lunedì 31 agosto 2026

Italia: un tribunal establece que los retrasos administrativos no pueden justificar la denegación de un permiso de residencia

Italia: un tribunal establece que los retrasos administrativos no pueden justificar la denegación de un permiso de residencia

Un tribunal administrativo italiano ha anulado la denegación de un permiso de residencia por prácticas profesionales, al considerar que la Administración no puede utilizar las consecuencias de su propio retraso para rechazar una solicitud presentada correctamente.

Mediante la sentencia n.º 1260, de 29 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña declaró ilegal la decisión de la Jefatura de Policía de Bolonia que había rechazado un permiso de residencia vinculado a un programa formativo de seis meses.

El solicitante había entrado legalmente en Italia, había presentado la solicitud dentro del plazo, había completado las prácticas previstas y posteriormente había obtenido un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Pese a ello, la Administración resolvió el expediente únicamente cuando el periodo formativo ya había terminado.

La solicitud se presentó correctamente

El ciudadano extranjero entró en Italia el 14 de julio de 2024 con un visado válido para estudios y prácticas profesionales.

El proyecto estaba previsto entre el 2 de agosto de 2024 y el 31 de enero de 2025, con el objetivo de adquirir competencias profesionales en el sector de la construcción.

El interesado presentó la solicitud de permiso de residencia el 9 de agosto de 2024, pocos días después del inicio de las prácticas. Posteriormente acudió a la Oficina de Inmigración para completar la identificación y la toma de huellas dactilares.

Por tanto, el procedimiento se inició regularmente y el solicitante cumplió las obligaciones que le correspondían.

Sin embargo, la Administración no expidió el permiso antes de que terminara el programa.

El primer aviso llegó casi un año después

La situación se volvió especialmente problemática porque la primera objeción formal de la Jefatura de Policía llegó casi un año después de la presentación de la solicitud.

La Administración reprochó al interesado no haber acreditado la renovación del proyecto de prácticas.

El tribunal consideró esta motivación ilógica.

Las prácticas no habían sido abandonadas ni interrumpidas. Habían concluido satisfactoriamente en la fecha inicialmente prevista.

El solicitante no pedía autorización para un nuevo proyecto ni para ampliar el anterior. Solicitaba el permiso correspondiente a las prácticas para las que había sido autorizado a entrar en Italia.

Por ello, la terminación normal del proyecto no podía convertirse en motivo de denegación.

La Administración no puede beneficiarse de su propio retraso

El principio central de la sentencia es claro: el retraso administrativo no puede transformarse en un obstáculo jurídico contra el solicitante.

El tribunal reconoció que los plazos previstos para resolver las solicitudes de permiso de residencia no tienen, por regla general, carácter perentorio. Esto significa que una resolución tardía no es automáticamente inválida.

Pero no significa que la Administración pueda ignorar las consecuencias jurídicas de su propia demora.

La solicitud debía examinarse teniendo en cuenta la situación existente en el momento en que fue presentada.

En este caso:

  • el solicitante disponía de un visado válido;

  • la solicitud se presentó con rapidez;

  • las prácticas se realizaron efectivamente;

  • el proyecto terminó mientras el procedimiento seguía pendiente;

  • el permiso no se expidió porque la Administración no resolvió a tiempo.

Por tanto, el tribunal excluyó que la finalización de las prácticas pudiera justificar la denegación.

También se reprochó al solicitante no haber pedido la conversión

La resolución administrativa mencionaba además que el interesado no había solicitado la conversión del permiso por prácticas en un permiso de residencia por trabajo por cuenta ajena.

El tribunal consideró igualmente erróneo este razonamiento.

Una solicitud de conversión presupone normalmente la existencia de un permiso que pueda convertirse.

En este caso, el permiso por prácticas nunca había sido expedido.

No podía reprocharse al solicitante no haber convertido un documento que la propia Administración no le había entregado.

La ausencia de conversión era, por tanto, consecuencia del retraso administrativo y no de una falta de diligencia del interesado.

El solicitante obtuvo después un contrato indefinido

El caso demostraba también que el proyecto formativo había alcanzado su finalidad profesional.

El 8 de septiembre de 2025, el interesado firmó un contrato de trabajo por tiempo indefinido.

