giovedì 13 agosto 2026

Italia: un tribunal confirma el archivo de la renovación del permiso de residencia tras cuatro citas incumplidas

Italia: un tribunal confirma el archivo de la renovación del permiso de residencia tras cuatro citas incumplidas

Un tribunal administrativo italiano ha confirmado el archivo de un procedimiento de renovación del permiso de residencia después de que el solicitante no acudiera a cuatro citas distintas para su identificación y la toma de huellas dactilares.

Mediante la sentencia n.º 1315, de 10 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña rechazó el recurso presentado por un ciudadano marroquí contra la decisión de la Jefatura de Policía de Bolonia de archivar su solicitud de renovación del permiso de residencia por trabajo por cuenta ajena.

La resolución establece una línea clara entre los derechos de los ciudadanos extranjeros dentro de los procedimientos migratorios y su deber de colaborar con la Administración. Según el tribunal, el solicitante no puede pretender que el procedimiento permanezca abierto indefinidamente cuando ignora varias convocatorias oficiales sin ofrecer ninguna explicación.

Cuatro citas incumplidas

El interesado había presentado la solicitud de renovación mediante el kit postal previsto para este tipo de trámites.

Fue convocado por primera vez en la Oficina de Inmigración de Bolonia el 18 de junio de 2024 para completar su identificación y someterse a la toma de huellas dactilares. Al no presentarse, la Administración fijó otras tres citas: el 6 de agosto de 2024, el 18 de septiembre de 2024 y el 21 de enero de 2026.

El solicitante no acudió a ninguna de ellas.

La Jefatura de Policía decidió entonces archivar el expediente, al considerar que el procedimiento no podía aplazarse indefinidamente y que la falta de identificación impedía continuar con la tramitación.

El interesado recurrió la decisión alegando que el archivo era desproporcionado y que todavía podía haberse fijado una nueva cita. También sostuvo que no había recibido un preaviso formal de denegación y pidió que se valoraran sus circunstancias personales y familiares.

El tribunal rechazó todos estos argumentos.

La toma de huellas no es una mera formalidad

La sentencia subraya que la identificación personal y la toma de huellas dactilares son fases esenciales en los procedimientos de expedición o renovación del permiso de residencia.

La presentación de la solicitud por vía postal constituye solo el primer paso. Posteriormente, el ciudadano extranjero debe comparecer personalmente para que la Administración pueda comprobar su identidad, recoger los datos biométricos y realizar las verificaciones necesarias para expedir el permiso electrónico.

Sin la presencia del solicitante, el procedimiento no puede completarse.

Una única ausencia puede estar justificada por enfermedad, un problema de comunicación o una dificultad temporal. En este caso, sin embargo, el interesado faltó a cuatro citas distribuidas a lo largo de aproximadamente dieciocho meses y no ofreció ninguna razón válida.

Para el tribunal, ya no se trataba de una irregularidad menor, sino de una falta prolongada de colaboración.

Una decisión considerada proporcionada

El solicitante sostenía que archivar el expediente era una medida excesiva porque la Administración podía haber programado otra cita.

El tribunal observó, sin embargo, que esa posibilidad ya había sido ofrecida en tres ocasiones.

Tras la primera ausencia, la Jefatura de Policía no rechazó inmediatamente la solicitud. Volvió a convocar al interesado varias veces y le dio nuevas oportunidades para completar los trámites necesarios.

Por ello, la decisión final fue considerada proporcionada.

El principio de proporcionalidad obliga a la Administración a adoptar medidas adecuadas, necesarias y no excesivamente gravosas. Sin embargo, no la obliga a repetir indefinidamente el mismo trámite cuando el interesado permanece inactivo.

Según la sentencia, la Administración ya había aplicado varias veces la solución menos perjudicial antes de decidir el archivo.

El procedimiento no podía quedar abierto para siempre

El tribunal también se apoyó en el deber general de la Administración de concluir los procedimientos mediante una decisión expresa.

El Derecho administrativo italiano impide que una solicitud permanezca pendiente durante un tiempo indefinido.

Cuando un expediente no puede seguir tramitándose porque falta un requisito esencial, la Administración puede cerrarlo mediante una resolución simplificada.

En este caso, lo que faltaba no era un simple documento. Faltaba la comparecencia personal del solicitante, indispensable para verificar su identidad y obtener sus datos biométricos.

Por tanto, la Jefatura de Policía podía legítimamente concluir que la solicitud ya no podía ser tramitada.

No existe obligación de notificación personal

El interesado también alegó que solo una notificación entregada personalmente podía garantizar que hubiera tenido conocimiento efectivo de las citas.

El tribunal rechazó esta tesis porque ninguna norma exige que las convocatorias para la toma de huellas se notifiquen en mano.

En ausencia de una disposición especial, se aplican las reglas ordinarias sobre comunicaciones administrativas.

El solicitante no demostró que los avisos hubieran sido enviados a una dirección incorrecta ni que no los hubiera recibido. Su objeción se refería únicamente al modo de notificación.

El tribunal consideró, por tanto, que las cuatro convocatorias habían sido correctamente comunicadas.

Las convocatorias repetidas garantizaron suficientemente la participación

Otro de los motivos del recurso era la falta de un preaviso formal antes del archivo.

El tribunal consideró que las cuatro convocatorias ya habían ofrecido al interesado suficientes oportunidades para participar en el procedimiento.

Una cita para la toma de huellas no equivale exactamente a un preaviso de denegación. Sin embargo, en las circunstancias concretas del caso, el tribunal adoptó un enfoque práctico.

El solicitante había sido invitado varias veces a cumplir el trámite esencial para la renovación. Ignoró las cuatro convocatorias y nunca contactó con la Administración para justificar su ausencia ni para pedir un aplazamiento.

Por ello, el tribunal concluyó que la Administración ya había agotado toda forma razonable de diálogo con el interesado.

La cooperación y la buena fe también obligan a los ciudadanos extranjeros

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia se refiere a los principios de colaboración y buena fe.

El Derecho administrativo italiano establece que las relaciones entre los particulares y la Administración deben regirse por la cooperación y la buena fe.

El tribunal precisó que este principio también se aplica a los ciudadanos extranjeros que solicitan permisos de residencia.

La obligación funciona en ambas direcciones.

La Administración debe actuar correctamente, proporcionar información comprensible, comunicar las citas de forma adecuada y valorar las dificultades reales alegadas por el solicitante.

Al mismo tiempo, el interesado debe mantener actualizados sus datos de contacto, acudir a las citas, comunicar cualquier impedimento y facilitar la información necesaria para completar el procedimiento.

En este caso, el tribunal consideró que el solicitante había incumplido ese deber de colaboración.

Las circunstancias personales y familiares no fueron suficientes

El interesado pidió también que se tuviera en cuenta que llevaba años en Italia, era padre de familia y había encontrado una nueva oportunidad laboral después de un periodo de desempleo.

El tribunal no consideró que esos elementos permitieran superar el problema procedimental.

El empleo, los vínculos familiares y la integración social pueden ser relevantes para valorar si se cumplen los requisitos sustanciales de la renovación. Sin embargo, no eliminan la obligación de comparecer personalmente para la identificación.

La Administración no puede examinar de manera completa una solicitud cuando el interesado se niega reiteradamente a realizar una fase esencial del procedimiento.

La sentencia no significa que las circunstancias personales sean siempre irrelevantes. Podrían resultar decisivas cuando una cita se pierde por enfermedad, una urgencia familiar grave o un problema real de notificación.

En este caso, no se acreditó ninguna circunstancia de ese tipo.

Una advertencia para quienes solicitan permisos de residencia

La resolución envía un mensaje directo a los ciudadanos extranjeros implicados en procedimientos de residencia.

Los derechos deben ser protegidos, pero los solicitantes también deben colaborar activamente.

Una sola ausencia no debería provocar automáticamente la pérdida del procedimiento. Sin embargo, las ausencias repetidas e injustificadas pueden legitimar el archivo del expediente.

Quien no pueda acudir a una cita debe contactar inmediatamente con la Oficina de Inmigración, explicar el motivo y, cuando sea posible, aportar documentación justificativa.

El silencio es la peor opción.

La sentencia confirma que los procedimientos migratorios no pueden gestionarse como si toda la responsabilidad recayera exclusivamente sobre la Administración. Las autoridades deben respetar las garantías legales, pero el solicitante también debe hacer lo necesario para permitir que el procedimiento continúe.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428



via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/d9ecwrh

Señalamiento SIS: cuándo impide un permiso de residencia Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Una sentencia publicada el 1 de julio de 2026 confirma que un señalamiento SIS por no admisión puede impedir la expedición de un permiso de residencia en Italia. Solo razones humanitarias graves o obligaciones internacionales permiten una excepción. Señalamiento SIS: cuándo impide un permiso de residencia Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Una sentencia publicada el 1 de julio de 2026 confirma que un señalamiento SIS por no admisión puede impedir la expedición de un permiso de residencia en Italia. Solo razones humanitarias graves o obligaciones internacionales permiten una excepción. https://ift.tt/7WcMIZp https://p16-common-sign.tiktokcdn-eu.com/tos-no1a-p-0037-no/oQIB1LAz9USJBBUHrVyCodAAiBSSZtAEWwfiKO~tplv-tiktokx-cropcenter-q:300:400:q70.jpeg?dr=9232&refresh_token=38366f42&x-expires=1786737600&x-signature=lliLRPMocvjMmvlsQW6oPDcA8Zs%3D&t=bacd0480&ps=933b5bde&shp=d05b14bd&shcp=8aecc5ac&idc=no1a&biz_tag=tt_video&s=TIKTOK_FOR_DEVELOPER&sc=cover

