure par une décision simplifiée.

Dans cette affaire, l’élément manquant n’était pas un simple document. Il s’agissait de la présence personnelle du demandeur, indispensable pour vérifier son identité et recueillir ses données biométriques.

La préfecture de police pouvait donc légitimement constater que la demande n’était plus susceptible d’être traitée.

Aucune obligation de notification en mains propres

Le demandeur soutenait également que seule une notification remise personnellement aurait permis de garantir la connaissance effective des rendez-vous.

Le tribunal a rejeté cet argument, car aucune disposition légale n’impose que les convocations pour le relevé des empreintes soient remises en mains propres.

En l’absence de règle spéciale, les dispositions ordinaires relatives aux communications administratives s’appliquent.

Le demandeur n’avait pas démontré que les convocations avaient été envoyées à une adresse erronée ou qu’elles ne lui étaient jamais parvenues. Il contestait uniquement leur mode de transmission.

Le tribunal a donc considéré que les quatre convocations avaient été régulièrement communiquées.

Les convocations répétées ont assuré le contradictoire

Un autre grief concernait l’absence d’un avertissement formel avant l’archivage du dossier.

Le tribunal a estimé que les quatre convocations avaient déjà donné au demandeur des possibilités suffisantes de participer à la procédure.

Une convocation pour le relevé des empreintes ne correspond pas exactement à une communication formelle des motifs de rejet. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’affaire, le tribunal a adopté une approche concrète.

Le demandeur avait été invité à plusieurs reprises à accomplir l’acte indispensable au renouvellement. Il avait ignoré les quatre convocations sans jamais contacter l’administration pour expliquer son absence ou solliciter un report.

Le tribunal en a déduit que l’administration avait déjà épuisé toute forme raisonnable de dialogue avec l’intéressé.

Collaboration et bonne foi concernent aussi les ressortissants étrangers

L’un des passages les plus importants du jugement concerne les principes de collaboration et de bonne foi.

Le droit administratif italien prévoit que les relations entre les particuliers et l’administration doivent être fondées sur la collaboration et la bonne foi.

Le tribunal précise que ce principe s’applique également aux ressortissants étrangers qui demandent la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour.

Cette obligation est réciproque.

L’administration doit agir correctement, fournir des informations compréhensibles, communiquer régulièrement les rendez-vous et examiner les difficultés réelles invoquées par le demandeur.

En parallèle, l’intéressé doit maintenir ses coordonnées à jour, se présenter aux rendez-vous, signaler immédiatement les empêchements et fournir les informations nécessaires à la poursuite de l’instruction.

Dans cette affaire, le tribunal a considéré que le demandeur avait manqué à cette obligation de collaboration.

La situation personnelle et familiale n’a pas suffi

Le demandeur demandait également que soient prises en considération son installation ancienne en Italie, sa qualité de père de famille et la nouvelle possibilité d’emploi qu’il avait trouvée après une période de chômage.

Le tribunal n’a pas estimé que ces éléments permettaient de surmonter l’obstacle procédural.

L’emploi, les liens familiaux et l’intégration sociale peuvent être pertinents pour apprécier si les conditions substantielles du renouvellement sont remplies. Ils ne suppriment toutefois pas l’obligation de se présenter personnellement pour l’identification.

L’administration ne peut pas examiner complètement une demande lorsque l’intéressé refuse, à plusieurs reprises, d’accomplir une étape essentielle de la procédure.

La décision ne signifie pas que les circonstances personnelles sont toujours sans importance. Elles pourraient être déterminantes lorsqu’un rendez-vous est manqué en raison d’une maladie, d’une urgence familiale grave ou d’un véritable problème de notification.

Aucune circonstance de ce type n’avait cependant été démontrée dans cette affaire.

Un avertissement pour les demandeurs de titres de séjour

Le jugement adresse un message direct aux ressortissants étrangers engagés dans une procédure de séjour.

Les droits doivent être protégés, mais les demandeurs doivent aussi collaborer activement.

Une seule absence ne devrait pas entraîner automatiquement la perte de la procédure. En revanche, des absences répétées et injustifiées peuvent légitimer l’archivage du dossier.

Lorsqu’une personne ne peut pas se présenter à un rendez-vous, elle doit contacter immédiatement le bureau de l’immigration, expliquer la raison de son absence et, si possible, produire des justificatifs.

Le silence constitue la pire solution.

La décision confirme que les procédures d’immigration ne peuvent pas être administrées comme si toute la responsabilité reposait exclusivement sur les autorités. L’administration doit respecter les garanties légales, mais le demandeur doit également accomplir les démarches nécessaires pour permettre à la procédure d’aboutir.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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Italie : le tribunal juge que les retards administratifs ne peuvent pas justifier le refus d’un titre de séjour

Un tribunal administratif italien a annulé le refus d’un titre de séjour pour stage professionnel, en affirmant que l’administration ne peut pas utiliser les conséquences de son propre retard pour rejeter une demande qui avait été présentée régulièrement.

Par le jugement n° 1260 du 29 juin 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a considéré que la préfecture de police de Bologne avait agi illégalement en refusant un titre de séjour demandé pour un stage de six mois.

Le demandeur était entré légalement en Italie, avait présenté sa demande dans les délais, avait accompli le stage comme prévu et avait ensuite obtenu un contrat de travail à durée indéterminée. Malgré cela, l’administration n’avait statué qu’après la fin du stage.

La demande avait été présentée dans les délais

Le ressortissant étranger était entré en Italie le 14 juillet 2024 avec un visa valable pour études et stage professionnel.

Le programme devait se dérouler du 2 août 2024 au 31 janvier 2025 et avait pour objectif l’acquisition de compétences professionnelles dans le secteur du bâtiment.

Le demandeur avait présenté sa demande de titre de séjour le 9 août 2024, soit quelques jours seulement après le début du stage. Il s’était ensuite rendu auprès du bureau de l’immigration pour les opérations d’identification et de relevé des empreintes digitales.

La procédure avait donc été régulièrement engagée et le demandeur avait accompli les formalités qui lui incombaient.

Pourtant, l’administration n’avait pas délivré le titre avant la fin du stage.

Le premier avertissement est arrivé un an plus tard

La situation est devenue particulièrement problématique lorsque la préfecture de police a adressé sa première objection formelle près d’un an après le dépôt de la demande.

L’administration reprochait au demandeur de ne pas avoir produit la preuve du renouvellement du projet de stage.

Le tribunal a considéré cette motivation comme illogique.

Le stage n’avait pas été abandonné ni interrompu. Il avait été accompli jusqu’à son terme, à la date initialement prévue.

Le demandeur ne sollicitait pas un nouveau stage ni la prolongation du précédent. Il demandait le titre de séjour correspondant au projet pour lequel il avait été autorisé à entrer en Italie.

La fin normale du stage ne pouvait donc pas être transformée en motif de refus.

L’administration ne peut pas tirer avantage de son propre retard

Le principe central du jugement est clair : le retard administratif ne peut pas devenir un obstacle juridique opposé au demandeur.

Le tribunal reconnaît que les délais prévus pour la délivrance des titres de séjour ne sont généralement pas des délais impératifs. Une décision tardive n’est donc pas automatiquement illégale.

Cela ne signifie toutefois pas que l’administration puisse ignorer les effets juridiques de son propre retard.

La demande devait être examinée au regard de la situation existant au moment où elle avait été présentée.

Dans cette affaire :

• le demandeur disposait d’un visa valable ;

• la demande avait été déposée rapidement ;

• le stage avait effectivement été réalisé ;

• le projet s’était achevé alors que la procédure était toujours pendante ;

• le titre n’avait pas été délivré parce que l’administration n’avait pas statué à temps.

Le tribunal a donc exclu que la fin du stage puisse justifier le refus.

Le demandeur était également critiqué pour ne pas avoir demandé la conversion du titre

La décision de refus faisait aussi référence au fait que le demandeur n’avait pas sollicité la conversion du titre de séjour pour stage en titre de séjour pour travail salarié.

Le tribunal a jugé ce raisonnement tout aussi erroné.

Une demande de conversion suppose normalement l’existence d’un titre de séjour à convertir.

Or, dans cette affaire, le titre pour stage n’avait jamais été délivré.

Le demandeur ne pouvait pas être tenu responsable de ne pas avoir converti un document que l’administration elle-même ne lui avait jamais remis.

L’absence de demande de conversion était donc la conséquence du retard administratif, et non d’un manque de diligence de l’intéressé.

Le demandeur avait ensuite obtenu un emploi stable

L’affaire démontrait également que le stage avait atteint son objectif professionnel.

Le 8 septembre 2025, le demandeur avait signé un contrat de travail à durée indéterminée.

Cette circonstance ne transformait pas automatiquement la demande initiale en demande de titre de séjour pour travail salarié. Elle constituait néanmoins un élément important que l’administration devait prendre en considération lors du réexamen de la situation.

Le tribunal n’a pas ordonné la délivrance immédiate d’un titre de séjour pour travail.

Il a imposé à la préfecture de police de réexaminer la demande sans se fonder sur les motifs illégaux utilisés dans la décision de refus.

Une motivation confuse et contradictoire

Le tribunal a également critiqué la motivation de la décision administrative.

Le refus faisait référence à plusieurs éléments différents :

• la fin du stage ;

• l’absence de prolongation du projet ;

• l’existence d’un contrat de travail ;

• la situation contributive du demandeur ;

• l’absence de demande de conversion ;

• l’absence supposée des conditions permettant la délivrance d’un autre titre.

Selon les juges, cette accumulation d’éléments ne permettait pas de comprendre clairement la véritable raison juridique du refus.

Une décision administrative doit permettre à l’intéressé de comprendre le raisonnement suivi par l’autorité.

L’énumération de faits hétérogènes ne suffit pas lorsque l’administration n’explique pas lequel d’entre eux est décisif et pour quelle raison.

Un problème plus général des procédures d’immigration

Le jugement met en lumière une difficulté structurelle de l’administration italienne de l’immigration.

De nombreux titres de séjour sont liés à des activités limitées dans le temps : stages, emplois saisonniers, cours d’études, projets de recherche ou programmes de formation.

Lorsque la procédure administrative dure plus longtemps que l’activité elle-même, le titre risque de perdre toute utilité avant même d’être délivré.

Si l’administration pouvait refuser chaque demande au seul motif que le projet s’est achevé pendant la période d’attente, elle pourrait rendre la procédure inutile simplement en ne statuant pas à temps.

Le tribunal refuse un tel résultat.

La demande doit être appréciée à la lumière des circonstances existant lors de son dépôt, surtout lorsque l’intéressé a agi correctement et que l’expiration du projet résulte uniquement du retard de l’administration.

L’administration doit réexaminer l’affaire

Le jugement n’accorde pas directement le titre de séjour.

Il annule la décision de refus et impose à la préfecture de police de Bologne de réexaminer la demande.

Dans le nouveau cadre procédural, l’administration ne pourra pas considérer comme négative la conclusion régulière du stage.

Elle ne pourra pas non plus reprocher au demandeur de ne pas avoir converti un titre qui n’a jamais été délivré.

Elle devra examiner la demande initiale, le bon déroulement du stage et la relation de travail apparue par la suite.

Un principe essentiel pour les ressortissants étrangers

La décision confirme un principe fondamental d’équité administrative.

Un ressortissant étranger qui présente sa demande dans les délais et accomplit les formalités requises ne doit pas supporter les conséquences d’un retard imputable aux autorités.