Esta circunstancia no convertía automáticamente la solicitud inicial en una petición de permiso por trabajo. Sin embargo, constituía un elemento relevante que la Administración debía valorar al volver a examinar su situación.

El tribunal no ordenó la expedición automática de un permiso de trabajo.

Impuso a la Jefatura de Policía la obligación de revisar el expediente sin basarse en los motivos ilegales utilizados en la denegación.

Una motivación confusa y contradictoria

El tribunal criticó también la motivación del acto administrativo.

La denegación hacía referencia simultáneamente a varios elementos:

  • la terminación de las prácticas;

  • la falta de renovación del proyecto;

  • la existencia de un contrato de trabajo;

  • la situación contributiva del solicitante;

  • la ausencia de una solicitud de conversión;

  • la supuesta falta de requisitos para otro tipo de permiso.

Según los jueces, esta acumulación de datos no permitía comprender con claridad cuál era la verdadera razón jurídica de la denegación.

Una resolución administrativa debe permitir al interesado conocer el razonamiento seguido por la autoridad.

No basta con enumerar hechos distintos si no se explica cuál de ellos resulta decisivo y por qué.

Un problema estructural de las políticas migratorias

La sentencia pone de manifiesto una dificultad más amplia de la Administración italiana de inmigración.

Muchos permisos están vinculados a actividades de duración limitada: prácticas, trabajo estacional, cursos de estudio, proyectos de investigación o programas formativos.

Cuando el procedimiento administrativo dura más que la propia actividad, el permiso puede perder utilidad antes incluso de ser expedido.

Si la Administración pudiera denegar todas las solicitudes por el solo hecho de que el proyecto terminó durante la espera, podría vaciar de contenido la ley simplemente retrasando la decisión.

El tribunal rechaza expresamente ese resultado.

Las solicitudes deben valorarse a la luz de las circunstancias existentes cuando fueron presentadas, sobre todo cuando el interesado actuó correctamente y la posterior expiración del proyecto se debió únicamente al retraso administrativo.

La Administración debe volver a examinar el caso

La sentencia no concede directamente el permiso de residencia.

Anula la denegación y obliga a la Jefatura de Policía de Bolonia a revisar la solicitud.

En el nuevo procedimiento, la Administración no podrá tratar como un elemento negativo la conclusión regular de las prácticas.

Tampoco podrá reprochar al solicitante no haber convertido un permiso que nunca fue expedido.

Deberá valorar la solicitud inicial, la realización efectiva del proyecto formativo y la relación laboral surgida posteriormente.

Un principio esencial para los ciudadanos extranjeros

La decisión reafirma un principio básico de justicia administrativa.

Un extranjero que presenta su solicitud a tiempo y cumple los trámites exigidos no debe soportar las consecuencias de una demora imputable a las autoridades.

La ausencia de un plazo perentorio no concede a la Administración una libertad ilimitada.

Los poderes públicos deben actuar de buena fe y no pueden utilizar los efectos de su propia inactividad como motivo para negar un derecho.

En materia migratoria, el tiempo no es una cuestión secundaria. Los retrasos pueden afectar al trabajo, a la regularidad de la residencia y a la continuidad del proyecto personal del interesado.

La sentencia deja claro que el tiempo administrativo no puede gestionarse de forma que destruya el derecho que el procedimiento debía proteger.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428



via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/JgLqdXU

Opposizione all’espulsione e udienza cartolare: l’amministrazione può costituirsi, ma il ricorrente deve poter replicare

Con Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12492/2026, depositata il 4 maggio 2026, la Suprema Corte chiarisce l’applicazione dell’art. 127-ter c.p.c. alle opposizioni avverso il decreto di espulsione.

La Corte osserva che, se il giudice assegna all’amministrazione un termine anticipato per costituirsi non previsto dalla legge, quel termine non diventa automaticamente perentorio. Tuttavia, resta intatto il principio del contraddittorio. Se l’amministrazione deposita una memoria il giorno della trattazione cartolare e il giudice decide immediatamente, senza consentire al ricorrente di replicare, la garanzia difensiva risulta compromessa.

Il rimedio può consistere nella fissazione di un’udienza in presenza oppure in una nuova trattazione cartolare con termini adeguati per entrambe le parti. La semplificazione del rito non può trasformarsi nella possibilità per una parte di introdurre argomenti potenzialmente decisivi quando l’altra non ha più alcuno spazio effettivo per rispondere.