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/71lvIN2

mercoledì 12 agosto 2026

August 13, 2026 at 12:00AM Señalamiento SIS: cuándo impide un permiso de residencia Señalamiento SIS: cuándo impide un permiso de residencia Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Una sentencia publicada el 1 de julio de 2026 confirma que un señalamiento SIS por no admisión puede impedir la expedición de un permiso de residencia en Italia. Solo razones humanitarias graves o obligaciones internacionales permiten una excepción. https://www.youtube.com/watch?v=nMcOPAklrtk https://www.youtube.com/watch/nMcOPAklrtk

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/KEw4CL9

Signalement SIS : dans quels cas peut-il empêcher la délivrance d’un titre de séjour ? https://ift.tt/fn6vRso Avv. Fabio Loscerbo Signalement SIS : dans quels cas peut-il empêcher la délivrance d’un titre de séjour ? Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l’Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo. Aujourd’hui, nous abordons les effets d’un signalement dans le Système d’information Schengen, ou SIS, sur la délivrance d’un titre de séjour en Italie, à travers une importante décision du Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne, publiée le 1er juillet 2026, rendue dans la procédure inscrite au registre général sous le numéro 813 de l’année 2022. L’affaire concerne un ressortissant étranger qui avait présenté une demande de régularisation dans le cadre de la procédure italienne d’émergence du travail irrégulier. La Questure de Modène a toutefois rejeté sa demande en raison d’un signalement SIS introduit par les autorités françaises aux fins de non-admission dans l’espace Schengen. Le requérant soutenait que l’administration italienne aurait dû examiner sa situation personnelle au lieu de se fonder automatiquement sur le signalement émis par un autre État membre. Le Tribunal a rejeté le recours et a réaffirmé un principe juridique particulièrement important. Selon les juges, un signalement SIS aux fins de non-admission constitue, en règle générale, un obstacle juridique à la délivrance d’un titre de séjour. Par conséquent, la décision de la Questure est un acte lié, qui ne laisse aucune marge d’appréciation à l’administration. Les autorités italiennes ne sont pas tenues d’évaluer à nouveau la dangerosité de l’intéressé ni de contrôler la légalité de la décision prise par l’État qui a introduit le signalement. La décision rappelle toutefois une exception importante prévue par le droit européen. Un État peut délivrer un titre de séjour malgré un signalement SIS, mais uniquement en présence de motifs sérieux, notamment des raisons humanitaires ou des obligations découlant du droit international. Dans une telle hypothèse, il doit d’abord engager une procédure de consultation avec l’État ayant inscrit le signalement dans le système Schengen. Cette décision confirme donc un principe désormais bien établi en droit de l’immigration : un signalement SIS n’est pas une simple information administrative. Il produit des effets juridiques directs et peut empêcher la délivrance d’un titre de séjour en Italie. Ce n’est que dans des situations exceptionnelles, expressément prévues par la loi, que cet obstacle peut être levé. Merci d’avoir écouté cet épisode du podcast Droit de l’Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode consacré aux décisions de justice, aux évolutions législatives et aux principales questions du droit italien de l’immigration.

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/KEw4CL9

Italie : le tribunal valide la clôture d’une demande de renouvellement après quatre rendez-vous manqués https://ift.tt/FBMNtl8 Avv. Fabio Loscerbo Italie : le tribunal valide la clôture d’une demande de renouvellement après quatre rendez-vous manqués Un tribunal administratif italien a confirmé la clôture d’une procédure de renouvellement de titre de séjour après que le demandeur ne s’est pas présenté à quatre rendez-vous distincts consacrés à son identification et au relevé de ses empreintes digitales. Par le jugement n° 1315 du 10 juillet 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a rejeté le recours formé par un ressortissant marocain contre la décision de la préfecture de police de Bologne d’archiver sa demande de renouvellement d’un titre de séjour pour travail salarié. La décision trace une limite claire entre les droits reconnus aux ressortissants étrangers dans les procédures d’immigration et leur devoir de collaboration avec l’administration. Selon le tribunal, le demandeur ne peut pas exiger que la procédure demeure ouverte indéfiniment lorsqu’il ignore plusieurs convocations officielles sans fournir aucune explication. Quatre rendez-vous manqués Le demandeur avait présenté sa demande de renouvellement au moyen du kit postal prévu pour les procédures relatives aux titres de séjour. Il avait été convoqué une première fois auprès du bureau de l’immigration de Bologne le 18 juin 2024 afin de procéder à son identification et au relevé de ses empreintes digitales. Après son absence, l’administration avait fixé trois nouveaux rendez-vous : le 6 août 2024, le 18 septembre 2024 et le 21 janvier 2026. Le demandeur ne s’est présenté à aucun de ces rendez-vous. La préfecture de police a donc décidé d’archiver le dossier, en considérant que la procédure ne pouvait pas être reportée indéfiniment et que l’absence d’identification empêchait matériellement la poursuite de l’instruction. L’intéressé a contesté cette décision en soutenant que l’archivage était disproportionné et qu’un nouveau rendez-vous aurait encore pu être fixé. Il a également invoqué l’absence de communication préalable des motifs de rejet et demandé que soient prises en considération sa situation personnelle et familiale. Le tribunal a rejeté ces arguments. Le relevé des empreintes n’est pas une simple formalité Le jugement souligne que l’identification personnelle et le relevé des empreintes digitales constituent des étapes essentielles de la procédure de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. La présentation de la demande par voie postale ne représente que la première phase de la procédure. Le ressortissant étranger doit ensuite se présenter personnellement afin que l’administration puisse vérifier son identité, recueillir les données biométriques nécessaires et effectuer les contrôles requis pour la délivrance du titre électronique. Sans la présence du demandeur, la procédure ne peut pas être achevée. Une seule absence peut être justifiée par une maladie, une erreur de communication ou une difficulté temporaire. Dans cette affaire, toutefois, le demandeur avait manqué quatre rendez-vous sur une période d’environ dix-huit mois sans fournir de raison valable. Pour le tribunal, il ne s’agissait donc plus d’une irrégularité procédurale mineure, mais d’une absence prolongée de collaboration. Une mesure jugée proportionnée Le demandeur soutenait que l’archivage du dossier constituait une mesure excessive, car l’administration aurait pu fixer un autre rendez-vous. Le tribunal a cependant observé que cette solution avait déjà été appliquée à trois reprises. Après la première absence, la préfecture de police n’avait pas immédiatement rejeté la demande. Elle avait au contraire renouvelé les convocations, offrant ainsi plusieurs possibilités supplémentaires au demandeur de compléter les formalités nécessaires. La décision finale a donc été considérée comme proportionnée. Le principe de proportionnalité impose à l’administration de choisir une mesure adaptée, nécessaire et non excessivement préjudiciable. Il ne l’oblige toutefois pas à répéter indéfiniment le même acte lorsque l’intéressé demeure inactif. Selon le jugement, l’administration avait déjà appliqué à plusieurs reprises la solution la moins contraignante avant de décider de clôturer la procédure. La procédure ne pouvait pas rester ouverte indéfiniment Le tribunal s’est également fondé sur l’obligation générale de l’administration de conclure les procédures par une décision expresse. En droit administratif italien, une autorité publique ne peut pas laisser une demande en suspens pendant une durée indéterminée. Lorsqu’une demande ne peut plus être instruite en raison de l’absence d’un élément essentiel, l’administration peut conclure la procédure par une décision simplifiée. Dans cette affaire, l’élément manquant n’était pas un simple document. Il s’agissait de la présence personnelle du demandeur, indispensable pour vérifier son identité et recueillir ses données biométriques. La préfecture de police pouvait donc légitimement constater que la demande n’était plus susceptible d’être traitée. Aucune obligation de notification en mains propres Le demandeur soutenait également que seule une notification remise personnellement aurait permis de garantir la connaissance effective des rendez-vous. Le tribunal a rejeté cet argument, car aucune disposition légale n’impose que les convocations pour le relevé des empreintes soient remises en mains propres. En l’absence de règle spéciale, les dispositions ordinaires relatives aux communications administratives s’appliquent. Le demandeur n’avait pas démontré que les convocations avaient été envoyées à une adresse erronée ou qu’elles ne lui étaient jamais parvenues. Il contestait uniquement leur mode de transmission. Le tribunal a donc considéré que les quatre convocations avaient été régulièrement communiquées. Les convocations répétées ont assuré le contradictoire Un autre grief concernait l’absence d’un avertissement formel avant l’archivage du dossier. Le tribunal a estimé que les quatre convocations avaient déjà donné au demandeur des possibilités suffisantes de participer à la procédure. Une convocation pour le relevé des empreintes ne correspond pas exactement à une communication formelle des motifs de rejet. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’affaire, le tribunal a adopté une approche concrète. Le demandeur avait été invité à plusieurs reprises à accomplir l’acte indispensable au renouvellement. Il avait ignoré les quatre convocations sans jamais contacter l’administration pour expliquer son absence ou solliciter un report. Le tribunal en a déduit que l’administration avait déjà épuisé toute forme raisonnable de dialogue avec l’intéressé. Collaboration et bonne foi concernent aussi les ressortissants étrangers L’un des passages les plus importants du jugement concerne les principes de collaboration et de bonne foi. Le droit administratif italien prévoit que les relations entre les particuliers et l’administration doivent être fondées sur la collaboration et la bonne foi. Le tribunal précise que ce principe s’applique également aux ressortissants étrangers qui demandent la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. Cette obligation est réciproque. L’administration doit agir correctement, fournir des informations compréhensibles, communiquer régulièrement les rendez-vous et examiner les difficultés réelles invoquées par le demandeur. En parallèle, l’intéressé doit maintenir ses coordonnées à jour, se présenter aux rendez-vous, signaler immédiatement les empêchements et fournir les informations nécessaires à la poursuite de l’instruction. Dans cette affaire, le tribunal a considéré que le demandeur avait manqué à cette obligation de collaboration. La situation personnelle et familiale n’a pas suffi Le demandeur demandait également que soient prises en considération son installation ancienne en Italie, sa qualité de père de famille et la nouvelle possibilité d’emploi qu’il avait trouvée après une période de chômage. Le tribunal n’a pas estimé que ces éléments permettaient de surmonter l’obstacle procédural. L’emploi, les liens familiaux et l’intégration sociale peuvent être pertinents pour apprécier si les conditions substantielles du renouvellement sont remplies. Ils ne suppriment toutefois pas l’obligation de se présenter personnellement pour l’identification. L’administration ne peut pas examiner complètement une demande lorsque l’intéressé refuse, à plusieurs reprises, d’accomplir une étape essentielle de la procédure. La décision ne signifie pas que les circonstances personnelles sont toujours sans importance. Elles pourraient être déterminantes lorsqu’un rendez-vous est manqué en raison d’une maladie, d’une urgence familiale grave ou d’un véritable problème de notification. Aucune circonstance de ce type n’avait cependant été démontrée dans cette affaire. Un avertissement pour les demandeurs de titres de séjour Le jugement adresse un message direct aux ressortissants étrangers engagés dans une procédure de séjour. Les droits doivent être protégés, mais les demandeurs doivent aussi collaborer activement. Une seule absence ne devrait pas entraîner automatiquement la perte de la procédure. En revanche, des absences répétées et injustifiées peuvent légitimer l’archivage du dossier. Lorsqu’une personne ne peut pas se présenter à un rendez-vous, elle doit contacter immédiatement le bureau de l’immigration, expliquer la raison de son absence et, si possible, produire des justificatifs. Le silence constitue la pire solution. La décision confirme que les procédures d’immigration ne peuvent pas être administrées comme si toute la responsabilité reposait exclusivement sur les autorités. L’administration doit respecter les garanties légales, mais le demandeur doit également accomplir les démarches nécessaires pour permettre à la procédure d’aboutir. Avv. Fabio Loscerbo ORCID : https://ift.tt/Sp9Nvdc