L’absence de délai impératif ne confère pas à l’administration une liberté illimitée.

Les autorités publiques doivent agir de bonne foi et ne peuvent pas utiliser les effets de leur propre inertie pour refuser un droit.

En matière d’immigration, le temps n’est pas une question secondaire. Les retards peuvent compromettre l’emploi, la régularité du séjour et la continuité du parcours personnel de l’intéressé.

Le jugement affirme clairement que le temps administratif ne peut pas être géré de manière à neutraliser le droit que la procédure devait précisément protéger.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

August 12, 2026 at 12:00AM Signalement SIS : quand empêche-t-il un titre de séjour ? Signalement SIS : quand empêche-t-il un titre de séjour ? Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l'Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo. Une décision publiée le 1er juillet 2026 confirme qu'un signalement SIS aux fins de non-admission peut empêcher la délivrance d'un titre de séjour en Italie. Une exception n'est possible qu'en présence de motifs humanitaires sérieux ou d'obligations internationales. https://www.youtube.com/watch?v=YLDvhCE4k9Y https://www.youtube.com/watch/YLDvhCE4k9Y

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Signalement SIS : quand empêche-t-il un titre de séjour ?

Signalement SIS : quand empêche-t-il un titre de séjour ? by Avv. Fabio Loscerbo
Signalement SIS : quand empêche-t-il un titre de séjour ? Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l'Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo. Une décision publiée le 1er juillet 2026 confirme qu'un signalement SIS aux fins de non-admission peut empêcher la délivrance d'un titre de séjour en Italie. Une exception n'est possible qu'en présence de motifs humanitaires sérieux ou d'obligations internationales.
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Italy: Court Upholds Closure of Residence Permit Renewal After Four Missed Appointments https://ift.tt/SVZMYPo Avv. Fabio Loscerbo Italy: Court Upholds Closure of Residence Permit Renewal After Four Missed Appointments An Italian administrative court has upheld the closure of a residence permit renewal procedure after the applicant failed to attend four separate appointments for identification and fingerprinting. In judgment no. 1315 of 10 July 2026, the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna rejected the appeal brought by a Moroccan national against the Bologna Police Headquarters’ decision to close his application for the renewal of a residence permit for subordinate employment. The ruling draws a clear line between the rights of foreign nationals in immigration procedures and their duty to cooperate with the authorities. According to the court, an applicant cannot expect a procedure to remain open indefinitely when repeated official appointments are ignored without explanation. Four appointments were missed The applicant had submitted his renewal request through the postal kit procedure. He was first called to the Immigration Office in Bologna on 18 June 2024 for identification and fingerprinting. After he failed to attend, the authorities scheduled three further appointments: 6 August 2024, 18 September 2024 and 21 January 2026. The applicant did not appear on any of those dates. The Police Headquarters therefore decided to close the case, stating that the procedure could not be postponed indefinitely and that the absence of identification made it impossible to continue processing the application. The applicant challenged the decision, arguing that closure was disproportionate and that a new appointment could still have been arranged. He also claimed that he had not received a formal prior notice of refusal and asked the authorities to take account of his personal and family circumstances. The court rejected those arguments. Fingerprinting is not a minor formality The judgment emphasises that identification and fingerprinting are essential stages in residence permit procedures. Submitting a postal application is only the first step. The foreign national must later appear in person so that the authorities can verify identity, collect biometric data and carry out the checks required for the electronic permit. Without the applicant’s presence, the procedure cannot be completed. A single missed appointment may be explained by illness, a communication error or another temporary difficulty. In this case, however, the applicant missed four appointments over a period of approximately eighteen months and gave no valid reason for his absence. For the court, this was no longer a minor procedural irregularity. It amounted to a prolonged failure to cooperate. The decision was considered proportionate The applicant argued that closing the file was too severe because the authorities could simply have arranged another appointment. The court noted, however, that this had already happened three times. After the first absence, the Police Headquarters did not immediately reject the application. It repeatedly rescheduled the appointment, giving the applicant several further opportunities to complete the required formalities. The final decision was therefore considered proportionate. The principle of proportionality requires public authorities to choose measures that are suitable and not excessively burdensome. It does not, however, require them to repeat the same administrative step without limit when the person concerned remains inactive. According to the judgment, the authorities had already used the less restrictive solution several times before deciding to close the case. The procedure could not remain open forever The court also relied on the general duty of public authorities to bring administrative procedures to a conclusion. Under Italian administrative law, an authority must adopt an express decision rather than leave an application pending indefinitely. Where a request becomes impossible to process because an essential requirement is missing, the administration may close the procedure through a simplified decision. In this case, the missing element was not merely a document. It was the applicant’s personal appearance, which was necessary to confirm his identity and take fingerprints. The Police Headquarters was therefore entitled to conclude that the case could no longer be processed. No special requirement for personal service The applicant also argued that only a notice personally delivered into his hands could guarantee actual knowledge of the appointments. The court rejected this argument because no legal rule requires summonses for fingerprinting to be served personally. In the absence of a specific exception, ordinary rules on administrative communications apply. The applicant did not prove that the notices had been sent to the wrong address or that he had not received them. The challenge concerned only the method of communication. The court therefore considered all four appointments to have been properly notified. The repeated appointments were enough to ensure participation Another issue concerned the lack of a formal prior notice before the file was closed. The court held that the four summonses had already provided the applicant with sufficient opportunities to participate in the procedure. A fingerprinting appointment is not exactly the same as a formal notice of refusal. However, in the circumstances of the case, the court adopted a practical approach. The applicant had been repeatedly invited to complete the essential step required for the renewal. He had ignored all four invitations and had never contacted the authorities to explain his absence or request a postponement. For this reason, the court concluded that the authorities had already exhausted every reasonable form of dialogue with him. Cooperation and good faith apply to foreign nationals too One of the most important parts of the judgment concerns the principles of cooperation and good faith. Italian administrative law provides that relations between individuals and public authorities must be based on cooperation and good faith. The court stated that this principle also applies to foreign nationals requesting residence documents. The rule works in both directions. Authorities must act correctly, provide clear information, properly notify appointments and consider genuine difficulties. At the same time, applicants must keep their contact details updated, attend scheduled appointments, communicate any obstacles and provide the information needed to complete the procedure. In this case, the court found that the applicant had failed to meet that duty of cooperation. Personal and family circumstances were not enough The applicant asked the court to consider that he had lived in Italy for years, was a father and had found a new employment opportunity after a period of unemployment. The court did not consider those factors sufficient to overcome the procedural problem. Employment, family ties and social integration may be relevant when the authorities assess whether the substantive requirements for renewal are satisfied. They do not, however, eliminate the need for personal identification. The administration cannot properly examine the merits of an application when the applicant repeatedly fails to complete an essential step in the procedure. The ruling does not mean that personal circumstances are always irrelevant. They could be important where an appointment is missed because of illness, a serious family emergency or a genuine notification problem. No such explanation was provided in this case. A warning for residence permit applicants The judgment sends a direct message to foreign nationals involved in residence permit procedures. Rights must be protected, but applicants must also actively cooperate. A single missed appointment should not automatically lead to the loss of a residence procedure. Repeated absences without explanation, however, can justify closure of the file. Anyone unable to attend an appointment should immediately contact the Immigration Office, explain the reason and provide supporting evidence where possible. Remaining silent is the worst option. The ruling confirms that immigration procedures cannot be managed as if the entire burden rested on the administration. The authorities must respect legal guarantees, but applicants must also do what is necessary to allow the procedure to continue. Avv. Fabio Loscerbo ORCID: https://ift.tt/s0hbeJk

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Italy: Court Upholds Closure of Residence Permit Renewal After Four Missed Appointments

An Italian administrative court has upheld the closure of a residence permit renewal procedure after the applicant failed to attend four separate appointments for identification and fingerprinting.

In judgment no. 1315 of 10 July 2026, the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna rejected the appeal brought by a Moroccan national against the Bologna Police Headquarters’ decision to close his application for the renewal of a residence permit for subordinate employment.

The ruling draws a clear line between the rights of foreign nationals in immigration procedures and their duty to cooperate with the authorities. According to the court, an applicant cannot expect a procedure to remain open indefinitely when repeated official appointments are ignored without explanation.

Four appointments were missed

The applicant had submitted his renewal request through the postal kit procedure.

He was first called to the Immigration Office in Bologna on 18 June 2024 for identification and fingerprinting. After he failed to attend, the authorities scheduled three further appointments: 6 August 2024, 18 September 2024 and 21 January 2026.

The applicant did not appear on any of those dates.

The Police Headquarters therefore decided to close the case, stating that the procedure could not be postponed indefinitely and that the absence of identification made it impossible to continue processing the application.

The applicant challenged the decision, arguing that closure was disproportionate and that a new appointment could still have been arranged. He also claimed that he had not received a formal prior notice of refusal and asked the authorities to take account of his personal and family circumstances.

The court rejected those arguments.

Fingerprinting is not a minor formality

The judgment emphasises that identification and fingerprinting are essential stages in residence permit procedures.

Submitting a postal application is only the first step. The foreign national must later appear in person so that the authorities can verify identity, collect biometric data and carry out the checks required for the electronic permit.

Without the applicant’s presence, the procedure cannot be completed.

A single missed appointment may be explained by illness, a communication error or another temporary difficulty. In this case, however, the applicant missed four appointments over a period of approximately eighteen months and gave no valid reason for his absence.

For the court, this was no longer a minor procedural irregularity. It amounted to a prolonged failure to cooperate.

The decision was considered proportionate

The applicant argued that closing the file was too severe because the authorities could simply have arranged another appointment.

The court noted, however, that this had already happened three times.

After the first absence, the Police Headquarters did not immediately reject the application. It repeatedly rescheduled the appointment, giving the applicant several further opportunities to complete the required formalities.

The final decision was therefore considered proportionate.

The principle of proportionality requires public authorities to choose measures that are suitable and not excessively burdensome. It does not, however, require them to repeat the same administrative step without limit when the person concerned remains inactive.

According to the judgment, the authorities had already used the less restrictive solution several times before deciding to close the case.

The procedure could not remain open forever

The court also relied on the general duty of public authorities to bring administrative procedures to a conclusion.

Under Italian administrative law, an authority must adopt an express decision rather than leave an application pending indefinitely.

Where a request becomes impossible to process because an essential requirement is missing, the administration may close the procedure through a simplified decision.

In this case, the missing element was not merely a document. It was the applicant’s personal appearance, which was necessary to confirm his identity and take fingerprints.

The Police Headquarters was therefore entitled to conclude that the case could no longer be processed.

No special requirement for personal service

The applicant also argued that only a notice personally delivered into his hands could guarantee actual knowledge of the appointments.

The court rejected this argument because no legal rule requires summonses for fingerprinting to be served personally.

In the absence of a specific exception, ordinary rules on administrative communications apply.

The applicant did not prove that the notices had been sent to the wrong address or that he had not received them. The challenge concerned only the method of communication.

The court therefore considered all four appointments to have been properly notified.

The repeated appointments were enough to ensure participation

Another issue concerned the lack of a formal prior notice before the file was closed.

The court held that the four summonses had already provided the applicant with sufficient opportunities to participate in the procedure.

A fingerprinting appointment is not exactly the same as a formal notice of refusal. However, in the circumstances of the case, the court adopted a practical approach.

The applicant had been repeatedly invited to complete the essential step required for the renewal. He had ignored all four invitations and had never contacted the authorities to explain his absence or request a postponement.