La pronuncia è particolarmente rilevante nella pratica quotidiana, dove la trattazione scritta è ormai frequente anche nei procedimenti in materia di immigrazione. Il principio resta quello tradizionale: rapidità e semplificazione processuale sono compatibili con il giusto processo soltanto se non comprimono il diritto di difesa.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Diniego del permesso ed espulsione nello stesso giorno: la successiva sospensiva del TAR incide sul giudizio del Giudice di pace

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21790/2026, depositata il 25 giugno 2026, affronta una situazione processualmente delicata e tutt’altro che rara: il diniego del permesso di soggiorno notificato nello stesso giorno del decreto di espulsione.

In quel momento il termine per impugnare il diniego non era ancora decorso. Successivamente il TAR aveva sospeso cautelarmente l’efficacia del provvedimento amministrativo. La Cassazione ha cassato con rinvio la decisione del Giudice di pace, che aveva continuato a qualificare lo straniero come irregolare senza considerare la sopravvenuta inefficacia del diniego e le conseguenze di tale sospensione sui presupposti dell’espulsione ex art. 13, comma 2, lett. b), TUI.

Il principio è di grande rilevanza pratica. Il giudizio amministrativo sul titolo di soggiorno e il giudizio ordinario sull’espulsione non possono essere trattati come compartimenti stagni quando l’efficacia dell’uno incide direttamente sui presupposti dell’altro.

Per la difesa ciò significa che ogni sopravvenienza cautelare nel giudizio davanti al TAR deve essere immediatamente portata all’attenzione del Giudice di pace. La verifica della legittimità dell’espulsione deve infatti tener conto della situazione giuridica effettivamente esistente al momento della decisione, non di una qualificazione astratta ormai superata dagli sviluppi processuali.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

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Domanda di asilo formulata durante la convalida dell’accompagnamento: il giudice deve esaminarla davvero

La sentenza n. 13625/2026 della Prima Sezione civile della Cassazione, depositata l’11 maggio 2026, affronta un tema di particolare importanza nella fase esecutiva dell’allontanamento: la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale durante l’udienza di convalida dell’accompagnamento coattivo alla frontiera.

La Corte afferma che il Giudice di pace, quando lo straniero manifesta tale volontà, deve verificare se ricorrano le eccezioni al diritto di permanere previste dall’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 25/2008. Non è sufficiente liquidare la richiesta come tardiva o strumentale soltanto perché formulata in prossimità dell’allontanamento.

Soltanto una domanda assolutamente generica può non consentire una verifica effettiva. Proprio per accertare tale circostanza, però, il giudice deve verbalizzarne il contenuto e, se necessario, chiedere chiarimenti allo straniero o al difensore.

Il principio è netto: la tardività può essere un elemento da valutare, ma non sostituisce l’esame della domanda. Anche nella fase di convalida, il diritto di chiedere protezione internazionale richiede un accertamento reale, incompatibile con automatismi fondati esclusivamente sul momento in cui la volontà viene manifestata.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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Debito migratorio, riscatto in Libia e lavoro precario: la Cassazione impone una valutazione unitaria

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17879/2026, depositata il 4 giugno 2026, affronta il caso di un cittadino del Bangladesh che aveva contratto un ingente debito per partire, successivamente aggravato dal sequestro subito in Libia e dal pagamento di un riscatto.

La Corte afferma che il cosiddetto vincolo debitorio, o debt bondage, le eventuali forme di lavoro forzato o servitù vissute durante il transito e la situazione lavorativa attuale in Italia devono essere ricostruiti e valutati unitariamente. Anche in assenza di un rischio futuro di nuovo sfruttamento, i trattamenti già subiti possono concorrere a determinare una vulnerabilità rilevante ai fini della protezione complementare.

La decisione impedisce di ridurre automaticamente queste vicende alla categoria della “migrazione economica”. Il debito può certamente avere origine economica, ma può trasformarsi in un meccanismo di assoggettamento personale, soprattutto quando si accompagna a minacce, interessi usurari, lavoro imposto, sequestri o riscatti.