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/KEw4CL9

Italie : le tribunal valide la clôture d’une demande de renouvellement après quatre rendez-vous manqués

Italie : le tribunal valide la clôture d’une demande de renouvellement après quatre rendez-vous manqués

Un tribunal administratif italien a confirmé la clôture d’une procédure de renouvellement de titre de séjour après que le demandeur ne s’est pas présenté à quatre rendez-vous distincts consacrés à son identification et au relevé de ses empreintes digitales.

Par le jugement n° 1315 du 10 juillet 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a rejeté le recours formé par un ressortissant marocain contre la décision de la préfecture de police de Bologne d’archiver sa demande de renouvellement d’un titre de séjour pour travail salarié.

La décision trace une limite claire entre les droits reconnus aux ressortissants étrangers dans les procédures d’immigration et leur devoir de collaboration avec l’administration. Selon le tribunal, le demandeur ne peut pas exiger que la procédure demeure ouverte indéfiniment lorsqu’il ignore plusieurs convocations officielles sans fournir aucune explication.

Quatre rendez-vous manqués

Le demandeur avait présenté sa demande de renouvellement au moyen du kit postal prévu pour les procédures relatives aux titres de séjour.

Il avait été convoqué une première fois auprès du bureau de l’immigration de Bologne le 18 juin 2024 afin de procéder à son identification et au relevé de ses empreintes digitales. Après son absence, l’administration avait fixé trois nouveaux rendez-vous : le 6 août 2024, le 18 septembre 2024 et le 21 janvier 2026.

Le demandeur ne s’est présenté à aucun de ces rendez-vous.

La préfecture de police a donc décidé d’archiver le dossier, en considérant que la procédure ne pouvait pas être reportée indéfiniment et que l’absence d’identification empêchait matériellement la poursuite de l’instruction.

L’intéressé a contesté cette décision en soutenant que l’archivage était disproportionné et qu’un nouveau rendez-vous aurait encore pu être fixé. Il a également invoqué l’absence de communication préalable des motifs de rejet et demandé que soient prises en considération sa situation personnelle et familiale.

Le tribunal a rejeté ces arguments.

Le relevé des empreintes n’est pas une simple formalité

Le jugement souligne que l’identification personnelle et le relevé des empreintes digitales constituent des étapes essentielles de la procédure de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour.

La présentation de la demande par voie postale ne représente que la première phase de la procédure. Le ressortissant étranger doit ensuite se présenter personnellement afin que l’administration puisse vérifier son identité, recueillir les données biométriques nécessaires et effectuer les contrôles requis pour la délivrance du titre électronique.

Sans la présence du demandeur, la procédure ne peut pas être achevée.

Une seule absence peut être justifiée par une maladie, une erreur de communication ou une difficulté temporaire. Dans cette affaire, toutefois, le demandeur avait manqué quatre rendez-vous sur une période d’environ dix-huit mois sans fournir de raison valable.

Pour le tribunal, il ne s’agissait donc plus d’une irrégularité procédurale mineure, mais d’une absence prolongée de collaboration.

Une mesure jugée proportionnée

Le demandeur soutenait que l’archivage du dossier constituait une mesure excessive, car l’administration aurait pu fixer un autre rendez-vous.

Le tribunal a cependant observé que cette solution avait déjà été appliquée à trois reprises.

Après la première absence, la préfecture de police n’avait pas immédiatement rejeté la demande. Elle avait au contraire renouvelé les convocations, offrant ainsi plusieurs possibilités supplémentaires au demandeur de compléter les formalités nécessaires.

La décision finale a donc été considérée comme proportionnée.

Le principe de proportionnalité impose à l’administration de choisir une mesure adaptée, nécessaire et non excessivement préjudiciable. Il ne l’oblige toutefois pas à répéter indéfiniment le même acte lorsque l’intéressé demeure inactif.

Selon le jugement, l’administration avait déjà appliqué à plusieurs reprises la solution la moins contraignante avant de décider de clôturer la procédure.

La procédure ne pouvait pas rester ouverte indéfiniment

Le tribunal s’est également fondé sur l’obligation générale de l’administration de conclure les procédures par une décision expresse.

En droit administratif italien, une autorité publique ne peut pas laisser une demande en suspens pendant une durée indéterminée.

Lorsqu’une demande ne peut plus être instruite en raison de l’absence d’un élément essentiel, l’administration peut conclure la procédure par une décision simplifiée.

Dans cette affaire, l’élément manquant n’était pas un simple document. Il s’agissait de la présence personnelle du demandeur, indispensable pour vérifier son identité et recueillir ses données biométriques.

La préfecture de police pouvait donc légitimement constater que la demande n’était plus susceptible d’être traitée.

Aucune obligation de notification en mains propres

Le demandeur soutenait également que seule une notification remise personnellement aurait permis de garantir la connaissance effective des rendez-vous.

Le tribunal a rejeté cet argument, car aucune disposition légale n’impose que les convocations pour le relevé des empreintes soient remises en mains propres.

En l’absence de règle spéciale, les dispositions ordinaires relatives aux communications administratives s’appliquent.

Le demandeur n’avait pas démontré que les convocations avaient été envoyées à une adresse erronée ou qu’elles ne lui étaient jamais parvenues. Il contestait uniquement leur mode de transmission.

Le tribunal a donc considéré que les quatre convocations avaient été régulièrement communiquées.

Les convocations répétées ont assuré le contradictoire

Un autre grief concernait l’absence d’un avertissement formel avant l’archivage du dossier.

Le tribunal a estimé que les quatre convocations avaient déjà donné au demandeur des possibilités suffisantes de participer à la procédure.

Une convocation pour le relevé des empreintes ne correspond pas exactement à une communication formelle des motifs de rejet. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’affaire, le tribunal a adopté une approche concrète.

Le demandeur avait été invité à plusieurs reprises à accomplir l’acte indispensable au renouvellement. Il avait ignoré les quatre convocations sans jamais contacter l’administration pour expliquer son absence ou solliciter un report.

Le tribunal en a déduit que l’administration avait déjà épuisé toute forme raisonnable de dialogue avec l’intéressé.

Collaboration et bonne foi concernent aussi les ressortissants étrangers

L’un des passages les plus importants du jugement concerne les principes de collaboration et de bonne foi.

Le droit administratif italien prévoit que les relations entre les particuliers et l’administration doivent être fondées sur la collaboration et la bonne foi.

Le tribunal précise que ce principe s’applique également aux ressortissants étrangers qui demandent la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour.

Cette obligation est réciproque.

L’administration doit agir correctement, fournir des informations compréhensibles, communiquer régulièrement les rendez-vous et examiner les difficultés réelles invoquées par le demandeur.

En parallèle, l’intéressé doit maintenir ses coordonnées à jour, se présenter aux rendez-vous, signaler immédiatement les empêchements et fournir les informations nécessaires à la poursuite de l’instruction.

Dans cette affaire, le tribunal a considéré que le demandeur avait manqué à cette obligation de collaboration.

La situation personnelle et familiale n’a pas suffi

Le demandeur demandait également que soient prises en considération son installation ancienne en Italie, sa qualité de père de famille et la nouvelle possibilité d’emploi qu’il avait trouvée après une période de chômage.