For this reason, the court concluded that the authorities had already exhausted every reasonable form of dialogue with him.

Cooperation and good faith apply to foreign nationals too

One of the most important parts of the judgment concerns the principles of cooperation and good faith.

Italian administrative law provides that relations between individuals and public authorities must be based on cooperation and good faith.

The court stated that this principle also applies to foreign nationals requesting residence documents.

The rule works in both directions.

Authorities must act correctly, provide clear information, properly notify appointments and consider genuine difficulties. At the same time, applicants must keep their contact details updated, attend scheduled appointments, communicate any obstacles and provide the information needed to complete the procedure.

In this case, the court found that the applicant had failed to meet that duty of cooperation.

Personal and family circumstances were not enough

The applicant asked the court to consider that he had lived in Italy for years, was a father and had found a new employment opportunity after a period of unemployment.

The court did not consider those factors sufficient to overcome the procedural problem.

Employment, family ties and social integration may be relevant when the authorities assess whether the substantive requirements for renewal are satisfied. They do not, however, eliminate the need for personal identification.

The administration cannot properly examine the merits of an application when the applicant repeatedly fails to complete an essential step in the procedure.

The ruling does not mean that personal circumstances are always irrelevant. They could be important where an appointment is missed because of illness, a serious family emergency or a genuine notification problem.

No such explanation was provided in this case.

A warning for residence permit applicants

The judgment sends a direct message to foreign nationals involved in residence permit procedures.

Rights must be protected, but applicants must also actively cooperate.

A single missed appointment should not automatically lead to the loss of a residence procedure. Repeated absences without explanation, however, can justify closure of the file.

Anyone unable to attend an appointment should immediately contact the Immigration Office, explain the reason and provide supporting evidence where possible.

Remaining silent is the worst option.

The ruling confirms that immigration procedures cannot be managed as if the entire burden rested on the administration. The authorities must respect legal guarantees, but applicants must also do what is necessary to allow the procedure to continue.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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إشارة SIS: متى تمنع الحصول على تصريح الإقامة؟ مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. نتناول اليوم الآثار القانونية للإشارة المسجلة في نظام معلومات شنغن، المعروف باسم SIS، على إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا، من خلال حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا، نُشر في الأول من يوليو/تموز 2026، في الدعوى المقيدة برقم السجل العام 813 لسنة 2022. تتعلق القضية بمواطن أجنبي تقدم بطلب لتسوية وضعه القانوني في إطار برنامج تقنين العمل غير النظامي في إيطاليا. إلا أن مديرية شرطة مودينا رفضت الطلب بسبب وجود إشارة SIS صادرة عن السلطات الفرنسية تمنع دخوله إلى فضاء شنغن. واحتج مقدم الطلب بأن السلطات الإيطالية كان ينبغي أن تقيّم ظروفه الشخصية بدلًا من الاعتماد تلقائيًا على الإشارة الصادرة من دولة أخرى. رفضت المحكمة الطعن وأكدت مبدأً قانونيًا بالغ الأهمية. فوفقًا للقضاة، فإن الإشارة المسجلة في نظام SIS لأغراض عدم السماح بالدخول تُعد، كقاعدة عامة، مانعًا قانونيًا لإصدار تصريح الإقامة. ولذلك، فإن قرار مديرية الشرطة يُعتبر قرارًا ملزمًا لا يترك للإدارة سلطة تقديرية. كما أن السلطات الإيطالية ليست ملزمة بإعادة تقييم مدى خطورة الشخص أو مراجعة مشروعية الإشارة التي أصدرتها الدولة الأجنبية. ومع ذلك، يوضح الحكم وجود استثناء مهم في القانون الأوروبي. إذ يجوز لإحدى الدول إصدار تصريح إقامة رغم وجود إشارة SIS، ولكن فقط إذا توفرت أسباب جدية، ولا سيما لأسباب إنسانية أو تنفيذًا لالتزامات دولية. وفي هذه الحالة، يجب أولًا إجراء مشاورات رسمية مع الدولة التي أدرجت الإشارة في نظام شنغن. ويؤكد هذا الحكم مبدأً راسخًا في قانون الهجرة: فإشارة SIS ليست مجرد معلومة إدارية، بل تترتب عليها آثار قانونية مباشرة قد تمنع إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا. ولا يمكن تجاوز هذا المانع إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون صراحة. شكرًا لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو، وألقاكم في الحلقة القادمة لمناقشة أحدث الأحكام القضائية والتطورات التشريعية وأهم قضايا قانون الهجرة في إيطاليا. إشارة SIS: متى تمنع الحصول على تصريح الإقامة؟ مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. نتناول اليوم الآثار القانونية للإشارة المسجلة في نظام معلومات شنغن، المعروف باسم SIS، على إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا، من خلال حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا، نُشر في الأول من يوليو/تموز 2026، في الدعوى المقيدة برقم السجل العام 813 لسنة 2022. تتعلق القضية بمواطن أجنبي تقدم بطلب لتسوية وضعه القانوني في إطار برنامج تقنين العمل غير النظامي في إيطاليا. إلا أن مديرية شرطة مودينا رفضت الطلب بسبب وجود إشارة SIS صادرة عن السلطات الفرنسية تمنع دخوله إلى فضاء شنغن. واحتج مقدم الطلب بأن السلطات الإيطالية كان ينبغي أن تقيّم ظروفه الشخصية بدلًا من الاعتماد تلقائيًا على الإشارة الصادرة من دولة أخرى. رفضت المحكمة الطعن وأكدت مبدأً قانونيًا بالغ الأهمية. فوفقًا للقضاة، فإن الإشارة المسجلة في نظام SIS لأغراض عدم السماح بالدخول تُعد، كقاعدة عامة، مانعًا قانونيًا لإصدار تصريح الإقامة. ولذلك، فإن قرار مديرية الشرطة يُعتبر قرارًا ملزمًا لا يترك للإدارة سلطة تقديرية. كما أن السلطات الإيطالية ليست ملزمة بإعادة تقييم مدى خطورة الشخص أو مراجعة مشروعية الإشارة التي أصدرتها الدولة الأجنبية. ومع ذلك، يوضح الحكم وجود استثناء مهم في القانون الأوروبي. إذ يجوز لإحدى الدول إصدار تصريح إقامة رغم وجود إشارة SIS، ولكن فقط إذا توفرت أسباب جدية، ولا سيما لأسباب إنسانية أو تنفيذًا لالتزامات دولية. وفي هذه الحالة، يجب أولًا إجراء مشاورات رسمية مع الدولة التي أدرجت الإشارة في نظام شنغن. ويؤكد هذا الحكم مبدأً راسخًا في قانون الهجرة: فإشارة SIS ليست مجرد معلومة إدارية، بل تترتب عليها آثار قانونية مباشرة قد تمنع إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا. ولا يمكن تجاوز هذا المانع إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون صراحة. شكرًا لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو، وألقاكم في الحلقة القادمة لمناقشة أحدث الأحكام القضائية والتطورات التشريعية وأهم قضايا قانون الهجرة في إيطاليا. https://ift.tt/EMfVDW5 https://p16-common-sign.tiktokcdn-eu.com/tos-no1a-p-0037-no/oweE7q8TLDNs5IoZ7kFBAeIErAp2Aj9fEAFUAm~tplv-tiktokx-cropcenter-q:300:400:q70.jpeg?dr=9232&refresh_token=feb57a0e&x-expires=1786564800&x-signature=6%2FASMqnMlgPVlAnzfBC1xAprUm8%3D&t=bacd0480&ps=933b5bde&shp=d05b14bd&shcp=8aecc5ac&idc=no1a&biz_tag=tt_video&s=TIKTOK_FOR_DEVELOPER&sc=cover

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La segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen come causa ostativa alla regolarizzazione

Automatismo del diniego, motivi seri e limiti della valutazione dello Stato italiano

Nota a TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 1° luglio 2026, n. 1265

Abstract

Con la sentenza 1° luglio 2026, n. 1265, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso proposto contro il diniego di un’istanza di emersione del lavoro irregolare, adottato dalla Questura di Modena in ragione dell’esistenza di una segnalazione inserita dalla Francia nel Sistema d’informazione Schengen ai fini della non ammissione.

Il TAR ha qualificato la segnalazione come causa ostativa de iure alla regolarizzazione prevista dall’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ritenendo il provvedimento questorile vincolato e adeguatamente motivato mediante il richiamo all’allerta proveniente dall’altro Stato Schengen. Secondo la pronuncia, l’Amministrazione italiana non è tenuta né a rivalutare la concreta pericolosità dello straniero né a sindacare la legittimità dell’atto estero. Il rilascio di un titolo nonostante la segnalazione sarebbe possibile soltanto in presenza di motivi seri, in particolare umanitari o derivanti da obblighi internazionali, e previa consultazione dello Stato segnalante.

La decisione offre l’occasione per esaminare la forza ostativa delle segnalazioni SIS, il principio di reciproco riconoscimento tra gli Stati dell’area Schengen, la distinzione tra ingresso e soggiorno, nonché gli spazi residui per una valutazione individualizzata della posizione dello straniero.

1. La vicenda sottoposta al TAR Emilia-Romagna

La controversia traeva origine dal rigetto di un’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata nell’ambito della procedura disciplinata dall’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020.

La Questura di Modena aveva respinto la domanda con provvedimento del 14 maggio 2022, notificato il 17 settembre successivo, disponendo anche l’immediato ritiro della ricevuta postale collegata alla pratica.

Alla base del diniego vi era una segnalazione inserita dalla Francia nel Sistema d’informazione Schengen il 19 marzo 2021. La segnalazione risultava confermata dall’autorità straniera competente ed era finalizzata alla non ammissione dell’interessato nell’area Schengen.

Il ricorrente sosteneva che l’allerta fosse collegata a una mera irregolarità amministrativa per ingresso illegale in Francia. Contestava quindi l’automatismo applicato dalla Questura e lamentava l’assenza di un’autonoma istruttoria sulla propria situazione personale, sui requisiti richiesti per l’emersione e sull’eventuale esistenza di motivi seri idonei a consentire il rilascio del titolo nonostante la segnalazione.

Il TAR ha respinto il ricorso, affermando che la segnalazione ai fini della non ammissione integrava una causa ostativa direttamente prevista dalla disciplina speciale dell’emersione. Il diniego costituiva pertanto un atto vincolato, per la cui motivazione era sufficiente il riferimento alla segnalazione adottata dall’altro Stato dell’area Schengen.

2. Il Sistema d’informazione Schengen e la circolazione delle informazioni tra Stati

Il Sistema d’informazione Schengen costituisce uno degli strumenti centrali della cooperazione europea in materia di controllo delle frontiere, immigrazione e sicurezza.

Attraverso il SIS, le autorità nazionali inseriscono e consultano segnalazioni riguardanti persone o beni. Tra queste assumono particolare importanza le segnalazioni relative ai cittadini di Paesi terzi destinatari di un provvedimento di rimpatrio o di un divieto di ingresso e soggiorno.

La funzione del sistema è eminentemente sovranazionale. La segnalazione inserita da uno Stato non rimane confinata nel relativo ordinamento, ma produce effetti nell’intera area Schengen, secondo le condizioni previste dal diritto dell’Unione e dalle disposizioni nazionali di attuazione.