Dal punto di vista difensivo, l’istruttoria deve quindi ricostruire con precisione l’identità del creditore, l’importo originario e quello residuo, le modalità di restituzione, le eventuali minacce, il lavoro svolto per estinguere il debito, il riscatto pagato e le conseguenze ancora attuali sulla persona. Solo una lettura complessiva consente di cogliere la reale natura della vulnerabilità.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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Diniego del visto per motivi familiari: il ricorso va al giudice ordinario, non al TAR

Quando viene negato un visto per ricongiungimento familiare, un nulla osta o un permesso di soggiorno per motivi familiari, il primo problema non riguarda soltanto le ragioni del diniego. Occorre individuare correttamente il giudice davanti al quale contestarlo. Una recente sentenza del TAR Lazio conferma un principio di grande rilievo pratico: nelle controversie che incidono sul diritto all’unità familiare la tutela appartiene, di regola, al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.

Il caso deciso dal TAR Lazio

Con la sentenza n. 10848 dell’11 giugno 2026, il TAR Lazio, Sezione V-quater, ha esaminato il ricorso di un cittadino kosovaro contro il diniego, adottato dall’Ambasciata d’Italia a Pristina, di un visto per motivi familiari finalizzato al ricongiungimento con la madre cittadina italiana e con il restante nucleo familiare residente in Italia.

Il TAR non è entrato nel merito delle ragioni del rifiuto. Ha invece dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, affermando che una controversia avente ad oggetto il diritto all’unità familiare deve essere proposta davanti al giudice ordinario. Il dato è particolarmente significativo perché, nel caso concreto, lo stesso provvedimento amministrativo aveva indicato erroneamente il giudice amministrativo come autorità davanti alla quale proporre ricorso.

La sentenza ricorda così un principio che nella pratica può evitare errori processuali molto costosi: l’indicazione contenuta nel provvedimento impugnato non modifica le regole sulla giurisdizione. Il ricorrente e il difensore devono quindi verificare autonomamente quale sia il giudice effettivamente competente.

La regola speciale per l’unità familiare

L’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 attribuisce espressamente all’autorità giudiziaria ordinaria le opposizioni contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari e, più in generale, contro gli altri provvedimenti dell’amministrazione in materia di diritto all’unità familiare.

La disciplina processuale è contenuta nell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2011. Le controversie sono trattate con il rito semplificato di cognizione davanti al Tribunale sede della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, individuato in relazione all’autorità che ha adottato il provvedimento.

La scelta del giudice ordinario dipende dalla natura della posizione giuridica coinvolta. Quando il provvedimento incide sul diritto all’unità familiare, il giudizio non è strutturato come un semplice controllo sulla legittimità formale dell’atto amministrativo. Il giudice è chiamato ad accertare se, alla luce della situazione familiare concreta e dei requisiti previsti dalla legge, il diritto invocato debba essere riconosciuto.

Anche il rinnovo del permesso familiare segue la stessa strada

Il principio non riguarda soltanto il visto o il nulla osta al ricongiungimento. Il TAR Piemonte, con sentenza n. 362 del 20 febbraio 2026, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in una controversia relativa al diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il ricorrente aveva sostenuto, tra l’altro, che la Questura avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare un diverso permesso per lavoro. Il TAR ha chiarito che questa prospettazione non sposta la controversia davanti al giudice amministrativo: ciò che conta è l’oggetto sostanziale del procedimento e del provvedimento, che in quel caso restava il rinnovo del titolo per motivi familiari.

È un passaggio importante anche per la redazione dei ricorsi. La giurisdizione non può dipendere dal modo in cui vengono formulate le singole censure. Se il provvedimento nasce da una domanda di titolo familiare e incide direttamente sul diritto all’unità familiare, la controversia resta devoluta al giudice ordinario.

La regola non vale per ogni diniego di visto

Non bisogna però trasformare questa disciplina speciale in una regola generale. Non tutti i dinieghi di visto appartengono al giudice ordinario. Nei procedimenti relativi, ad esempio, a visti per studio, lavoro o altre finalità prive di un diretto fondamento nel diritto all’unità familiare, il riparto di giurisdizione segue criteri differenti e può condurre al giudice amministrativo.

Prima di proporre ricorso occorre quindi qualificare correttamente la domanda: bisogna verificare la causale del visto o del permesso, la norma sostanziale invocata, la relazione familiare, la cittadinanza del familiare residente in Italia, l’autorità che ha adottato il provvedimento e il tipo di diritto che si chiede al giudice di riconoscere.