Le tribunal n’a pas estimé que ces éléments permettaient de surmonter l’obstacle procédural.

L’emploi, les liens familiaux et l’intégration sociale peuvent être pertinents pour apprécier si les conditions substantielles du renouvellement sont remplies. Ils ne suppriment toutefois pas l’obligation de se présenter personnellement pour l’identification.

L’administration ne peut pas examiner complètement une demande lorsque l’intéressé refuse, à plusieurs reprises, d’accomplir une étape essentielle de la procédure.

La décision ne signifie pas que les circonstances personnelles sont toujours sans importance. Elles pourraient être déterminantes lorsqu’un rendez-vous est manqué en raison d’une maladie, d’une urgence familiale grave ou d’un véritable problème de notification.

Aucune circonstance de ce type n’avait cependant été démontrée dans cette affaire.

Un avertissement pour les demandeurs de titres de séjour

Le jugement adresse un message direct aux ressortissants étrangers engagés dans une procédure de séjour.

Les droits doivent être protégés, mais les demandeurs doivent aussi collaborer activement.

Une seule absence ne devrait pas entraîner automatiquement la perte de la procédure. En revanche, des absences répétées et injustifiées peuvent légitimer l’archivage du dossier.

Lorsqu’une personne ne peut pas se présenter à un rendez-vous, elle doit contacter immédiatement le bureau de l’immigration, expliquer la raison de son absence et, si possible, produire des justificatifs.

Le silence constitue la pire solution.

La décision confirme que les procédures d’immigration ne peuvent pas être administrées comme si toute la responsabilité reposait exclusivement sur les autorités. L’administration doit respecter les garanties légales, mais le demandeur doit également accomplir les démarches nécessaires pour permettre à la procédure d’aboutir.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428



via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/FBMNtl8

martedì 11 agosto 2026

Italie : le tribunal juge que les retards administratifs ne peuvent pas justifier le refus d’un titre de séjour

 

Italie : le tribunal juge que les retards administratifs ne peuvent pas justifier le refus d’un titre de séjour

Un tribunal administratif italien a annulé le refus d’un titre de séjour pour stage professionnel, en affirmant que l’administration ne peut pas utiliser les conséquences de son propre retard pour rejeter une demande qui avait été présentée régulièrement.

Par le jugement n° 1260 du 29 juin 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a considéré que la préfecture de police de Bologne avait agi illégalement en refusant un titre de séjour demandé pour un stage de six mois.

Le demandeur était entré légalement en Italie, avait présenté sa demande dans les délais, avait accompli le stage comme prévu et avait ensuite obtenu un contrat de travail à durée indéterminée. Malgré cela, l’administration n’avait statué qu’après la fin du stage.

La demande avait été présentée dans les délais

Le ressortissant étranger était entré en Italie le 14 juillet 2024 avec un visa valable pour études et stage professionnel.

Le programme devait se dérouler du 2 août 2024 au 31 janvier 2025 et avait pour objectif l’acquisition de compétences professionnelles dans le secteur du bâtiment.

Le demandeur avait présenté sa demande de titre de séjour le 9 août 2024, soit quelques jours seulement après le début du stage. Il s’était ensuite rendu auprès du bureau de l’immigration pour les opérations d’identification et de relevé des empreintes digitales.

La procédure avait donc été régulièrement engagée et le demandeur avait accompli les formalités qui lui incombaient.

Pourtant, l’administration n’avait pas délivré le titre avant la fin du stage.

Le premier avertissement est arrivé un an plus tard

La situation est devenue particulièrement problématique lorsque la préfecture de police a adressé sa première objection formelle près d’un an après le dépôt de la demande.

L’administration reprochait au demandeur de ne pas avoir produit la preuve du renouvellement du projet de stage.

Le tribunal a considéré cette motivation comme illogique.

Le stage n’avait pas été abandonné ni interrompu. Il avait été accompli jusqu’à son terme, à la date initialement prévue.

Le demandeur ne sollicitait pas un nouveau stage ni la prolongation du précédent. Il demandait le titre de séjour correspondant au projet pour lequel il avait été autorisé à entrer en Italie.

La fin normale du stage ne pouvait donc pas être transformée en motif de refus.

L’administration ne peut pas tirer avantage de son propre retard

Le principe central du jugement est clair : le retard administratif ne peut pas devenir un obstacle juridique opposé au demandeur.

Le tribunal reconnaît que les délais prévus pour la délivrance des titres de séjour ne sont généralement pas des délais impératifs. Une décision tardive n’est donc pas automatiquement illégale.

Cela ne signifie toutefois pas que l’administration puisse ignorer les effets juridiques de son propre retard.

La demande devait être examinée au regard de la situation existant au moment où elle avait été présentée.

Dans cette affaire :

  • le demandeur disposait d’un visa valable ;

  • la demande avait été déposée rapidement ;

  • le stage avait effectivement été réalisé ;

  • le projet s’était achevé alors que la procédure était toujours pendante ;

  • le titre n’avait pas été délivré parce que l’administration n’avait pas statué à temps.

Le tribunal a donc exclu que la fin du stage puisse justifier le refus.

Le demandeur était également critiqué pour ne pas avoir demandé la conversion du titre

La décision de refus faisait aussi référence au fait que le demandeur n’avait pas sollicité la conversion du titre de séjour pour stage en titre de séjour pour travail salarié.

Le tribunal a jugé ce raisonnement tout aussi erroné.

Une demande de conversion suppose normalement l’existence d’un titre de séjour à convertir.

Or, dans cette affaire, le titre pour stage n’avait jamais été délivré.

Le demandeur ne pouvait pas être tenu responsable de ne pas avoir converti un document que l’administration elle-même ne lui avait jamais remis.

L’absence de demande de conversion était donc la conséquence du retard administratif, et non d’un manque de diligence de l’intéressé.

Le demandeur avait ensuite obtenu un emploi stable

L’affaire démontrait également que le stage avait atteint son objectif professionnel.

Le 8 septembre 2025, le demandeur avait signé un contrat de travail à durée indéterminée.

Cette circonstance ne transformait pas automatiquement la demande initiale en demande de titre de séjour pour travail salarié. Elle constituait néanmoins un élément important que l’administration devait prendre en considération lors du réexamen de la situation.

Le tribunal n’a pas ordonné la délivrance immédiate d’un titre de séjour pour travail.

Il a imposé à la préfecture de police de réexaminer la demande sans se fonder sur les motifs illégaux utilisés dans la décision de refus.

Une motivation confuse et contradictoire

Le tribunal a également critiqué la motivation de la décision administrative.

Le refus faisait référence à plusieurs éléments différents :

  • la fin du stage ;

  • l’absence de prolongation du projet ;

  • l’existence d’un contrat de travail ;

  • la situation contributive du demandeur ;

  • l’absence de demande de conversion ;

  • l’absence supposée des conditions permettant la délivrance d’un autre titre.

Selon les juges, cette accumulation d’éléments ne permettait pas de comprendre clairement la véritable raison juridique du refus.

Une décision administrative doit permettre à l’intéressé de comprendre le raisonnement suivi par l’autorité.

L’énumération de faits hétérogènes ne suffit pas lorsque l’administration n’explique pas lequel d’entre eux est décisif et pour quelle raison.

Un problème plus général des procédures d’immigration

Le jugement met en lumière une difficulté structurelle de l’administration italienne de l’immigration.

De nombreux titres de séjour sont liés à des activités limitées dans le temps : stages, emplois saisonniers, cours d’études, projets de recherche ou programmes de formation.

Lorsque la procédure administrative dure plus longtemps que l’activité elle-même, le titre risque de perdre toute utilité avant même d’être délivré.

Si l’administration pouvait refuser chaque demande au seul motif que le projet s’est achevé pendant la période d’attente, elle pourrait rendre la procédure inutile simplement en ne statuant pas à temps.

Le tribunal refuse un tel résultat.

La demande doit être appréciée à la lumière des circonstances existant lors de son dépôt, surtout lorsque l’intéressé a agi correctement et que l’expiration du projet résulte uniquement du retard de l’administration.

L’administration doit réexaminer l’affaire

Le jugement n’accorde pas directement le titre de séjour.

Il annule la décision de refus et impose à la préfecture de police de Bologne de réexaminer la demande.

Dans le nouveau cadre procédural, l’administration ne pourra pas considérer comme négative la conclusion régulière du stage.

Elle ne pourra pas non plus reprocher au demandeur de ne pas avoir converti un titre qui n’a jamais été délivré.

Elle devra examiner la demande initiale, le bon déroulement du stage et la relation de travail apparue par la suite.

Un principe essentiel pour les ressortissants étrangers

La décision confirme un principe fondamental d’équité administrative.

Un ressortissant étranger qui présente sa demande dans les délais et accomplit les formalités requises ne doit pas supporter les conséquences d’un retard imputable aux autorités.

L’absence de délai impératif ne confère pas à l’administration une liberté illimitée.

Les autorités publiques doivent agir de bonne foi et ne peuvent pas utiliser les effets de leur propre inertie pour refuser un droit.

En matière d’immigration, le temps n’est pas une question secondaire. Les retards peuvent compromettre l’emploi, la régularité du séjour et la continuité du parcours personnel de l’intéressé.

Le jugement affirme clairement que le temps administratif ne peut pas être géré de manière à neutraliser le droit que la procédure devait précisément protéger.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

August 12, 2026 at 12:00AM Signalement SIS : quand empêche-t-il un titre de séjour ? Signalement SIS : quand empêche-t-il un titre de séjour ? Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l'Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo. Une décision publiée le 1er juillet 2026 confirme qu'un signalement SIS aux fins de non-admission peut empêcher la délivrance d'un titre de séjour en Italie. Une exception n'est possible qu'en présence de motifs humanitaires sérieux ou d'obligations internationales. https://www.youtube.com/watch?v=YLDvhCE4k9Y https://www.youtube.com/watch/YLDvhCE4k9Y

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/lnjRaqu

Signalement SIS : quand empêche-t-il un titre de séjour ?