Tale meccanismo si fonda sulla fiducia reciproca tra gli Stati partecipanti. L’autorità italiana che consulta una segnalazione francese, tedesca o spagnola non è normalmente chiamata a riesaminare nel merito il provvedimento che ne costituisce il presupposto. Deve attribuire all’allerta gli effetti previsti dall’ordinamento comune, salvo l’attivazione delle procedure di consultazione e rettifica espressamente disciplinate.

La sentenza in commento applica rigorosamente questa impostazione, escludendo che la Questura italiana potesse sindacare la correttezza dell’atto francese o sostituire alla valutazione dello Stato segnalante una propria autonoma ricostruzione dei fatti.

3. La disciplina speciale dell’emersione del 2020

Il punto decisivo della pronuncia è rappresentato dall’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La disposizione escludeva dalla procedura di emersione gli stranieri che risultassero segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali vigenti per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

La norma configurava dunque un requisito negativo espresso. La mancanza di una segnalazione Schengen non costituiva un elemento secondario della procedura, ma una condizione necessaria per l’accesso alla regolarizzazione.

In questa prospettiva, il TAR ritiene che l’Amministrazione non disponesse di un ordinario potere di ponderazione. Una volta verificata l’esistenza e l’attualità della segnalazione, la domanda non poteva essere accolta, salvo l’emersione di una delle eccezioni previste dal sistema Schengen.

La specialità della disciplina dell’emersione rafforza l’automatismo. Non si trattava di una normale domanda di rinnovo di un permesso già posseduto, nella quale potrebbero assumere rilievo la durata del soggiorno, i legami familiari o l’inserimento sociale. Si trattava dell’accesso a una procedura eccezionale di regolarizzazione, subordinata al rispetto di condizioni tassativamente indicate dal legislatore.

4. Il rapporto con gli artt. 4 e 5 del Testo unico sull’immigrazione

La sentenza richiama anche gli artt. 4, comma 6, e 5, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

L’art. 4, comma 6, impedisce l’ingresso agli stranieri segnalati ai fini del respingimento o della non ammissione, sulla base di accordi o convenzioni internazionali vigenti per l’Italia, per gravi motivi di ordine pubblico, sicurezza nazionale o tutela delle relazioni internazionali.

L’art. 5, comma 6, consente inoltre il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno sulla base di accordi internazionali quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.

Queste disposizioni dimostrano che la rilevanza della segnalazione Schengen non è limitata al momento materiale dell’attraversamento della frontiera. Essa può incidere anche sul rilascio o sul mantenimento di un titolo di soggiorno nello Stato italiano.

Occorre tuttavia distinguere i diversi piani.

La non ammissione concerne anzitutto l’ingresso nell’area Schengen. Il rilascio di un permesso a uno straniero già presente pone invece un problema ulteriore: quello della possibilità per uno Stato membro di riconoscere un diritto di soggiorno nonostante l’esistenza di un’allerta inserita da un altro Stato.

È precisamente in questo secondo ambito che assumono rilievo i motivi seri e la procedura di consultazione tra autorità nazionali.

5. La natura vincolata del diniego

Il TAR qualifica il provvedimento questorile come atto vincolato.

La qualificazione produce conseguenze rilevanti sul piano dell’istruttoria e della motivazione. Quando la legge attribuisce a un determinato fatto un effetto ostativo automatico, l’Amministrazione deve verificare essenzialmente:

1. l’identità tra il richiedente e il soggetto segnalato;

2. l’esistenza della segnalazione;

3. la sua attualità;

4. la finalità dell’allerta;

5. l’eventuale presenza di eccezioni giuridicamente rilevanti.

Una volta accertati tali elementi, non sarebbe necessaria una nuova valutazione della pericolosità sociale dello straniero.

Secondo la sentenza, la motivazione può dunque essere costruita mediante il richiamo alla segnalazione e alla norma che le attribuisce efficacia ostativa. Non è richiesto che la Questura ricostruisca autonomamente i fatti avvenuti in Francia o dimostri che lo straniero rappresenti, nel momento attuale, una minaccia concreta per l’ordine pubblico.

Il punto merita attenzione. La segnalazione ai fini della non ammissione non coincide necessariamente con un giudizio di pericolosità criminale. Può derivare da un provvedimento di rimpatrio o da una violazione della normativa sull’ingresso e sul soggiorno.

L’automatismo non è quindi fondato sempre e soltanto sulla pericolosità personale, ma sull’esistenza di una decisione adottata da uno Stato Schengen alla quale l’ordinamento comune riconosce effetti transnazionali.

6. L’assenza di un potere italiano di riesame dell’atto straniero

Uno dei profili più netti della decisione riguarda l’impossibilità per la Questura italiana di vagliare la legittimità e la correttezza della segnalazione francese.

Il principio è coerente con la struttura del sistema.

Lo Stato che utilizza l’informazione non è competente a modificare o cancellare unilateralmente una segnalazione inserita da un’altra autorità nazionale. La responsabilità dell’esattezza, dell’aggiornamento e della legittimità dei dati grava anzitutto sullo Stato segnalante.

L’interessato che ritenga l’allerta illegittima, inesatta o non più attuale deve attivare gli strumenti di accesso, rettifica o cancellazione previsti dall’ordinamento europeo e nazionale, rivolgendosi alle autorità competenti e, se necessario, agli organi giurisdizionali o alle autorità di protezione dei dati.

L’Amministrazione italiana deve comunque verificare che la segnalazione sia effettivamente esistente e operativa. Non può però svolgere un sindacato sostitutivo sul provvedimento francese.

Questa distinzione è essenziale. Il riconoscimento dell’efficacia dell’allerta non significa che essa sia sottratta a ogni controllo giurisdizionale. Significa che il controllo deve essere esercitato attraverso i rimedi e davanti alle autorità competenti rispetto allo Stato che ha inserito la segnalazione.

7. I “motivi seri” e la procedura di consultazione

L’automatismo non è assoluto.

La sentenza ricorda che lo Stato che intenda rilasciare un permesso nonostante la segnalazione può farlo soltanto in presenza di motivi seri, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi internazionali.

La deroga presuppone ragioni oggettivamente rilevanti, non una generica convenienza amministrativa né la semplice aspirazione dello straniero a ottenere la regolarizzazione.

Possono venire in considerazione, in astratto, obblighi connessi alla tutela della vita privata e familiare, al divieto di respingimento verso un Paese nel quale sussista un rischio di persecuzione o trattamento inumano, alla protezione della salute in situazioni eccezionali o ad altri vincoli derivanti dal diritto internazionale e dell’Unione.

La presenza di tali ragioni non consente allo Stato italiano di ignorare unilateralmente la segnalazione. Impone l’attivazione di una procedura di consultazione con lo Stato segnalante.

La consultazione serve a coordinare due esigenze potenzialmente contrapposte: da un lato, l’efficacia transnazionale del provvedimento di non ammissione; dall’altro, l’eventuale obbligo dello Stato ospitante di riconoscere un titolo di soggiorno per ragioni superiori.

La sentenza ritiene che, nel caso concreto, non fossero stati rappresentati motivi seri di tale consistenza. Ne consegue la legittimità del diniego senza attivazione della procedura derogatoria.

8. Il problema della valutazione individualizzata

Il ricorrente lamentava che la Questura non avesse valutato la sua concreta situazione personale e i requisiti sostanziali posseduti per l’emersione.

Il TAR considera tali elementi recessivi rispetto alla causa ostativa.

La conclusione è coerente con la struttura della procedura speciale, ma pone un problema generale: fino a che punto un dato inserito nel SIS può sostituire la valutazione individualizzata richiesta dai principi di proporzionalità e buona amministrazione?

Occorre distinguere due situazioni.

Quando la norma nazionale qualifica espressamente la segnalazione come causa di esclusione da una procedura eccezionale, lo spazio per il bilanciamento è ridotto. La verifica individualizzata si concentra sulla corretta identificazione, sull’attualità dell’allerta e sull’eventuale presenza dei motivi seri derogatori.

Diverso sarebbe il caso in cui l’Amministrazione utilizzasse la segnalazione come indice generico di pericolosità in un procedimento che richieda espressamente una valutazione concreta e attuale della condotta dello straniero.

La sentenza non afferma che ogni segnalazione SIS autorizzi sempre e comunque qualsiasi diniego. Stabilisce che, nella specifica disciplina dell’emersione del 2020, la segnalazione ai fini della non ammissione costituiva un requisito ostativo previsto direttamente dalla legge.

9. Segnalazione Schengen e mera irregolarità amministrativa

La difesa del ricorrente sottolineava che la segnalazione derivava da un ingresso irregolare in Francia e non da una condanna penale o da una concreta minaccia per la sicurezza.

Il TAR non attribuisce a tale distinzione efficacia decisiva.

La ragione è che l’effetto ostativo dipende dalla qualificazione giuridica della segnalazione, non necessariamente dalla natura penale dei fatti che l’hanno originata.

Se l’autorità francese ha adottato un provvedimento rilevante ai fini della non ammissione e ha inserito validamente l’allerta nel SIS, gli altri Stati devono riconoscerne gli effetti fino alla sua cancellazione o modifica.

Ciò può apparire particolarmente gravoso quando la segnalazione trae origine da una violazione amministrativa. Tuttavia, la soluzione non consiste nel consentire a ogni Stato di disapplicare autonomamente l’allerta. Consiste nel garantire rimedi effettivi per verificarne la proporzionalità, la durata, l’esattezza e la persistente necessità davanti all’autorità competente.

Sul piano difensivo, diventa quindi fondamentale acquisire informazioni complete sul contenuto della segnalazione, sul provvedimento che ne costituisce il presupposto, sulla data di scadenza e sulle possibilità di cancellazione anticipata.

10. I limiti della motivazione per relationem

Il TAR considera sufficiente la motivazione costruita mediante il richiamo alla segnalazione proveniente dalla Francia.

La motivazione per relationem è ammissibile quando l’atto richiamato sia identificabile e il destinatario sia posto nella condizione di comprenderne la rilevanza.

In materia SIS, tuttavia, possono sorgere criticità specifiche. Le informazioni trasmesse all’interessato sono spesso limitate per ragioni di sicurezza o per la complessità della cooperazione tra autorità nazionali.

Una motivazione realmente comprensibile dovrebbe indicare almeno:

• lo Stato che ha inserito la segnalazione;

• la data dell’inserimento;

• la finalità dell’allerta;

• l’avvenuta verifica della sua attualità;

• la norma nazionale che le attribuisce efficacia ostativa;

• l’assenza, nel caso concreto, di motivi seri idonei a giustificare la deroga.

Nel caso esaminato, la relazione della Questura aveva precisato che la segnalazione francese era stata confermata dall’autorità estera collegata. Tale elemento rafforzava l’istruttoria e consentiva al TAR di escludere che il diniego fosse fondato su un dato non verificato.

11. Il rilievo della giurisprudenza richiamata

La sentenza si inserisce in un orientamento consolidato.

Il TAR richiama, tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 ottobre 2021, n. 6901, nonché precedenti dei TAR concernenti l’efficacia ostativa delle segnalazioni Schengen nelle procedure di emersione e rilascio del titolo.

Viene inoltre richiamata Consiglio di Stato, Sez. III, 8 luglio 2015, n. 3427, in relazione alla necessità che il rilascio del permesso nonostante la segnalazione sia giustificato da motivi seri e preceduto dalla consultazione dello Stato segnalante.