Nel caso dei familiari di cittadini italiani o dell’Unione europea assume rilievo anche il decreto legislativo n. 30 del 2007, che attribuisce al giudice ordinario le controversie sul mancato riconoscimento dei diritti di soggiorno previsti dalla disciplina europea sulla libera circolazione.

Che cosa accade se il ricorso viene presentato al giudice sbagliato

L’errore sulla giurisdizione non comporta necessariamente la perdita definitiva della tutela, ma non è affatto irrilevante. L’articolo 11 del Codice del processo amministrativo disciplina la cosiddetta traslatio iudicii: quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione in favore di un altro giudice nazionale, gli effetti sostanziali e processuali della domanda possono essere conservati se il processo viene riproposto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione sulla giurisdizione.

La norma, tuttavia, fa salve le preclusioni e le decadenze già intervenute. Per questa ragione la possibilità di trasferire il giudizio non deve essere considerata una soluzione ordinaria né un motivo per affrontare con leggerezza il problema del giudice competente. Un errore iniziale può determinare mesi di ritardo proprio in procedimenti nei quali la separazione del nucleo familiare rende spesso il fattore tempo decisivo.

La sentenza del TAR Lazio dell’11 giugno 2026 è emblematica anche sotto questo profilo: il giudice ha salvaguardato la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario e ha compensato le spese anche tenendo conto dell’erronea indicazione contenuta nel provvedimento amministrativo. Ma il processo davanti al TAR si è comunque concluso senza alcuna decisione sul diritto al ricongiungimento.

La verifica da compiere prima del ricorso

Nelle pratiche familiari la fase immediatamente successiva al diniego deve quindi essere affrontata con particolare attenzione. Prima ancora di discutere nel merito reddito, alloggio, vincolo familiare, convivenza, pericolosità sociale o autenticità della documentazione, occorre stabilire con precisione quale tutela giurisdizionale sia prevista.

Il principio operativo è semplice: quando il provvedimento amministrativo incide direttamente sul diritto all’unità familiare, il riferimento principale è l’articolo 30, comma 6, del Testo unico immigrazione e la tutela deve essere cercata davanti alla giurisdizione ordinaria, secondo il rito previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2011. L’indicazione eventualmente inserita dalla Questura, dalla Prefettura o dalla rappresentanza consolare deve essere verificata e non semplicemente recepita.

La corretta individuazione del giudice non è un dettaglio processuale. Nel diritto dell’immigrazione familiare è il primo passaggio per ottenere una tutela effettiva e per evitare che una questione sostanzialmente urgente venga rallentata da un errore che poteva essere prevenuto prima del deposito del ricorso.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

domenica 30 agosto 2026

Italie : le tribunal annule la clôture automatique d’une procédure de travail saisonnier

 

Italie : le tribunal annule la clôture automatique d’une procédure de travail saisonnier

Un tribunal administratif italien a annulé la clôture d’une procédure d’entrée pour travail saisonnier, après avoir constaté que l’administration n’avait pas permis à l’employeur et au travailleur d’expliquer les raisons pour lesquelles le contrat de séjour n’avait pas été reçu dans le délai prévu par la loi.

Par le jugement n° 1318 du 10 juillet 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a établi que le Guichet unique pour l’immigration de Rimini ne pouvait pas archiver automatiquement la procédure au seul motif que le contrat de séjour signé numériquement n’apparaissait pas dans le système ministériel dans le délai de quinze jours.

La décision renforce les garanties procédurales reconnues aux travailleurs étrangers admis en Italie dans le cadre du système des quotas. Elle affirme surtout un principe clair : les limites techniques d’une plateforme administrative ne peuvent pas supprimer les droits prévus par la loi.

Le travailleur était entré légalement et avait déjà été embauché

L’affaire concernait un ressortissant égyptien qui avait obtenu une autorisation d’entrée en Italie pour exercer un emploi saisonnier dans le secteur hôtelier.

Après la délivrance de l’autorisation de travail, l’ambassade d’Italie au Caire lui avait accordé le visa correspondant. Le travailleur était entré en Italie le 23 mars 2026 et avait informé son employeur de son arrivée.