Signalement SIS : quand empêche-t-il un titre de séjour ? by Avv. Fabio Loscerbo
Signalement SIS : quand empêche-t-il un titre de séjour ? Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l'Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo. Une décision publiée le 1er juillet 2026 confirme qu'un signalement SIS aux fins de non-admission peut empêcher la délivrance d'un titre de séjour en Italie. Une exception n'est possible qu'en présence de motifs humanitaires sérieux ou d'obligations internationales.
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=YLDvhCE4k9Y

Italy: Court Upholds Closure of Residence Permit Renewal After Four Missed Appointments https://ift.tt/SVZMYPo Avv. Fabio Loscerbo Italy: Court Upholds Closure of Residence Permit Renewal After Four Missed Appointments An Italian administrative court has upheld the closure of a residence permit renewal procedure after the applicant failed to attend four separate appointments for identification and fingerprinting. In judgment no. 1315 of 10 July 2026, the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna rejected the appeal brought by a Moroccan national against the Bologna Police Headquarters’ decision to close his application for the renewal of a residence permit for subordinate employment. The ruling draws a clear line between the rights of foreign nationals in immigration procedures and their duty to cooperate with the authorities. According to the court, an applicant cannot expect a procedure to remain open indefinitely when repeated official appointments are ignored without explanation. Four appointments were missed The applicant had submitted his renewal request through the postal kit procedure. He was first called to the Immigration Office in Bologna on 18 June 2024 for identification and fingerprinting. After he failed to attend, the authorities scheduled three further appointments: 6 August 2024, 18 September 2024 and 21 January 2026. The applicant did not appear on any of those dates. The Police Headquarters therefore decided to close the case, stating that the procedure could not be postponed indefinitely and that the absence of identification made it impossible to continue processing the application. The applicant challenged the decision, arguing that closure was disproportionate and that a new appointment could still have been arranged. He also claimed that he had not received a formal prior notice of refusal and asked the authorities to take account of his personal and family circumstances. The court rejected those arguments. Fingerprinting is not a minor formality The judgment emphasises that identification and fingerprinting are essential stages in residence permit procedures. Submitting a postal application is only the first step. The foreign national must later appear in person so that the authorities can verify identity, collect biometric data and carry out the checks required for the electronic permit. Without the applicant’s presence, the procedure cannot be completed. A single missed appointment may be explained by illness, a communication error or another temporary difficulty. In this case, however, the applicant missed four appointments over a period of approximately eighteen months and gave no valid reason for his absence. For the court, this was no longer a minor procedural irregularity. It amounted to a prolonged failure to cooperate. The decision was considered proportionate The applicant argued that closing the file was too severe because the authorities could simply have arranged another appointment. The court noted, however, that this had already happened three times. After the first absence, the Police Headquarters did not immediately reject the application. It repeatedly rescheduled the appointment, giving the applicant several further opportunities to complete the required formalities. The final decision was therefore considered proportionate. The principle of proportionality requires public authorities to choose measures that are suitable and not excessively burdensome. It does not, however, require them to repeat the same administrative step without limit when the person concerned remains inactive. According to the judgment, the authorities had already used the less restrictive solution several times before deciding to close the case. The procedure could not remain open forever The court also relied on the general duty of public authorities to bring administrative procedures to a conclusion. Under Italian administrative law, an authority must adopt an express decision rather than leave an application pending indefinitely. Where a request becomes impossible to process because an essential requirement is missing, the administration may close the procedure through a simplified decision. In this case, the missing element was not merely a document. It was the applicant’s personal appearance, which was necessary to confirm his identity and take fingerprints. The Police Headquarters was therefore entitled to conclude that the case could no longer be processed. No special requirement for personal service The applicant also argued that only a notice personally delivered into his hands could guarantee actual knowledge of the appointments. The court rejected this argument because no legal rule requires summonses for fingerprinting to be served personally. In the absence of a specific exception, ordinary rules on administrative communications apply. The applicant did not prove that the notices had been sent to the wrong address or that he had not received them. The challenge concerned only the method of communication. The court therefore considered all four appointments to have been properly notified. The repeated appointments were enough to ensure participation Another issue concerned the lack of a formal prior notice before the file was closed. The court held that the four summonses had already provided the applicant with sufficient opportunities to participate in the procedure. A fingerprinting appointment is not exactly the same as a formal notice of refusal. However, in the circumstances of the case, the court adopted a practical approach. The applicant had been repeatedly invited to complete the essential step required for the renewal. He had ignored all four invitations and had never contacted the authorities to explain his absence or request a postponement. For this reason, the court concluded that the authorities had already exhausted every reasonable form of dialogue with him. Cooperation and good faith apply to foreign nationals too One of the most important parts of the judgment concerns the principles of cooperation and good faith. Italian administrative law provides that relations between individuals and public authorities must be based on cooperation and good faith. The court stated that this principle also applies to foreign nationals requesting residence documents. The rule works in both directions. Authorities must act correctly, provide clear information, properly notify appointments and consider genuine difficulties. At the same time, applicants must keep their contact details updated, attend scheduled appointments, communicate any obstacles and provide the information needed to complete the procedure. In this case, the court found that the applicant had failed to meet that duty of cooperation. Personal and family circumstances were not enough The applicant asked the court to consider that he had lived in Italy for years, was a father and had found a new employment opportunity after a period of unemployment. The court did not consider those factors sufficient to overcome the procedural problem. Employment, family ties and social integration may be relevant when the authorities assess whether the substantive requirements for renewal are satisfied. They do not, however, eliminate the need for personal identification. The administration cannot properly examine the merits of an application when the applicant repeatedly fails to complete an essential step in the procedure. The ruling does not mean that personal circumstances are always irrelevant. They could be important where an appointment is missed because of illness, a serious family emergency or a genuine notification problem. No such explanation was provided in this case. A warning for residence permit applicants The judgment sends a direct message to foreign nationals involved in residence permit procedures. Rights must be protected, but applicants must also actively cooperate. A single missed appointment should not automatically lead to the loss of a residence procedure. Repeated absences without explanation, however, can justify closure of the file. Anyone unable to attend an appointment should immediately contact the Immigration Office, explain the reason and provide supporting evidence where possible. Remaining silent is the worst option. The ruling confirms that immigration procedures cannot be managed as if the entire burden rested on the administration. The authorities must respect legal guarantees, but applicants must also do what is necessary to allow the procedure to continue. Avv. Fabio Loscerbo ORCID: https://ift.tt/s0hbeJk

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/lnjRaqu

Italy: Court Upholds Closure of Residence Permit Renewal After Four Missed Appointments

Italy: Court Upholds Closure of Residence Permit Renewal After Four Missed Appointments

An Italian administrative court has upheld the closure of a residence permit renewal procedure after the applicant failed to attend four separate appointments for identification and fingerprinting.

In judgment no. 1315 of 10 July 2026, the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna rejected the appeal brought by a Moroccan national against the Bologna Police Headquarters’ decision to close his application for the renewal of a residence permit for subordinate employment.

The ruling draws a clear line between the rights of foreign nationals in immigration procedures and their duty to cooperate with the authorities. According to the court, an applicant cannot expect a procedure to remain open indefinitely when repeated official appointments are ignored without explanation.

Four appointments were missed

The applicant had submitted his renewal request through the postal kit procedure.

He was first called to the Immigration Office in Bologna on 18 June 2024 for identification and fingerprinting. After he failed to attend, the authorities scheduled three further appointments: 6 August 2024, 18 September 2024 and 21 January 2026.

The applicant did not appear on any of those dates.

The Police Headquarters therefore decided to close the case, stating that the procedure could not be postponed indefinitely and that the absence of identification made it impossible to continue processing the application.

The applicant challenged the decision, arguing that closure was disproportionate and that a new appointment could still have been arranged. He also claimed that he had not received a formal prior notice of refusal and asked the authorities to take account of his personal and family circumstances.

The court rejected those arguments.

Fingerprinting is not a minor formality

The judgment emphasises that identification and fingerprinting are essential stages in residence permit procedures.

Submitting a postal application is only the first step. The foreign national must later appear in person so that the authorities can verify identity, collect biometric data and carry out the checks required for the electronic permit.

Without the applicant’s presence, the procedure cannot be completed.

A single missed appointment may be explained by illness, a communication error or another temporary difficulty. In this case, however, the applicant missed four appointments over a period of approximately eighteen months and gave no valid reason for his absence.

For the court, this was no longer a minor procedural irregularity. It amounted to a prolonged failure to cooperate.

The decision was considered proportionate

The applicant argued that closing the file was too severe because the authorities could simply have arranged another appointment.

The court noted, however, that this had already happened three times.

After the first absence, the Police Headquarters did not immediately reject the application. It repeatedly rescheduled the appointment, giving the applicant several further opportunities to complete the required formalities.

The final decision was therefore considered proportionate.

The principle of proportionality requires public authorities to choose measures that are suitable and not excessively burdensome. It does not, however, require them to repeat the same administrative step without limit when the person concerned remains inactive.

According to the judgment, the authorities had already used the less restrictive solution several times before deciding to close the case.

The procedure could not remain open forever

The court also relied on the general duty of public authorities to bring administrative procedures to a conclusion.