La continuità giurisprudenziale conferma due principi.

Il primo è che l’Amministrazione nazionale non può ignorare l’allerta né riesaminare liberamente il provvedimento straniero.

Il secondo è che l’esistenza della segnalazione non impedisce in senso assoluto ogni forma di soggiorno, ma rende necessario un percorso eccezionale, sostenuto da ragioni qualificate e coordinato con lo Stato che ha inserito l’allerta.

12. Profili critici della decisione

La soluzione adottata dal TAR è coerente con la disciplina speciale dell’emersione, ma lascia aperte alcune questioni.

In primo luogo, la sentenza utilizza formulazioni molto ampie, definendo la segnalazione come automaticamente preclusiva e il potere della Questura come privo di discrezionalità. Tale impostazione deve essere circoscritta alla specifica fattispecie normativa.

Non tutte le segnalazioni SIS hanno lo stesso contenuto e non tutti i procedimenti amministrativi attribuiscono loro identico valore. È necessario distinguere tra segnalazioni ai fini del rimpatrio, segnalazioni relative al rifiuto di ingresso e soggiorno, mere informazioni operative e altri tipi di allerta.

In secondo luogo, la verifica dell’esistenza di motivi seri non può essere ridotta a una formula astratta. Qualora lo straniero rappresenti legami familiari qualificati, esigenze di tutela dei minori, condizioni di vulnerabilità o obblighi di non respingimento, l’Amministrazione deve esaminarli espressamente e valutare l’attivazione della consultazione.

In terzo luogo, il principio di proporzionalità resta rilevante rispetto alla durata e all’attualità della segnalazione. Un’allerta non può produrre effetti indefiniti indipendentemente dalla persistenza dei presupposti che ne hanno giustificato l’inserimento.

13. Indicazioni operative per la difesa

La pronuncia evidenzia che una difesa limitata a contestare il carattere automatico della segnalazione difficilmente può risultare sufficiente.

Occorre anzitutto acquisire il contenuto dell’allerta e del provvedimento presupposto. È necessario verificare quale Stato abbia inserito la segnalazione, per quale ragione, con quale durata e sulla base di quale decisione.

Deve poi essere valutata la possibilità di ottenere la rettifica o la cancellazione presso lo Stato segnalante, soprattutto quando il provvedimento sia scaduto, revocato, sproporzionato oppure riferito a dati inesatti.

Parallelamente, davanti all’Amministrazione italiana devono essere rappresentati in modo documentato gli eventuali motivi seri: legami familiari, presenza di figli minori, condizioni sanitarie, obblighi internazionali di protezione o altri elementi idonei a imporre l’attivazione della consultazione.

La difesa deve quindi muoversi su due piani coordinati: rimuovere o contestare la segnalazione nello Stato competente e dimostrare, in Italia, l’eventuale esistenza delle condizioni eccezionali che consentono il rilascio del titolo nonostante l’allerta.

14. Considerazioni conclusive

La sentenza n. 1265 del 2026 conferma la particolare forza giuridica delle segnalazioni inserite nel Sistema d’informazione Schengen.

Nell’ambito della procedura di emersione prevista dall’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, la segnalazione ai fini della non ammissione costituiva una causa ostativa espressamente prevista dalla legge. La Questura non era pertanto chiamata a rivalutare la concreta pericolosità del richiedente né a sindacare la legittimità dell’atto adottato dalla Francia.

La decisione non elimina però ogni spazio di tutela.

La segnalazione deve essere effettiva, attuale e riferibile al richiedente. Lo straniero conserva il diritto di accedere ai dati, chiederne la rettifica o la cancellazione e contestare il provvedimento presupposto davanti alle autorità competenti.

Inoltre, la presenza di motivi seri, soprattutto umanitari o derivanti da obblighi internazionali, può imporre allo Stato italiano di valutare il rilascio del titolo e di avviare la consultazione con lo Stato segnalante.

Il nodo centrale consiste quindi nel corretto equilibrio tra fiducia reciproca europea e tutela individuale. Il sistema Schengen non può funzionare se ogni amministrazione nazionale disconosce unilateralmente gli atti degli altri Stati. Allo stesso tempo, il reciproco riconoscimento non può trasformare la segnalazione informatica in un dato incontestabile, sottratto a ogni verifica di esattezza, attualità e proporzionalità.

La segnalazione SIS produce effetti amministrativi particolarmente incisivi. Proprio per questo deve essere accompagnata da rimedi effettivi, informazioni accessibili e una rigorosa valutazione delle eccezioni imposte dai diritti fondamentali e dagli obblighi internazionali.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

 

Italia revoca la autorización de trabajo tras la desaparición del empleador: el tribunal confirma la decisión

Un tribunal administrativo italiano ha confirmado la revocación de una autorización de trabajo concedida en el marco del sistema de cuotas de entrada, después de que el empleador no completara el procedimiento de contratación y acabara siendo ilocalizable.

Mediante la sentencia n.º 1263, de 1 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña rechazó el recurso presentado por un trabajador extranjero contra la decisión de la Prefectura de Rímini de revocar su autorización de trabajo.

El caso pone de manifiesto una debilidad recurrente del sistema migratorio italiano: un trabajador extranjero puede entrar legalmente en Italia con un visado y una autorización de trabajo válidos y, sin embargo, perder posteriormente la posibilidad de regularizar su residencia porque el empleador no cumple las formalidades exigidas.

El empleador nunca se presentó

El trabajador había entrado en Italia en marzo de 2024 tras obtener una autorización para trabajar por cuenta ajena. De acuerdo con la legislación italiana, el empleador y el trabajador debían firmar el contrato de residencia y transmitirlo a la Oficina Única de Inmigración dentro de los quince días siguientes a la entrada en el territorio nacional.

Ese trámite nunca llegó a completarse.

La Prefectura fijó varias citas para concluir el procedimiento, pero el empleador no se presentó y más tarde se volvió ilocalizable.

Según los hechos recogidos en la sentencia, el mismo empleador habría presentado cuarenta y dos solicitudes de autorización de trabajo, pese a no disponer aparentemente de la capacidad económica ni del volumen de negocio necesarios para sostener un número tan elevado de contrataciones.

El trabajador intentó resolver la situación, también con asistencia letrada, y se le indicó la posibilidad de buscar a otro empleador. Sin embargo, no se formalizó ninguna sustitución dentro del plazo considerado admisible por la Administración.

La Prefectura decidió entonces revocar la autorización inicial.

El tribunal: el procedimiento no puede quedar abierto indefinidamente

El tribunal consideró que la Prefectura había actuado conforme a Derecho.

El artículo 22 del Decreto Legislativo italiano n.º 286 de 1998 establece que la autorización de trabajo puede ser revocada cuando el contrato de residencia no se firma y transmite dentro del plazo legal, salvo que el retraso se deba a fuerza mayor o a circunstancias no imputables al trabajador.

Los jueces reconocieron que el empleador había desaparecido, pero entendieron que el procedimiento administrativo no podía mantenerse abierto sin límite a la espera de que el trabajador encontrara un nuevo empleador.

Según el tribunal, la ausencia definitiva del empleador original impedía completar el procedimiento. La revocación debía considerarse, por tanto, una consecuencia obligatoria y no una decisión discrecional de la Administración.

Una interpretación estricta del sistema de cuotas

La sentencia se sitúa dentro de una línea cada vez más rigurosa de la jurisprudencia administrativa italiana.

Según este enfoque, la revocación de la autorización de trabajo no constituye una medida ordinaria de revisión administrativa. Se considera más bien una forma de pérdida o caducidad del beneficio, derivada de la ausencia o desaparición de los requisitos necesarios para completar el procedimiento de entrada y residencia.

Esta calificación tiene importantes consecuencias. Significa que la Administración no está obligada a reconsiderar toda la situación personal del trabajador, como su grado de integración, sus perspectivas laborales, su buena conducta o la ausencia de antecedentes penales, salvo que esos elementos sean expresamente relevantes conforme a la normativa aplicable.

El tribunal también recordó que la autorización puede ser revocada no solo en casos de fraude o falsificación documental, sino también cuando falten los requisitos sustanciales para la entrada del trabajador. Entre ellos se encuentran la capacidad económica del empleador y la existencia real del puesto de trabajo ofrecido.

El trabajador soporta las consecuencias de la conducta del empleador

El caso plantea, sin embargo, una importante cuestión de equidad.

La ley dispone expresamente que la autorización no debería revocarse cuando la falta de formalización del contrato no sea imputable al trabajador. Sin embargo, en muchos casos el trabajador no tiene ningún control real sobre la conducta del empleador.

Un ciudadano extranjero puede haber obtenido un visado, abandonado su país, afrontado gastos importantes y cumplido todas las exigencias administrativas, para descubrir después que el empleador ya no quiere realizar la contratación o que nunca tuvo capacidad real para hacerlo.

Pese a ello, la respuesta administrativa suele trasladar todas las consecuencias al trabajador.

Existe, por tanto, una contradicción evidente: la Administración autoriza la entrada basándose en una oferta de trabajo, pero si el empleador desaparece después, el trabajador puede quedarse sin una vía legal para permanecer en Italia, incluso cuando haya actuado de buena fe.

La cuestión pendiente de la sustitución del empleador

Otro aspecto central es la posibilidad de sustituir al empleador original.

El tribunal consideró que la Prefectura no estaba obligada a mantener abierto el procedimiento hasta que apareciera un nuevo empleador. En el sistema actual, la autorización de trabajo está normalmente vinculada a un empleador concreto, a una oferta determinada y a una cuota específica.

Sin embargo, el caso demuestra la necesidad de reglas más claras.

Cuando el empleador original desaparece, se vuelve insolvente o se descubre que ha presentado solicitudes poco fiables, el trabajador no debería perder automáticamente toda posibilidad de regularización.

Un procedimiento uniforme que permitiera la sustitución del empleador podría proteger a quienes han entrado legalmente y de buena fe, sin debilitar los controles contra los abusos del sistema de cuotas.

Un problema estructural del sistema italiano

La sentencia pone de relieve una debilidad más profunda: los controles esenciales sobre los empleadores se realizan con frecuencia demasiado tarde.

Cuando la Administración comprueba la capacidad económica y la fiabilidad del empleador solo después de que el trabajador haya entrado en Italia, el riesgo del fracaso administrativo acaba siendo trasladado al extranjero.

El trabajador soporta así las consecuencias de controles previos insuficientes, de prácticas de contratación fraudulentas o de la negativa posterior del empleador a completar el procedimiento.

Unos controles más rigurosos antes de expedir el visado y la autorización de trabajo reducirían este tipo de casos. Al mismo tiempo, la legislación debería garantizar una protección efectiva al trabajador que no es responsable del fracaso de la relación laboral.