Le 30 mars, les parties avaient signé le contrat de séjour sous forme papier. L’employeur avait ensuite transmis les documents à une organisation patronale chargée de suivre les formalités liées à la procédure du décret sur les flux migratoires.

Le travailleur avait été officiellement embauché le 1er avril 2026.

Malgré cela, le Guichet unique avait archivé la procédure le 12 avril, au motif que le contrat signé numériquement n’avait pas été transmis dans le délai de quinze jours prévu par la législation italienne sur l’immigration.

Aucune communication préalable n’avait été adressée au travailleur ni à l’employeur avant la clôture de la procédure.

Le tribunal : une information préalable était indispensable

Le tribunal a annulé la décision d’archivage.

L’article 22 du décret législatif italien n° 286 de 1998 prévoit que l’autorisation de travail peut être refusée ou révoquée lorsque le contrat de séjour n’est pas transmis dans le délai imposé.

Toutefois, la même disposition contient une exception importante : la conséquence défavorable ne s’applique pas lorsque le retard dépend d’un cas de force majeure ou de circonstances qui ne sont pas imputables au travailleur.

Pour le tribunal, cette exception modifie profondément la nature de la procédure.

L’administration ne peut pas se limiter à vérifier si le document apparaît dans le système informatique, puis fermer automatiquement le dossier. Elle doit d’abord informer les parties que le contrat n’a pas été reçu et leur permettre d’expliquer les causes du retard.

Sans cette communication, le travailleur ne dispose d’aucune possibilité réelle de démontrer qu’il n’est pas responsable de l’omission.

Les garanties procédurales ne sont pas de simples formalités

Le jugement reconnaît une valeur substantielle au droit de participer à la procédure administrative.

Le droit administratif italien impose normalement à l’administration d’informer les intéressés avant d’adopter une décision susceptible d’affecter négativement leur demande. Cette communication leur permet de présenter des observations, des documents et des explications.

Dans cette affaire, l’information préalable aurait permis aux parties de démontrer que le contrat avait été signé dans les délais, que le travailleur avait effectivement été embauché et que la transmission des documents avait été confiée à un intermédiaire.

Le tribunal a donc exclu que l’absence de communication puisse être considérée comme une irrégularité mineure.

Le droit de justifier le retard était directement lié à l’exception prévue par la législation sur l’immigration. La communication était donc nécessaire pour rendre effective la protection contre les retards non imputables au travailleur.

Un système informatique ministériel ne peut pas primer sur la loi

L’un des aspects les plus significatifs du jugement concerne la plateforme numérique utilisée par l’administration.

La préfecture avait soutenu que le système informatique ministériel ne prévoyait pas l’envoi automatique d’un avertissement préalable avant l’archivage des dossiers de cette nature.

Le tribunal a considéré cet argument comme juridiquement dépourvu de pertinence.

Les logiciels administratifs doivent respecter la loi. La loi ne peut pas être écartée simplement parce que le système numérique n’a pas été conçu pour gérer une garantie procédurale déterminée.

Ce principe a une portée plus large.

À mesure que les procédures d’immigration se numérisent, le risque augmente que des systèmes automatisés transforment des évaluations juridiques complexes en résultats techniques rigides. Un document non chargé, une signature numérique incomplète ou une erreur de l’intermédiaire peuvent produire des conséquences disproportionnées.

Le jugement refuse cette logique. La technologie peut assister l’administration, mais elle ne peut pas remplacer l’évaluation juridique exigée par la loi.

Le travailleur ne peut pas répondre de chaque défaillance technique

La décision aborde également la question de la responsabilité.

La transmission électronique du contrat de séjour est normalement effectuée par l’employeur ou par un intermédiaire agissant pour son compte. Le travailleur étranger n’exerce souvent aucun contrôle direct sur cette phase de la procédure.

Il serait donc déraisonnable de lui faire supporter automatiquement les conséquences d’une erreur commise par l’employeur, un consultant, une association professionnelle ou la plateforme numérique elle-même.

L’administration doit examiner les circonstances concrètes.

Elle doit notamment vérifier si le travailleur a signé le contrat dans les délais, informé l’employeur de son arrivée, accepté l’emploi et collaboré loyalement à la procédure.

Lorsque ces obligations ont été respectées, l’absence du document dans le système informatique ne devrait pas entraîner automatiquement la perte de la procédure d’immigration.