Under Italian administrative law, an authority must adopt an express decision rather than leave an application pending indefinitely.

Where a request becomes impossible to process because an essential requirement is missing, the administration may close the procedure through a simplified decision.

In this case, the missing element was not merely a document. It was the applicant’s personal appearance, which was necessary to confirm his identity and take fingerprints.

The Police Headquarters was therefore entitled to conclude that the case could no longer be processed.

No special requirement for personal service

The applicant also argued that only a notice personally delivered into his hands could guarantee actual knowledge of the appointments.

The court rejected this argument because no legal rule requires summonses for fingerprinting to be served personally.

In the absence of a specific exception, ordinary rules on administrative communications apply.

The applicant did not prove that the notices had been sent to the wrong address or that he had not received them. The challenge concerned only the method of communication.

The court therefore considered all four appointments to have been properly notified.

The repeated appointments were enough to ensure participation

Another issue concerned the lack of a formal prior notice before the file was closed.

The court held that the four summonses had already provided the applicant with sufficient opportunities to participate in the procedure.

A fingerprinting appointment is not exactly the same as a formal notice of refusal. However, in the circumstances of the case, the court adopted a practical approach.

The applicant had been repeatedly invited to complete the essential step required for the renewal. He had ignored all four invitations and had never contacted the authorities to explain his absence or request a postponement.

For this reason, the court concluded that the authorities had already exhausted every reasonable form of dialogue with him.

Cooperation and good faith apply to foreign nationals too

One of the most important parts of the judgment concerns the principles of cooperation and good faith.

Italian administrative law provides that relations between individuals and public authorities must be based on cooperation and good faith.

The court stated that this principle also applies to foreign nationals requesting residence documents.

The rule works in both directions.

Authorities must act correctly, provide clear information, properly notify appointments and consider genuine difficulties. At the same time, applicants must keep their contact details updated, attend scheduled appointments, communicate any obstacles and provide the information needed to complete the procedure.

In this case, the court found that the applicant had failed to meet that duty of cooperation.

Personal and family circumstances were not enough

The applicant asked the court to consider that he had lived in Italy for years, was a father and had found a new employment opportunity after a period of unemployment.

The court did not consider those factors sufficient to overcome the procedural problem.

Employment, family ties and social integration may be relevant when the authorities assess whether the substantive requirements for renewal are satisfied. They do not, however, eliminate the need for personal identification.

The administration cannot properly examine the merits of an application when the applicant repeatedly fails to complete an essential step in the procedure.

The ruling does not mean that personal circumstances are always irrelevant. They could be important where an appointment is missed because of illness, a serious family emergency or a genuine notification problem.

No such explanation was provided in this case.

A warning for residence permit applicants

The judgment sends a direct message to foreign nationals involved in residence permit procedures.

Rights must be protected, but applicants must also actively cooperate.

A single missed appointment should not automatically lead to the loss of a residence procedure. Repeated absences without explanation, however, can justify closure of the file.

Anyone unable to attend an appointment should immediately contact the Immigration Office, explain the reason and provide supporting evidence where possible.

Remaining silent is the worst option.

The ruling confirms that immigration procedures cannot be managed as if the entire burden rested on the administration. The authorities must respect legal guarantees, but applicants must also do what is necessary to allow the procedure to continue.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428



via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/SVZMYPo

إشارة SIS: متى تمنع الحصول على تصريح الإقامة؟ مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. نتناول اليوم الآثار القانونية للإشارة المسجلة في نظام معلومات شنغن، المعروف باسم SIS، على إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا، من خلال حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا، نُشر في الأول من يوليو/تموز 2026، في الدعوى المقيدة برقم السجل العام 813 لسنة 2022. تتعلق القضية بمواطن أجنبي تقدم بطلب لتسوية وضعه القانوني في إطار برنامج تقنين العمل غير النظامي في إيطاليا. إلا أن مديرية شرطة مودينا رفضت الطلب بسبب وجود إشارة SIS صادرة عن السلطات الفرنسية تمنع دخوله إلى فضاء شنغن. واحتج مقدم الطلب بأن السلطات الإيطالية كان ينبغي أن تقيّم ظروفه الشخصية بدلًا من الاعتماد تلقائيًا على الإشارة الصادرة من دولة أخرى. رفضت المحكمة الطعن وأكدت مبدأً قانونيًا بالغ الأهمية. فوفقًا للقضاة، فإن الإشارة المسجلة في نظام SIS لأغراض عدم السماح بالدخول تُعد، كقاعدة عامة، مانعًا قانونيًا لإصدار تصريح الإقامة. ولذلك، فإن قرار مديرية الشرطة يُعتبر قرارًا ملزمًا لا يترك للإدارة سلطة تقديرية. كما أن السلطات الإيطالية ليست ملزمة بإعادة تقييم مدى خطورة الشخص أو مراجعة مشروعية الإشارة التي أصدرتها الدولة الأجنبية. ومع ذلك، يوضح الحكم وجود استثناء مهم في القانون الأوروبي. إذ يجوز لإحدى الدول إصدار تصريح إقامة رغم وجود إشارة SIS، ولكن فقط إذا توفرت أسباب جدية، ولا سيما لأسباب إنسانية أو تنفيذًا لالتزامات دولية. وفي هذه الحالة، يجب أولًا إجراء مشاورات رسمية مع الدولة التي أدرجت الإشارة في نظام شنغن. ويؤكد هذا الحكم مبدأً راسخًا في قانون الهجرة: فإشارة SIS ليست مجرد معلومة إدارية، بل تترتب عليها آثار قانونية مباشرة قد تمنع إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا. ولا يمكن تجاوز هذا المانع إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون صراحة. شكرًا لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو، وألقاكم في الحلقة القادمة لمناقشة أحدث الأحكام القضائية والتطورات التشريعية وأهم قضايا قانون الهجرة في إيطاليا. إشارة SIS: متى تمنع الحصول على تصريح الإقامة؟ مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. نتناول اليوم الآثار القانونية للإشارة المسجلة في نظام معلومات شنغن، المعروف باسم SIS، على إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا، من خلال حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا، نُشر في الأول من يوليو/تموز 2026، في الدعوى المقيدة برقم السجل العام 813 لسنة 2022. تتعلق القضية بمواطن أجنبي تقدم بطلب لتسوية وضعه القانوني في إطار برنامج تقنين العمل غير النظامي في إيطاليا. إلا أن مديرية شرطة مودينا رفضت الطلب بسبب وجود إشارة SIS صادرة عن السلطات الفرنسية تمنع دخوله إلى فضاء شنغن. واحتج مقدم الطلب بأن السلطات الإيطالية كان ينبغي أن تقيّم ظروفه الشخصية بدلًا من الاعتماد تلقائيًا على الإشارة الصادرة من دولة أخرى. رفضت المحكمة الطعن وأكدت مبدأً قانونيًا بالغ الأهمية. فوفقًا للقضاة، فإن الإشارة المسجلة في نظام SIS لأغراض عدم السماح بالدخول تُعد، كقاعدة عامة، مانعًا قانونيًا لإصدار تصريح الإقامة. ولذلك، فإن قرار مديرية الشرطة يُعتبر قرارًا ملزمًا لا يترك للإدارة سلطة تقديرية. كما أن السلطات الإيطالية ليست ملزمة بإعادة تقييم مدى خطورة الشخص أو مراجعة مشروعية الإشارة التي أصدرتها الدولة الأجنبية. ومع ذلك، يوضح الحكم وجود استثناء مهم في القانون الأوروبي. إذ يجوز لإحدى الدول إصدار تصريح إقامة رغم وجود إشارة SIS، ولكن فقط إذا توفرت أسباب جدية، ولا سيما لأسباب إنسانية أو تنفيذًا لالتزامات دولية. وفي هذه الحالة، يجب أولًا إجراء مشاورات رسمية مع الدولة التي أدرجت الإشارة في نظام شنغن. ويؤكد هذا الحكم مبدأً راسخًا في قانون الهجرة: فإشارة SIS ليست مجرد معلومة إدارية، بل تترتب عليها آثار قانونية مباشرة قد تمنع إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا. ولا يمكن تجاوز هذا المانع إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون صراحة. شكرًا لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو، وألقاكم في الحلقة القادمة لمناقشة أحدث الأحكام القضائية والتطورات التشريعية وأهم قضايا قانون الهجرة في إيطاليا. https://ift.tt/EMfVDW5 https://p16-common-sign.tiktokcdn-eu.com/tos-no1a-p-0037-no/oweE7q8TLDNs5IoZ7kFBAeIErAp2Aj9fEAFUAm~tplv-tiktokx-cropcenter-q:300:400:q70.jpeg?dr=9232&refresh_token=feb57a0e&x-expires=1786564800&x-signature=6%2FASMqnMlgPVlAnzfBC1xAprUm8%3D&t=bacd0480&ps=933b5bde&shp=d05b14bd&shcp=8aecc5ac&idc=no1a&biz_tag=tt_video&s=TIKTOK_FOR_DEVELOPER&sc=cover

via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/lnjRaqu

lunedì 10 agosto 2026

La segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen come causa ostativa alla regolarizzazione

 

La segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen come causa ostativa alla regolarizzazione

Automatismo del diniego, motivi seri e limiti della valutazione dello Stato italiano

Nota a TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 1° luglio 2026, n. 1265

Abstract

Con la sentenza 1° luglio 2026, n. 1265, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso proposto contro il diniego di un’istanza di emersione del lavoro irregolare, adottato dalla Questura di Modena in ragione dell’esistenza di una segnalazione inserita dalla Francia nel Sistema d’informazione Schengen ai fini della non ammissione.