La lucha contra las solicitudes fraudulentas es necesaria. Pero no debería conducir a sancionar automáticamente a quienes han entrado legalmente en Italia y han confiado en una oferta de trabajo previamente aprobada por las autoridades públicas.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Señalamiento SIS: ¿Cuándo puede impedir la expedición de un permiso de residencia? https://ift.tt/ARmOg8o Avv. Fabio Loscerbo Señalamiento SIS: ¿Cuándo puede impedir la expedición de un permiso de residencia? Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Hoy hablaremos sobre los efectos de un señalamiento en el Sistema de Información de Schengen, conocido como SIS, en la expedición de un permiso de residencia en Italia, analizando una importante sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña, publicada el 1 de julio de 2026, dictada en el procedimiento inscrito con número de registro general 813 del año 2022. El caso se refiere a un ciudadano extranjero que había solicitado la regularización en el marco del procedimiento italiano de regularización del trabajo irregular. Sin embargo, la Jefatura de Policía de Módena rechazó la solicitud porque el interesado figuraba en el Sistema de Información de Schengen con un señalamiento SIS, introducido por las autoridades francesas con fines de no admisión en el espacio Schengen. El solicitante alegó que la Administración italiana debía haber valorado su situación personal en lugar de basarse automáticamente en el señalamiento emitido por otro Estado miembro. El Tribunal desestimó el recurso y reafirmó un principio jurídico de gran importancia. Según los jueces, un señalamiento SIS por no admisión constituye, como regla general, un obstáculo jurídico para la expedición de un permiso de residencia. Por ello, la decisión de la Jefatura de Policía es un acto reglado, que no deja margen de discrecionalidad a la Administración. Las autoridades italianas no están obligadas a realizar una nueva valoración sobre la peligrosidad del interesado ni a revisar la legalidad del señalamiento emitido por el Estado extranjero. La sentencia también recuerda una importante excepción prevista por el Derecho europeo. Un Estado puede decidir conceder un permiso de residencia a pesar de la existencia de un señalamiento SIS, pero únicamente cuando concurran motivos graves, especialmente razones humanitarias o el cumplimiento de obligaciones internacionales. En estos casos, el Estado debe iniciar previamente un procedimiento de consulta con el país que introdujo el señalamiento en el sistema Schengen. Esta decisión confirma un principio ya consolidado en el derecho de inmigración: un señalamiento SIS no es un simple dato administrativo. Produce efectos jurídicos directos y puede impedir la expedición de un permiso de residencia en Italia. Solo en circunstancias excepcionales, expresamente previstas por la ley, es posible superar este obstáculo. Gracias por escuchar este episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo y los espero en el próximo episodio, donde analizaremos nuevas sentencias, novedades legislativas y los principales temas del derecho italiano de inmigración.

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Señalamiento SIS: ¿Cuándo puede impedir la expedición de un permiso de residencia?

Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo.

Hoy hablaremos sobre los efectos de un señalamiento en el Sistema de Información de Schengen, conocido como SIS, en la expedición de un permiso de residencia en Italia, analizando una importante sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña, publicada el 1 de julio de 2026, dictada en el procedimiento inscrito con número de registro general 813 del año 2022.

El caso se refiere a un ciudadano extranjero que había solicitado la regularización en el marco del procedimiento italiano de regularización del trabajo irregular. Sin embargo, la Jefatura de Policía de Módena rechazó la solicitud porque el interesado figuraba en el Sistema de Información de Schengen con un señalamiento SIS, introducido por las autoridades francesas con fines de no admisión en el espacio Schengen. El solicitante alegó que la Administración italiana debía haber valorado su situación personal en lugar de basarse automáticamente en el señalamiento emitido por otro Estado miembro.

El Tribunal desestimó el recurso y reafirmó un principio jurídico de gran importancia.

Según los jueces, un señalamiento SIS por no admisión constituye, como regla general, un obstáculo jurídico para la expedición de un permiso de residencia. Por ello, la decisión de la Jefatura de Policía es un acto reglado, que no deja margen de discrecionalidad a la Administración. Las autoridades italianas no están obligadas a realizar una nueva valoración sobre la peligrosidad del interesado ni a revisar la legalidad del señalamiento emitido por el Estado extranjero.

La sentencia también recuerda una importante excepción prevista por el Derecho europeo. Un Estado puede decidir conceder un permiso de residencia a pesar de la existencia de un señalamiento SIS, pero únicamente cuando concurran motivos graves, especialmente razones humanitarias o el cumplimiento de obligaciones internacionales. En estos casos, el Estado debe iniciar previamente un procedimiento de consulta con el país que introdujo el señalamiento en el sistema Schengen.

Esta decisión confirma un principio ya consolidado en el derecho de inmigración: un señalamiento SIS no es un simple dato administrativo. Produce efectos jurídicos directos y puede impedir la expedición de un permiso de residencia en Italia. Solo en circunstancias excepcionales, expresamente previstas por la ley, es posible superar este obstáculo.

Gracias por escuchar este episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo y los espero en el próximo episodio, donde analizaremos nuevas sentencias, novedades legislativas y los principales temas del derecho italiano de inmigración.

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إشارة SIS: متى تمنع الحصول على تصريح الإقامة؟

إشارة SIS: متى تمنع الحصول على تصريح الإقامة؟ by Avv. Fabio Loscerbo
إشارة SIS: متى تمنع الحصول على تصريح الإقامة؟ مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. نتناول اليوم الآثار القانونية للإشارة المسجلة في نظام معلومات شنغن، المعروف باسم SIS، على إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا، من خلال حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا، نُشر في الأول من يوليو/تموز 2026، في الدعوى المقيدة برقم السجل العام 813 لسنة 2022. تتعلق القضية بمواطن أجنبي تقدم بطلب لتسوية وضعه القانوني في إطار برنامج تقنين العمل غير النظامي في إيطاليا. إلا أن مديرية شرطة مودينا رفضت الطلب بسبب وجود إشارة SIS صادرة عن السلطات الفرنسية تمنع دخوله إلى فضاء شنغن. واحتج مقدم الطلب بأن السلطات الإيطالية كان ينبغي أن تقيّم ظروفه الشخصية بدلًا من الاعتماد تلقائيًا على الإشارة الصادرة من دولة أخرى. رفضت المحكمة الطعن وأكدت مبدأً قانونيًا بالغ الأهمية. فوفقًا للقضاة، فإن الإشارة المسجلة في نظام SIS لأغراض عدم السماح بالدخول تُعد، كقاعدة عامة، مانعًا قانونيًا لإصدار تصريح الإقامة. ولذلك، فإن قرار مديرية الشرطة يُعتبر قرارًا ملزمًا لا يترك للإدارة سلطة تقديرية. كما أن السلطات الإيطالية ليست ملزمة بإعادة تقييم مدى خطورة الشخص أو مراجعة مشروعية الإشارة التي أصدرتها الدولة الأجنبية. ومع ذلك، يوضح الحكم وجود استثناء مهم في القانون الأوروبي. إذ يجوز لإحدى الدول إصدار تصريح إقامة رغم وجود إشارة SIS، ولكن فقط إذا توفرت أسباب جدية، ولا سيما لأسباب إنسانية أو تنفيذًا لالتزامات دولية. وفي هذه الحالة، يجب أولًا إجراء مشاورات رسمية مع الدولة التي أدرجت الإشارة في نظام شنغن. ويؤكد هذا الحكم مبدأً راسخًا في قانون الهجرة: فإشارة SIS ليست مجرد معلومة إدارية، بل تترتب عليها آثار قانونية مباشرة قد تمنع إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا. ولا يمكن تجاوز هذا المانع إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون صراحة. شكرًا لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو، وألقاكم في الحلقة القادمة لمناقشة أحدث الأحكام القضائية والتطورات التشريعية وأهم قضايا قانون الهجرة في إيطاليا.
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=FcIbZJ49hi8

Il dovere di collaborazione dello straniero nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno

Mancata presentazione ai rilievi fotodattiloscopici, archiviazione dell’istanza e principio di buona fede

Nota a TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 10 luglio 2026, n. 1315

Abstract

Con la sentenza 10 luglio 2026, n. 1315, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha ritenuto legittima l’archiviazione di un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, disposta a seguito della mancata presentazione del richiedente a quattro successive convocazioni per l’identificazione e i rilievi fotodattiloscopici.

La decisione attribuisce particolare rilievo ai principi di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono regolare i rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione. Secondo il TAR, la reiterata assenza del richiedente, in mancanza di qualsiasi giustificazione o causa di forza maggiore, impedisce la prosecuzione dell’istruttoria e legittima la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso di archiviazione.

La pronuncia consente di approfondire il rapporto tra obblighi collaborativi dello straniero, proporzionalità dell’azione amministrativa, contraddittorio procedimentale e natura essenziale dell’identificazione fotodattiloscopica nelle procedure relative ai titoli di soggiorno.

1. La vicenda esaminata dal TAR Emilia-Romagna

La controversia riguardava un cittadino marocchino che aveva impugnato il decreto del Questore di Bologna del 17 febbraio 2026, notificato il successivo 19 marzo, con il quale era stata archiviata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La domanda era stata inoltrata mediante kit postale. Il richiedente era stato inizialmente convocato presso l’Ufficio immigrazione della Questura di Bologna per il 18 giugno 2024, ai fini dell’identificazione personale e della sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici.

A seguito della mancata presentazione, la Questura aveva disposto tre ulteriori convocazioni, fissate rispettivamente per il 6 agosto 2024, il 18 settembre 2024 e il 21 gennaio 2026. Anche tali appuntamenti erano rimasti senza esito.

L’Amministrazione aveva pertanto archiviato la pratica, osservando che il procedimento non poteva essere procrastinato indefinitamente e che la mancata identificazione determinava l’assoluta carenza dei presupposti necessari per la lavorazione dell’istanza.

Il ricorrente contestava la proporzionalità della misura, sostenendo che l’assenza agli appuntamenti costituisse un’irregolarità sanabile mediante una nuova convocazione. Deduceva inoltre la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e rappresentava la propria condizione personale e familiare, affermando di avere reperito una nuova possibilità occupazionale dopo un lungo periodo di disoccupazione.

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha valorizzato il numero delle convocazioni, la loro regolare ricezione e l’assenza di qualsiasi ragione giustificativa idonea a spiegare la prolungata inerzia del richiedente.

2. I rilievi fotodattiloscopici nel procedimento relativo al permesso di soggiorno

L’identificazione personale e la sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici non costituiscono un adempimento marginale o meramente burocratico.

Il procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno presuppone la verifica dell’identità del richiedente, la corrispondenza tra la persona fisicamente presente e il titolare della domanda, nonché l’acquisizione degli elementi biometrici necessari per la formazione del titolo elettronico.

La presenza personale dello straniero rappresenta quindi un passaggio indispensabile dell’istruttoria. La domanda presentata mediante kit postale avvia il procedimento, ma non può sostituire le successive operazioni di identificazione riservate all’autorità di pubblica sicurezza.

Quando il richiedente non si presenta, l’Amministrazione non è materialmente in grado di completare l’istruttoria. Non può verificare con certezza l’identità personale, acquisire le impronte digitali e procedere agli ulteriori controlli connessi al rilascio del documento.

La mancata presentazione non determina necessariamente, in occasione della prima convocazione, l’automatica perdita del procedimento. Può dipendere da un errore nella comunicazione, da una temporanea impossibilità, da ragioni di salute o da altre circostanze documentabili.

La valutazione cambia, tuttavia, quando le assenze si ripetono e il richiedente non fornisce alcuna spiegazione.

3. Dalla singola irregolarità alla prolungata inerzia procedimentale

La difesa del ricorrente qualificava la mancata presentazione come una mera irregolarità formale, suscettibile di essere sanata attraverso una nuova convocazione.

Il TAR ha respinto tale impostazione sulla base delle circostanze concrete.

Non si era verificata una sola assenza. Il richiedente non si era presentato a quattro appuntamenti distribuiti lungo un arco temporale di circa un anno e mezzo. L’Amministrazione aveva quindi già adottato più volte la soluzione meno gravosa, procedendo alla ricalendarizzazione dell’incombente anziché archiviare immediatamente la pratica.