L’emploi était réel et non fictif

La décision est particulièrement importante parce que la relation de travail avait réellement commencé.

Il ne s’agissait pas d’un dossier fondé sur un employeur fictif, une fausse offre d’emploi ou une relation professionnelle inexistante.

Le travailleur était entré en Italie avec un visa valable, avait signé le contrat de séjour et avait commencé à travailler conformément à l’autorisation délivrée.

Le seul problème concernait la transmission du document.

Archiver définitivement la procédure dans de telles circonstances aurait produit un résultat contraire à la finalité du système des quotas : un travailleur admis légalement et déjà employé dans le poste autorisé aurait été empêché d’obtenir son titre de séjour en raison d’une défaillance administrative potentiellement réparable.

L’administration doit rouvrir la procédure

Le jugement ne prévoit pas la délivrance automatique du titre de séjour.

Il impose au Guichet unique de rouvrir la procédure et d’exercer à nouveau ses pouvoirs dans le respect des principes fixés par le tribunal.

L’administration devra accorder aux deux parties un délai précis pour produire un contrat correctement signé, puis conclure la procédure si toutes les conditions légales sont réunies.

Le tribunal maintient donc le pouvoir de contrôle de l’administration.

Ce qu’il exclut, c’est l’archivage automatique du dossier sans information préalable et sans aucune vérification de l’imputabilité du retard au travailleur.

Un avertissement plus large pour le système italien

Le jugement confirme une orientation déjà adoptée par le même tribunal dans d’autres décisions rendues en 2026.

Le message adressé aux Guichets uniques pour l’immigration est clair : les procédures ne peuvent pas être fermées automatiquement lorsque la loi reconnaît expressément au travailleur le droit de démontrer que le retard ne dépend pas de lui.

La décision met également en évidence un problème plus général de l’administration italienne de l’immigration.

La numérisation peut rendre les procédures plus rapides, mais elle peut aussi produire des décisions rigides et injustes lorsque les systèmes ne prévoient pas de garanties procédurales suffisantes.

La solution ne consiste pas à réduire les droits pour les adapter aux limites du logiciel administratif. Ce sont les systèmes informatiques qui doivent être adaptés à la loi.

Pour les travailleurs étrangers, la décision affirme un principe essentiel : une omission technique ne peut pas anéantir une procédure d’emploi et de séjour par ailleurs régulière sans offrir d’abord à l’intéressé une possibilité réelle d’expliquer ce qui s’est passé.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Italie : le tribunal juge que les retards administratifs ne peuvent pas justifier le refus d’un titre de séjour

Italie : le tribunal juge que les retards administratifs ne peuvent pas justifier le refus d’un titre de séjour

Un tribunal administratif italien a annulé le refus d’un titre de séjour pour stage professionnel, en affirmant que l’administration ne peut pas utiliser les conséquences de son propre retard pour rejeter une demande qui avait été présentée régulièrement.

Par le jugement n° 1260 du 29 juin 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a considéré que la préfecture de police de Bologne avait agi illégalement en refusant un titre de séjour demandé pour un stage de six mois.

Le demandeur était entré légalement en Italie, avait présenté sa demande dans les délais, avait accompli le stage comme prévu et avait ensuite obtenu un contrat de travail à durée indéterminée. Malgré cela, l’administration n’avait statué qu’après la fin du stage.

La demande avait été présentée dans les délais

Le ressortissant étranger était entré en Italie le 14 juillet 2024 avec un visa valable pour études et stage professionnel.

Le programme devait se dérouler du 2 août 2024 au 31 janvier 2025 et avait pour objectif l’acquisition de compétences professionnelles dans le secteur du bâtiment.

Le demandeur avait présenté sa demande de titre de séjour le 9 août 2024, soit quelques jours seulement après le début du stage. Il s’était ensuite rendu auprès du bureau de l’immigration pour les opérations d’identification et de relevé des empreintes digitales.

La procédure avait donc été régulièrement engagée et le demandeur avait accompli les formalités qui lui incombaient.

Pourtant, l’administration n’avait pas délivré le titre avant la fin du stage.

Le premier avertissement est arrivé un an plus tard

La situation est devenue particulièrement problématique lorsque la préfecture de police a adressé sa première objection formelle près d’un an après le dépôt de la demande.