Il TAR ha qualificato la segnalazione come causa ostativa de iure alla regolarizzazione prevista dall’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ritenendo il provvedimento questorile vincolato e adeguatamente motivato mediante il richiamo all’allerta proveniente dall’altro Stato Schengen. Secondo la pronuncia, l’Amministrazione italiana non è tenuta né a rivalutare la concreta pericolosità dello straniero né a sindacare la legittimità dell’atto estero. Il rilascio di un titolo nonostante la segnalazione sarebbe possibile soltanto in presenza di motivi seri, in particolare umanitari o derivanti da obblighi internazionali, e previa consultazione dello Stato segnalante.

La decisione offre l’occasione per esaminare la forza ostativa delle segnalazioni SIS, il principio di reciproco riconoscimento tra gli Stati dell’area Schengen, la distinzione tra ingresso e soggiorno, nonché gli spazi residui per una valutazione individualizzata della posizione dello straniero.

1. La vicenda sottoposta al TAR Emilia-Romagna

La controversia traeva origine dal rigetto di un’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata nell’ambito della procedura disciplinata dall’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020.

La Questura di Modena aveva respinto la domanda con provvedimento del 14 maggio 2022, notificato il 17 settembre successivo, disponendo anche l’immediato ritiro della ricevuta postale collegata alla pratica.

Alla base del diniego vi era una segnalazione inserita dalla Francia nel Sistema d’informazione Schengen il 19 marzo 2021. La segnalazione risultava confermata dall’autorità straniera competente ed era finalizzata alla non ammissione dell’interessato nell’area Schengen.

Il ricorrente sosteneva che l’allerta fosse collegata a una mera irregolarità amministrativa per ingresso illegale in Francia. Contestava quindi l’automatismo applicato dalla Questura e lamentava l’assenza di un’autonoma istruttoria sulla propria situazione personale, sui requisiti richiesti per l’emersione e sull’eventuale esistenza di motivi seri idonei a consentire il rilascio del titolo nonostante la segnalazione.

Il TAR ha respinto il ricorso, affermando che la segnalazione ai fini della non ammissione integrava una causa ostativa direttamente prevista dalla disciplina speciale dell’emersione. Il diniego costituiva pertanto un atto vincolato, per la cui motivazione era sufficiente il riferimento alla segnalazione adottata dall’altro Stato dell’area Schengen.

2. Il Sistema d’informazione Schengen e la circolazione delle informazioni tra Stati

Il Sistema d’informazione Schengen costituisce uno degli strumenti centrali della cooperazione europea in materia di controllo delle frontiere, immigrazione e sicurezza.

Attraverso il SIS, le autorità nazionali inseriscono e consultano segnalazioni riguardanti persone o beni. Tra queste assumono particolare importanza le segnalazioni relative ai cittadini di Paesi terzi destinatari di un provvedimento di rimpatrio o di un divieto di ingresso e soggiorno.

La funzione del sistema è eminentemente sovranazionale. La segnalazione inserita da uno Stato non rimane confinata nel relativo ordinamento, ma produce effetti nell’intera area Schengen, secondo le condizioni previste dal diritto dell’Unione e dalle disposizioni nazionali di attuazione.

Tale meccanismo si fonda sulla fiducia reciproca tra gli Stati partecipanti. L’autorità italiana che consulta una segnalazione francese, tedesca o spagnola non è normalmente chiamata a riesaminare nel merito il provvedimento che ne costituisce il presupposto. Deve attribuire all’allerta gli effetti previsti dall’ordinamento comune, salvo l’attivazione delle procedure di consultazione e rettifica espressamente disciplinate.

La sentenza in commento applica rigorosamente questa impostazione, escludendo che la Questura italiana potesse sindacare la correttezza dell’atto francese o sostituire alla valutazione dello Stato segnalante una propria autonoma ricostruzione dei fatti.

3. La disciplina speciale dell’emersione del 2020

Il punto decisivo della pronuncia è rappresentato dall’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La disposizione escludeva dalla procedura di emersione gli stranieri che risultassero segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali vigenti per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

La norma configurava dunque un requisito negativo espresso. La mancanza di una segnalazione Schengen non costituiva un elemento secondario della procedura, ma una condizione necessaria per l’accesso alla regolarizzazione.

In questa prospettiva, il TAR ritiene che l’Amministrazione non disponesse di un ordinario potere di ponderazione. Una volta verificata l’esistenza e l’attualità della segnalazione, la domanda non poteva essere accolta, salvo l’emersione di una delle eccezioni previste dal sistema Schengen.

La specialità della disciplina dell’emersione rafforza l’automatismo. Non si trattava di una normale domanda di rinnovo di un permesso già posseduto, nella quale potrebbero assumere rilievo la durata del soggiorno, i legami familiari o l’inserimento sociale. Si trattava dell’accesso a una procedura eccezionale di regolarizzazione, subordinata al rispetto di condizioni tassativamente indicate dal legislatore.

4. Il rapporto con gli artt. 4 e 5 del Testo unico sull’immigrazione

La sentenza richiama anche gli artt. 4, comma 6, e 5, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

L’art. 4, comma 6, impedisce l’ingresso agli stranieri segnalati ai fini del respingimento o della non ammissione, sulla base di accordi o convenzioni internazionali vigenti per l’Italia, per gravi motivi di ordine pubblico, sicurezza nazionale o tutela delle relazioni internazionali.

L’art. 5, comma 6, consente inoltre il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno sulla base di accordi internazionali quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.

Queste disposizioni dimostrano che la rilevanza della segnalazione Schengen non è limitata al momento materiale dell’attraversamento della frontiera. Essa può incidere anche sul rilascio o sul mantenimento di un titolo di soggiorno nello Stato italiano.

Occorre tuttavia distinguere i diversi piani.

La non ammissione concerne anzitutto l’ingresso nell’area Schengen. Il rilascio di un permesso a uno straniero già presente pone invece un problema ulteriore: quello della possibilità per uno Stato membro di riconoscere un diritto di soggiorno nonostante l’esistenza di un’allerta inserita da un altro Stato.

È precisamente in questo secondo ambito che assumono rilievo i motivi seri e la procedura di consultazione tra autorità nazionali.

5. La natura vincolata del diniego

Il TAR qualifica il provvedimento questorile come atto vincolato.

La qualificazione produce conseguenze rilevanti sul piano dell’istruttoria e della motivazione. Quando la legge attribuisce a un determinato fatto un effetto ostativo automatico, l’Amministrazione deve verificare essenzialmente:

  1. l’identità tra il richiedente e il soggetto segnalato;

  2. l’esistenza della segnalazione;

  3. la sua attualità;

  4. la finalità dell’allerta;

  5. l’eventuale presenza di eccezioni giuridicamente rilevanti.

Una volta accertati tali elementi, non sarebbe necessaria una nuova valutazione della pericolosità sociale dello straniero.

Secondo la sentenza, la motivazione può dunque essere costruita mediante il richiamo alla segnalazione e alla norma che le attribuisce efficacia ostativa. Non è richiesto che la Questura ricostruisca autonomamente i fatti avvenuti in Francia o dimostri che lo straniero rappresenti, nel momento attuale, una minaccia concreta per l’ordine pubblico.

Il punto merita attenzione. La segnalazione ai fini della non ammissione non coincide necessariamente con un giudizio di pericolosità criminale. Può derivare da un provvedimento di rimpatrio o da una violazione della normativa sull’ingresso e sul soggiorno.

L’automatismo non è quindi fondato sempre e soltanto sulla pericolosità personale, ma sull’esistenza di una decisione adottata da uno Stato Schengen alla quale l’ordinamento comune riconosce effetti transnazionali.

6. L’assenza di un potere italiano di riesame dell’atto straniero

Uno dei profili più netti della decisione riguarda l’impossibilità per la Questura italiana di vagliare la legittimità e la correttezza della segnalazione francese.

Il principio è coerente con la struttura del sistema.

Lo Stato che utilizza l’informazione non è competente a modificare o cancellare unilateralmente una segnalazione inserita da un’altra autorità nazionale. La responsabilità dell’esattezza, dell’aggiornamento e della legittimità dei dati grava anzitutto sullo Stato segnalante.

L’interessato che ritenga l’allerta illegittima, inesatta o non più attuale deve attivare gli strumenti di accesso, rettifica o cancellazione previsti dall’ordinamento europeo e nazionale, rivolgendosi alle autorità competenti e, se necessario, agli organi giurisdizionali o alle autorità di protezione dei dati.

L’Amministrazione italiana deve comunque verificare che la segnalazione sia effettivamente esistente e operativa. Non può però svolgere un sindacato sostitutivo sul provvedimento francese.

Questa distinzione è essenziale. Il riconoscimento dell’efficacia dell’allerta non significa che essa sia sottratta a ogni controllo giurisdizionale. Significa che il controllo deve essere esercitato attraverso i rimedi e davanti alle autorità competenti rispetto allo Stato che ha inserito la segnalazione.

7. I “motivi seri” e la procedura di consultazione

L’automatismo non è assoluto.

La sentenza ricorda che lo Stato che intenda rilasciare un permesso nonostante la segnalazione può farlo soltanto in presenza di motivi seri, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi internazionali.

La deroga presuppone ragioni oggettivamente rilevanti, non una generica convenienza amministrativa né la semplice aspirazione dello straniero a ottenere la regolarizzazione.

Possono venire in considerazione, in astratto, obblighi connessi alla tutela della vita privata e familiare, al divieto di respingimento verso un Paese nel quale sussista un rischio di persecuzione o trattamento inumano, alla protezione della salute in situazioni eccezionali o ad altri vincoli derivanti dal diritto internazionale e dell’Unione.