La proporzionalità del provvedimento deve essere valutata tenendo conto dell’intera sequenza procedimentale. Considerata isolatamente, la mancata presentazione a un singolo appuntamento potrebbe apparire insufficiente a giustificare la chiusura della pratica. Considerata nel suo complesso, la reiterata assenza priva di giustificazione assume invece il significato di una sostanziale mancata collaborazione.

Il procedimento amministrativo non può rimanere indefinitamente sospeso per effetto dell’inerzia dell’interessato. La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere i procedimenti e di assicurare una gestione ordinata delle pratiche, soprattutto in un settore caratterizzato da un elevato numero di istanze e da rilevanti esigenze di certezza.

La sentenza non afferma dunque che ogni mancata presentazione comporti automaticamente l’archiviazione. Stabilisce piuttosto che la successione di quattro convocazioni rimaste inevase, in assenza di qualsiasi causa giustificativa, rende ragionevole la conclusione negativa del procedimento.

4. Il principio di proporzionalità

Uno dei principali motivi del ricorso riguardava la pretesa sproporzione tra la condotta contestata e la conseguenza amministrativa.

Il principio di proporzionalità impone all’Amministrazione di adottare una misura idonea al perseguimento dello scopo, necessaria e non eccessivamente gravosa rispetto all’interesse pubblico tutelato.

Nel caso esaminato, la Questura non aveva disposto immediatamente l’archiviazione dopo la prima assenza. Aveva riconvocato il richiedente per altre tre volte, offrendo più occasioni per completare l’identificazione.

La progressione degli interventi amministrativi dimostra che la misura finale era stata preceduta da tentativi meno incisivi. La rinnovazione delle convocazioni rappresentava precisamente l’alternativa meno gravosa richiesta dal principio di proporzionalità.

Solo dopo l’ennesima mancata presentazione la Questura aveva ritenuto di non poter ulteriormente procrastinare la definizione del procedimento.

Sotto questo profilo, la decisione del TAR appare coerente. Il principio di proporzionalità non obbliga l’Amministrazione a reiterare senza limiti le convocazioni, soprattutto quando l’interessato non comunica impedimenti, non chiede il rinvio dell’appuntamento e non dimostra alcuna intenzione concreta di collaborare.

La proporzionalità non protegge l’inerzia indefinita. Impone un equilibrio tra la tutela dell’interessato e la necessità che l’attività amministrativa possa pervenire a una conclusione.

5. Il dovere di concludere il procedimento

La Questura aveva richiamato l’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il quale impone alle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

La medesima disposizione consente di adottare un provvedimento in forma semplificata quando l’istanza risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. In tali ipotesi la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto decisivo.

Il TAR ha qualificato come legittima la scelta dell’Amministrazione di formalizzare l’archiviazione, anziché lasciare la domanda in una condizione di sospensione indefinita.

Questo passaggio è rilevante perché distingue la conclusione espressa del procedimento dalla mera inerzia amministrativa.

La Questura non aveva semplicemente omesso di provvedere. Aveva preso atto dell’impossibilità di proseguire l’istruttoria per la mancata identificazione del richiedente e aveva adottato un provvedimento motivato.

La conclusione espressa consente inoltre all’interessato di conoscere le ragioni della decisione e di esercitare la tutela giurisdizionale. Sotto tale profilo, l’archiviazione è maggiormente garantista rispetto al mantenimento sine die della pratica in uno stato di inattività.

6. La collaborazione e la buona fede nei rapporti con l’Amministrazione

Il profilo più innovativo della sentenza è rappresentato dal richiamo all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990.

La disposizione, introdotta dall’art. 12 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

Il TAR precisa che tale principio trova applicazione anche nei confronti dello straniero che richieda il rilascio o il rinnovo di un titolo di soggiorno.

Il riferimento legislativo al “cittadino” non può essere interpretato in senso restrittivo come limitato al cittadino italiano. La regola esprime un principio generale dell’azione amministrativa e riguarda chiunque entri in rapporto con un’amministrazione pubblica, indipendentemente dalla cittadinanza.

La buona fede opera in senso bilaterale.

L’Amministrazione deve agire correttamente, fornire informazioni comprensibili, comunicare le convocazioni con modalità idonee, valutare le giustificazioni e non aggravare inutilmente il procedimento.

Allo stesso tempo, il privato deve collaborare, mantenere aggiornati i propri recapiti, presentarsi agli appuntamenti, comunicare tempestivamente eventuali impedimenti e fornire la documentazione necessaria.

Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto violato proprio tale dovere collaborativo. Il richiedente aveva ricevuto quattro convocazioni ma non si era mai presentato e non aveva allegato alcuna causa di forza maggiore o altra circostanza idonea a giustificare il proprio comportamento.

7. La ricezione delle convocazioni e l’inesistenza di un obbligo di notifica a mani

Nel ricorso era stata prospettata la tesi secondo cui soltanto una notifica eseguita personalmente avrebbe garantito l’effettiva conoscenza della convocazione.

Il TAR ha respinto l’argomento, osservando che non esiste una disposizione che imponga la notifica “a mani” delle convocazioni per i rilievi fotodattiloscopici.

In assenza di una specifica disciplina derogatoria, trovano applicazione le regole ordinarie sulle comunicazioni amministrative.

La decisione assume rilievo pratico. La contestazione della convocazione non può essere fondata sulla semplice pretesa che l’Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare una forma più solenne di comunicazione. Occorre dimostrare che l’avviso non sia stato ricevuto, sia stato inviato a un recapito errato oppure presenti vizi tali da impedirne la conoscibilità.

Nel caso deciso dal TAR, la ricezione delle quattro convocazioni non risultava realmente contestata. Veniva censurata soltanto la modalità della comunicazione, senza indicare una norma che imponesse la consegna personale.

Il giudice ha quindi considerato gli avvisi ritualmente comunicati.

8. Il contraddittorio procedimentale e la pluralità delle convocazioni

Il ricorrente lamentava inoltre la mancata comunicazione di avvio del procedimento o dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Il TAR ha ritenuto infondata la censura, affermando che le quattro convocazioni rimaste inevase avevano assorbito ed esaurito ogni forma plausibile di contraddittorio con l’interessato.

L’affermazione merita attenzione.

La convocazione per il fotosegnalamento non coincide formalmente con il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Essa non contiene necessariamente l’indicazione che la mancata presentazione comporterà l’archiviazione definitiva della domanda.

Il TAR adotta però una lettura sostanzialistica. Ritiene che, dopo quattro inviti regolarmente ricevuti, il richiedente avesse avuto una possibilità più che adeguata di partecipare al procedimento e consentirne la prosecuzione.

L’omissione di un ulteriore preavviso non avrebbe quindi compromesso concretamente il diritto di difesa, poiché l’interessato era stato ripetutamente chiamato a compiere l’adempimento necessario e non aveva mai interloquito con l’Amministrazione.

La conclusione può essere condivisa nel particolare contesto della reiterata inerzia. Deve tuttavia essere applicata con prudenza.

La pluralità delle convocazioni può sostituire il preavviso soltanto quando sia dimostrata la loro regolare ricezione, il contenuto sia sufficientemente chiaro e non emergano circostanze giustificative che avrebbero potuto essere rappresentate mediante un contraddittorio finale.

9. La posizione personale e familiare dello straniero

Il ricorrente aveva richiamato la propria condizione personale, sostenendo di essere padre di famiglia, radicato da anni in Italia e in possesso di una nuova prospettiva occupazionale.

Il TAR non ha attribuito a tali elementi un valore idoneo a superare la mancata collaborazione procedimentale.

La decisione segnala la distinzione tra requisiti sostanziali e adempimenti istruttori.

La disponibilità di un rapporto di lavoro, il radicamento familiare o la permanenza prolungata nel territorio possono assumere rilievo nella valutazione del rinnovo, ma non eliminano la necessità che il richiedente si presenti personalmente per l’identificazione.

L’Amministrazione non può valutare compiutamente i presupposti sostanziali del soggiorno se il procedimento resta incompleto per una condotta imputabile all’interessato.

Ciò non significa che le condizioni personali siano sempre irrilevanti. In presenza di un solo appuntamento mancato, di problemi di salute, di gravi difficoltà familiari o di un errore nella comunicazione, tali elementi potrebbero incidere sulla proporzionalità dell’archiviazione.

Nel caso concreto, tuttavia, il Collegio ha considerato prevalente la protratta inerzia e l’assenza di qualsiasi giustificazione.

10. La durata del procedimento e il passaggio relativo alla permanenza senza titolo

La sentenza attribuisce rilievo anche alla durata complessiva della vicenda.

Il TAR osserva che il precedente permesso per attesa occupazione era scaduto il 3 febbraio 2024 e che il richiedente sarebbe rimasto sostanzialmente inerte fino alla notifica dell’archiviazione, avvenuta il 19 marzo 2026.

Il Collegio afferma quindi che lo straniero sarebbe rimasto privo di titolo per oltre due anni.

Questo passaggio richiede una precisazione sistematica.

La presentazione tempestiva di una domanda di rinnovo produce normalmente effetti sulla regolarità del soggiorno durante la pendenza del procedimento, purché la domanda sia rituale e l’interessato collabori alla sua definizione. La ricevuta della domanda consente, nei limiti previsti dall’ordinamento, di documentare la pendenza del procedimento.

Nel caso esaminato, il giudizio negativo del TAR sembra dipendere non dalla sola durata dell’istruttoria, ma dalla mancata prosecuzione della procedura imputabile allo stesso richiedente.

La permanenza non può quindi essere considerata irregolare per il solo fatto che l’Amministrazione non abbia ancora definito il rinnovo. Diversa è l’ipotesi in cui la domanda non possa essere istruita perché il richiedente omette ripetutamente un adempimento essenziale.

La distinzione è necessaria per evitare che i ritardi amministrativi vengano impropriamente posti a carico dello straniero.

11. Il rapporto con la precedente giurisprudenza del TAR

La sentenza n. 1315 del 2026 deve essere letta insieme alle decisioni nelle quali lo stesso TAR ha valorizzato le garanzie partecipative dello straniero.

Nella sentenza n. 1318 del 10 luglio 2026, relativa alla tardiva trasmissione del contratto di soggiorno, il TAR ha annullato l’archiviazione perché il lavoratore non era stato informato del mancato ricevimento del documento e non aveva potuto dimostrare la non imputabilità del ritardo.

Le due decisioni non sono contraddittorie.

Nel primo caso, l’inadempimento telematico dipendeva potenzialmente dal datore di lavoro o dall’intermediario e il lavoratore non era stato posto nella condizione di intervenire.

Nella sentenza n. 1315, invece, l’adempimento richiedeva la presenza personale dello straniero, il quale aveva ricevuto quattro convocazioni e non aveva allegato alcun impedimento.

La differenza risiede quindi nell’imputabilità della mancata prosecuzione del procedimento.

Quando l’ostacolo dipende da fattori estranei al lavoratore, il contraddittorio deve essere rafforzato. Quando, invece, l’interessato omette reiteratamente un adempimento personale e necessario, la sua condotta può legittimare l’archiviazione.

12. Considerazioni conclusive

La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1315 del 2026 afferma un principio rigoroso ma coerente con la struttura del procedimento amministrativo: il richiedente un titolo di soggiorno non è soltanto destinatario di garanzie, ma è anche soggetto a un dovere di collaborazione.