La presenza di tali ragioni non consente allo Stato italiano di ignorare unilateralmente la segnalazione. Impone l’attivazione di una procedura di consultazione con lo Stato segnalante.

La consultazione serve a coordinare due esigenze potenzialmente contrapposte: da un lato, l’efficacia transnazionale del provvedimento di non ammissione; dall’altro, l’eventuale obbligo dello Stato ospitante di riconoscere un titolo di soggiorno per ragioni superiori.

La sentenza ritiene che, nel caso concreto, non fossero stati rappresentati motivi seri di tale consistenza. Ne consegue la legittimità del diniego senza attivazione della procedura derogatoria.

8. Il problema della valutazione individualizzata

Il ricorrente lamentava che la Questura non avesse valutato la sua concreta situazione personale e i requisiti sostanziali posseduti per l’emersione.

Il TAR considera tali elementi recessivi rispetto alla causa ostativa.

La conclusione è coerente con la struttura della procedura speciale, ma pone un problema generale: fino a che punto un dato inserito nel SIS può sostituire la valutazione individualizzata richiesta dai principi di proporzionalità e buona amministrazione?

Occorre distinguere due situazioni.

Quando la norma nazionale qualifica espressamente la segnalazione come causa di esclusione da una procedura eccezionale, lo spazio per il bilanciamento è ridotto. La verifica individualizzata si concentra sulla corretta identificazione, sull’attualità dell’allerta e sull’eventuale presenza dei motivi seri derogatori.

Diverso sarebbe il caso in cui l’Amministrazione utilizzasse la segnalazione come indice generico di pericolosità in un procedimento che richieda espressamente una valutazione concreta e attuale della condotta dello straniero.

La sentenza non afferma che ogni segnalazione SIS autorizzi sempre e comunque qualsiasi diniego. Stabilisce che, nella specifica disciplina dell’emersione del 2020, la segnalazione ai fini della non ammissione costituiva un requisito ostativo previsto direttamente dalla legge.

9. Segnalazione Schengen e mera irregolarità amministrativa

La difesa del ricorrente sottolineava che la segnalazione derivava da un ingresso irregolare in Francia e non da una condanna penale o da una concreta minaccia per la sicurezza.

Il TAR non attribuisce a tale distinzione efficacia decisiva.

La ragione è che l’effetto ostativo dipende dalla qualificazione giuridica della segnalazione, non necessariamente dalla natura penale dei fatti che l’hanno originata.

Se l’autorità francese ha adottato un provvedimento rilevante ai fini della non ammissione e ha inserito validamente l’allerta nel SIS, gli altri Stati devono riconoscerne gli effetti fino alla sua cancellazione o modifica.

Ciò può apparire particolarmente gravoso quando la segnalazione trae origine da una violazione amministrativa. Tuttavia, la soluzione non consiste nel consentire a ogni Stato di disapplicare autonomamente l’allerta. Consiste nel garantire rimedi effettivi per verificarne la proporzionalità, la durata, l’esattezza e la persistente necessità davanti all’autorità competente.

Sul piano difensivo, diventa quindi fondamentale acquisire informazioni complete sul contenuto della segnalazione, sul provvedimento che ne costituisce il presupposto, sulla data di scadenza e sulle possibilità di cancellazione anticipata.

10. I limiti della motivazione per relationem

Il TAR considera sufficiente la motivazione costruita mediante il richiamo alla segnalazione proveniente dalla Francia.

La motivazione per relationem è ammissibile quando l’atto richiamato sia identificabile e il destinatario sia posto nella condizione di comprenderne la rilevanza.

In materia SIS, tuttavia, possono sorgere criticità specifiche. Le informazioni trasmesse all’interessato sono spesso limitate per ragioni di sicurezza o per la complessità della cooperazione tra autorità nazionali.

Una motivazione realmente comprensibile dovrebbe indicare almeno:

  • lo Stato che ha inserito la segnalazione;

  • la data dell’inserimento;

  • la finalità dell’allerta;

  • l’avvenuta verifica della sua attualità;

  • la norma nazionale che le attribuisce efficacia ostativa;

  • l’assenza, nel caso concreto, di motivi seri idonei a giustificare la deroga.

Nel caso esaminato, la relazione della Questura aveva precisato che la segnalazione francese era stata confermata dall’autorità estera collegata. Tale elemento rafforzava l’istruttoria e consentiva al TAR di escludere che il diniego fosse fondato su un dato non verificato.

11. Il rilievo della giurisprudenza richiamata

La sentenza si inserisce in un orientamento consolidato.

Il TAR richiama, tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 ottobre 2021, n. 6901, nonché precedenti dei TAR concernenti l’efficacia ostativa delle segnalazioni Schengen nelle procedure di emersione e rilascio del titolo.

Viene inoltre richiamata Consiglio di Stato, Sez. III, 8 luglio 2015, n. 3427, in relazione alla necessità che il rilascio del permesso nonostante la segnalazione sia giustificato da motivi seri e preceduto dalla consultazione dello Stato segnalante.

La continuità giurisprudenziale conferma due principi.

Il primo è che l’Amministrazione nazionale non può ignorare l’allerta né riesaminare liberamente il provvedimento straniero.

Il secondo è che l’esistenza della segnalazione non impedisce in senso assoluto ogni forma di soggiorno, ma rende necessario un percorso eccezionale, sostenuto da ragioni qualificate e coordinato con lo Stato che ha inserito l’allerta.

12. Profili critici della decisione

La soluzione adottata dal TAR è coerente con la disciplina speciale dell’emersione, ma lascia aperte alcune questioni.

In primo luogo, la sentenza utilizza formulazioni molto ampie, definendo la segnalazione come automaticamente preclusiva e il potere della Questura come privo di discrezionalità. Tale impostazione deve essere circoscritta alla specifica fattispecie normativa.

Non tutte le segnalazioni SIS hanno lo stesso contenuto e non tutti i procedimenti amministrativi attribuiscono loro identico valore. È necessario distinguere tra segnalazioni ai fini del rimpatrio, segnalazioni relative al rifiuto di ingresso e soggiorno, mere informazioni operative e altri tipi di allerta.

In secondo luogo, la verifica dell’esistenza di motivi seri non può essere ridotta a una formula astratta. Qualora lo straniero rappresenti legami familiari qualificati, esigenze di tutela dei minori, condizioni di vulnerabilità o obblighi di non respingimento, l’Amministrazione deve esaminarli espressamente e valutare l’attivazione della consultazione.

In terzo luogo, il principio di proporzionalità resta rilevante rispetto alla durata e all’attualità della segnalazione. Un’allerta non può produrre effetti indefiniti indipendentemente dalla persistenza dei presupposti che ne hanno giustificato l’inserimento.

13. Indicazioni operative per la difesa

La pronuncia evidenzia che una difesa limitata a contestare il carattere automatico della segnalazione difficilmente può risultare sufficiente.

Occorre anzitutto acquisire il contenuto dell’allerta e del provvedimento presupposto. È necessario verificare quale Stato abbia inserito la segnalazione, per quale ragione, con quale durata e sulla base di quale decisione.

Deve poi essere valutata la possibilità di ottenere la rettifica o la cancellazione presso lo Stato segnalante, soprattutto quando il provvedimento sia scaduto, revocato, sproporzionato oppure riferito a dati inesatti.

Parallelamente, davanti all’Amministrazione italiana devono essere rappresentati in modo documentato gli eventuali motivi seri: legami familiari, presenza di figli minori, condizioni sanitarie, obblighi internazionali di protezione o altri elementi idonei a imporre l’attivazione della consultazione.

La difesa deve quindi muoversi su due piani coordinati: rimuovere o contestare la segnalazione nello Stato competente e dimostrare, in Italia, l’eventuale esistenza delle condizioni eccezionali che consentono il rilascio del titolo nonostante l’allerta.

14. Considerazioni conclusive

La sentenza n. 1265 del 2026 conferma la particolare forza giuridica delle segnalazioni inserite nel Sistema d’informazione Schengen.

Nell’ambito della procedura di emersione prevista dall’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, la segnalazione ai fini della non ammissione costituiva una causa ostativa espressamente prevista dalla legge. La Questura non era pertanto chiamata a rivalutare la concreta pericolosità del richiedente né a sindacare la legittimità dell’atto adottato dalla Francia.

La decisione non elimina però ogni spazio di tutela.

La segnalazione deve essere effettiva, attuale e riferibile al richiedente. Lo straniero conserva il diritto di accedere ai dati, chiederne la rettifica o la cancellazione e contestare il provvedimento presupposto davanti alle autorità competenti.

Inoltre, la presenza di motivi seri, soprattutto umanitari o derivanti da obblighi internazionali, può imporre allo Stato italiano di valutare il rilascio del titolo e di avviare la consultazione con lo Stato segnalante.

Il nodo centrale consiste quindi nel corretto equilibrio tra fiducia reciproca europea e tutela individuale. Il sistema Schengen non può funzionare se ogni amministrazione nazionale disconosce unilateralmente gli atti degli altri Stati. Allo stesso tempo, il reciproco riconoscimento non può trasformare la segnalazione informatica in un dato incontestabile, sottratto a ogni verifica di esattezza, attualità e proporzionalità.

La segnalazione SIS produce effetti amministrativi particolarmente incisivi. Proprio per questo deve essere accompagnata da rimedi effettivi, informazioni accessibili e una rigorosa valutazione delle eccezioni imposte dai diritti fondamentali e dagli obblighi internazionali.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428