Il rinnovo del permesso non può essere definito senza la partecipazione personale dello straniero agli adempimenti di identificazione e fotosegnalamento. L’Amministrazione deve comunicare correttamente gli appuntamenti e considerare eventuali impedimenti; non è però tenuta a reiterare indefinitamente le convocazioni quando l’interessato rimanga silente.

La buona fede procedimentale non può essere invocata unilateralmente.

Essa obbliga la pubblica amministrazione a evitare formalismi irragionevoli e a offrire concrete possibilità di regolarizzazione. Impone però anche al richiedente di rispondere alle comunicazioni, presentarsi agli appuntamenti o giustificare tempestivamente l’impossibilità di farlo.

La decisione non autorizza archiviazioni automatiche dopo una singola assenza. La sua legittimità deriva dalla specificità del caso: quattro convocazioni regolarmente ricevute, nessuna presentazione, nessuna richiesta di rinvio e nessuna causa di forza maggiore.

Il principio di proporzionalità resta pertanto decisivo. L’Amministrazione deve graduare la propria risposta, ma può concludere negativamente il procedimento quando abbia offerto ripetute occasioni di partecipazione e l’interessato abbia continuato a non collaborare.

Nel diritto dell’immigrazione, la tutela dei diritti non può essere separata dalla responsabilità procedimentale. Un sistema equilibrato deve impedire che le inefficienze amministrative ricadano sullo straniero, ma deve anche evitare che la domanda di soggiorno rimanga indefinitamente pendente per una condotta imputabile allo stesso richiedente.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/Y5oFZCO

 

إيطاليا: محكمة تلغي الإغلاق التلقائي لإجراء متعلق بالعمل الموسمي

ألغت محكمة إدارية إيطالية قرار إغلاق إجراء دخول للعمل الموسمي، بعدما تبيّن أن الإدارة لم تمنح صاحب العمل والعامل فرصة لشرح سبب عدم وصول عقد الإقامة داخل الأجل القانوني.

وبموجب الحكم رقم 1318 الصادر في 10 يوليو/تموز 2026، قررت المحكمة الإدارية الإقليمية في إميليا رومانيا أن المكتب الموحد للهجرة في ريميني لا يجوز له أرشفة الملف تلقائياً لمجرد أن عقد الإقامة الموقّع رقمياً لم يظهر في النظام الوزاري خلال مهلة خمسة عشر يوماً.

ويعزز الحكم الضمانات الإجرائية المقررة للعمال الأجانب المقبولين في إيطاليا ضمن نظام حصص العمالة، كما يؤكد مبدأ أساسياً: القيود التقنية لمنصة إدارية لا يمكن أن تلغي حقوقاً يقررها القانون صراحة.

العامل دخل إيطاليا بصورة قانونية وكان قد بدأ العمل بالفعل

تعلقت القضية بمواطن مصري حصل على ترخيص لدخول إيطاليا للعمل الموسمي في القطاع الفندقي.

وبعد صدور تصريح العمل، منحته السفارة الإيطالية في القاهرة التأشيرة اللازمة. ودخل العامل إيطاليا في 23 مارس/آذار 2026، وأبلغ صاحب العمل بوصوله.

وفي 30 مارس/آذار، وقّع الطرفان عقد الإقامة ورقياً. ثم سلّم صاحب العمل الوثائق إلى منظمة لأصحاب العمل كانت مكلفة بمتابعة بقية الإجراءات المرتبطة بمرسوم تدفقات العمالة الأجنبية.

وفي 1 أبريل/نيسان 2026 جرى توظيف العامل رسمياً.

ومع ذلك، قرر المكتب الموحد للهجرة أرشفة الإجراء في 12 أبريل/نيسان، بحجة أن العقد الموقّع رقمياً لم يُرسل خلال مهلة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في قانون الهجرة الإيطالي.

ولم يتلقَّ العامل أو صاحب العمل أي إخطار مسبق قبل إغلاق الملف.

المحكمة: الإخطار المسبق كان ضرورياً

ألغت المحكمة قرار الأرشفة.

تنص المادة 22 من المرسوم التشريعي الإيطالي رقم 286 لسنة 1998 على إمكانية رفض تصريح العمل أو إلغائه إذا لم يُرسل عقد الإقامة داخل المهلة المحددة.

غير أن النص نفسه يتضمن استثناء مهماً: فلا تُطبق النتيجة السلبية إذا كان التأخير ناشئاً عن قوة قاهرة أو عن ظروف لا يمكن نسبتها إلى العامل.

وبحسب المحكمة، فإن هذا الاستثناء يغيّر طبيعة الإجراء بصورة جوهرية.

فلا يجوز للإدارة أن تكتفي بفحص ما إذا كان العقد ظاهراً في النظام الإلكتروني، ثم تغلق الملف تلقائياً. بل يجب عليها أولاً إخطار الطرفين بعدم استلام الوثيقة، ومنحهما فرصة لبيان أسباب التأخير.

ومن دون هذا الإخطار، لا تكون لدى العامل إمكانية حقيقية لإثبات أن عدم الإرسال لم يكن ناتجاً عن خطأ منه.

الضمانات الإجرائية ليست مجرد شكليات

منح الحكم قيمة جوهرية لحق المشاركة في الإجراء الإداري.

فالقانون الإداري الإيطالي يفرض، في الأصل، على الإدارة أن تُعلم أصحاب المصلحة قبل اتخاذ قرار قد يضر بطلبهم. ويتيح هذا الإخطار تقديم ملاحظات ووثائق وتوضيحات.

وفي هذه القضية، كان من الممكن للإخطار المسبق أن يسمح للطرفين بإثبات أن العقد وُقّع في الموعد، وأن العامل عُيّن فعلياً، وأن مهمة إرسال الوثائق أُسندت إلى جهة وسيطة.

ولهذا رفضت المحكمة اعتبار غياب الإخطار مجرد مخالفة إجرائية بسيطة.

فالحق في تبرير التأخير يرتبط مباشرة بالاستثناء المنصوص عليه في قانون الهجرة، وبالتالي كان الإخطار ضرورياً لجعل الحماية من التأخيرات غير المنسوبة إلى العامل حماية فعلية وليست نظرية فقط.

النظام المعلوماتي الوزاري لا يعلو على القانون

يتعلق أحد أهم جوانب الحكم بالمنصة الرقمية التي تستخدمها الإدارة.

فقد دفعت المحافظة بأن النظام المعلوماتي الوزاري لا يتضمن آلية للإخطار التلقائي قبل أرشفة الملفات من هذا النوع.

لكن المحكمة اعتبرت هذا الدفع غير ذي قيمة قانونية.

فالبرامج والأنظمة الإدارية يجب أن تتكيف مع القانون، وليس العكس. ولا يجوز تعطيل قاعدة قانونية لمجرد أن النظام الإلكتروني لم يُصمم لإدارة ضمان إجرائي معين.

ولهذا المبدأ دلالة أوسع.

فمع تزايد رقمنة إجراءات الهجرة، يتزايد خطر تحول التقييمات القانونية المعقدة إلى نتائج تقنية جامدة. وقد يؤدي عدم تحميل وثيقة، أو نقص في التوقيع الرقمي، أو خطأ من جهة وسيطة إلى نتائج غير متناسبة.

وقد رفض الحكم هذا المنطق. فالتكنولوجيا قد تساعد الإدارة، لكنها لا تستطيع أن تحل محل التقييم القانوني الذي يفرضه التشريع.

لا يجوز تحميل العامل مسؤولية كل خلل تقني

تناول الحكم أيضاً مسألة جوهرية تتعلق بالمسؤولية.

فعملية إرسال عقد الإقامة إلكترونياً يتولاها عادة صاحب العمل أو وسيط يعمل نيابة عنه. وغالباً لا يملك العامل الأجنبي أي سيطرة مباشرة على هذه المرحلة.

ولذلك لا يكون من المعقول تحميله تلقائياً نتائج خطأ ارتكبه صاحب العمل أو مستشار أو منظمة مهنية أو حتى المنصة الرقمية نفسها.

ويتعيّن على الإدارة فحص الظروف الواقعية لكل حالة.

وعليها التحقق مما إذا كان العامل قد وقّع العقد داخل المهلة، وأبلغ صاحب العمل بوصوله، وقَبِل الوظيفة، وتعاون بصورة صحيحة مع الإجراء.

فإذا ثبت أنه أدى ما عليه، فلا ينبغي أن يؤدي غياب الوثيقة من النظام الإلكتروني بصورة آلية إلى ضياع كامل الإجراء المتعلق بالهجرة.

الوظيفة كانت حقيقية وليست صورية

تكتسب القضية أهمية خاصة لأن علاقة العمل كانت قد بدأت فعلياً.

فلم تكن المسألة تتعلق بصاحب عمل وهمي، أو عرض عمل مزور، أو علاقة عمل غير موجودة.

دخل العامل إيطاليا بتأشيرة صحيحة، ووقّع عقد الإقامة، وبدأ العمل وفقاً للترخيص الممنوح.

وكانت المشكلة الوحيدة تتعلق بإرسال الوثيقة.

وكان من شأن الإغلاق النهائي للإجراء في مثل هذه الظروف أن يؤدي إلى نتيجة تتعارض مع الغاية من نظام الحصص: حرمان عامل دخل بصورة قانونية وبدأ العمل فعلياً من الحصول على تصريح الإقامة بسبب خلل إداري قابل للتدارك.

على الإدارة إعادة فتح الإجراء

لم يمنح الحكم تصريح الإقامة بصورة تلقائية.

بل ألزم المكتب الموحد للهجرة بإعادة فتح الملف وممارسة صلاحياته مجدداً وفقاً للمبادئ التي حددتها المحكمة.

ويجب على الإدارة أن تمنح الطرفين مهلة واضحة لتقديم عقد موقّع بصورة صحيحة، ثم تُكمل الإجراء إذا كانت جميع الشروط القانونية متوافرة.

وهكذا أبقت المحكمة على سلطة الإدارة في إجراء الفحوص الضرورية.

أما ما رفضته فهو الأرشفة التلقائية للملف من دون إخطار مسبق، ومن دون التحقق مما إذا كان التأخير منسوباً فعلاً إلى العامل.

تحذير أوسع للنظام الإيطالي

يؤكد الحكم توجهاً سبق أن تبنته المحكمة نفسها في أحكام أخرى صدرت خلال عام 2026.

والرسالة الموجهة إلى مكاتب الهجرة واضحة: لا يجوز إغلاق الإجراءات تلقائياً عندما يمنح القانون العامل صراحة حق إثبات أن التأخير لم يكن راجعاً إليه.

كما يكشف الحكم مشكلة أوسع في الإدارة الإيطالية للهجرة.

فالرقمنة قد تسرّع الإجراءات، لكنها قد تُنتج أيضاً قرارات جامدة وغير عادلة عندما لا تتضمن الأنظمة ضمانات إجرائية كافية.

والحل لا يتمثل في تقليص الحقوق لتتناسب مع حدود البرنامج الإلكتروني، بل في تعديل الأنظمة الرقمية لكي تتوافق مع القانون.

وبالنسبة إلى العمال الأجانب، يؤكد الحكم مبدأً أساسياً: لا يجوز لخطأ تقني أن يُسقط إجراءً صحيحاً للعمل والإقامة من دون منح الشخص المعني فرصة حقيقية لشرح ما حدث.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428