L’administration reprochait au demandeur de ne pas avoir produit la preuve du renouvellement du projet de stage.

Le tribunal a considéré cette motivation comme illogique.

Le stage n’avait pas été abandonné ni interrompu. Il avait été accompli jusqu’à son terme, à la date initialement prévue.

Le demandeur ne sollicitait pas un nouveau stage ni la prolongation du précédent. Il demandait le titre de séjour correspondant au projet pour lequel il avait été autorisé à entrer en Italie.

La fin normale du stage ne pouvait donc pas être transformée en motif de refus.

L’administration ne peut pas tirer avantage de son propre retard

Le principe central du jugement est clair : le retard administratif ne peut pas devenir un obstacle juridique opposé au demandeur.

Le tribunal reconnaît que les délais prévus pour la délivrance des titres de séjour ne sont généralement pas des délais impératifs. Une décision tardive n’est donc pas automatiquement illégale.

Cela ne signifie toutefois pas que l’administration puisse ignorer les effets juridiques de son propre retard.

La demande devait être examinée au regard de la situation existant au moment où elle avait été présentée.

Dans cette affaire :

  • le demandeur disposait d’un visa valable ;

  • la demande avait été déposée rapidement ;

  • le stage avait effectivement été réalisé ;

  • le projet s’était achevé alors que la procédure était toujours pendante ;

  • le titre n’avait pas été délivré parce que l’administration n’avait pas statué à temps.

Le tribunal a donc exclu que la fin du stage puisse justifier le refus.

Le demandeur était également critiqué pour ne pas avoir demandé la conversion du titre

La décision de refus faisait aussi référence au fait que le demandeur n’avait pas sollicité la conversion du titre de séjour pour stage en titre de séjour pour travail salarié.

Le tribunal a jugé ce raisonnement tout aussi erroné.

Une demande de conversion suppose normalement l’existence d’un titre de séjour à convertir.

Or, dans cette affaire, le titre pour stage n’avait jamais été délivré.

Le demandeur ne pouvait pas être tenu responsable de ne pas avoir converti un document que l’administration elle-même ne lui avait jamais remis.

L’absence de demande de conversion était donc la conséquence du retard administratif, et non d’un manque de diligence de l’intéressé.

Le demandeur avait ensuite obtenu un emploi stable

L’affaire démontrait également que le stage avait atteint son objectif professionnel.

Le 8 septembre 2025, le demandeur avait signé un contrat de travail à durée indéterminée.

Cette circonstance ne transformait pas automatiquement la demande initiale en demande de titre de séjour pour travail salarié. Elle constituait néanmoins un élément important que l’administration devait prendre en considération lors du réexamen de la situation.

Le tribunal n’a pas ordonné la délivrance immédiate d’un titre de séjour pour travail.

Il a imposé à la préfecture de police de réexaminer la demande sans se fonder sur les motifs illégaux utilisés dans la décision de refus.

Une motivation confuse et contradictoire

Le tribunal a également critiqué la motivation de la décision administrative.

Le refus faisait référence à plusieurs éléments différents :

  • la fin du stage ;

  • l’absence de prolongation du projet ;

  • l’existence d’un contrat de travail ;

  • la situation contributive du demandeur ;

  • l’absence de demande de conversion ;

  • l’absence supposée des conditions permettant la délivrance d’un autre titre.

Selon les juges, cette accumulation d’éléments ne permettait pas de comprendre clairement la véritable raison juridique du refus.

Une décision administrative doit permettre à l’intéressé de comprendre le raisonnement suivi par l’autorité.

L’énumération de faits hétérogènes ne suffit pas lorsque l’administration n’explique pas lequel d’entre eux est décisif et pour quelle raison.

Un problème plus général des procédures d’immigration

Le jugement met en lumière une difficulté structurelle de l’administration italienne de l’immigration.

De nombreux titres de séjour sont liés à des activités limitées dans le temps : stages, emplois saisonniers, cours d’études, projets de recherche ou programmes de formation.

Lorsque la procédure administrative dure plus longtemps que l’activité elle-même, le titre risque de perdre toute utilité avant même d’être délivré.

Si l’administration pouvait refuser chaque demande au seul motif que le projet s’est achevé pendant la période d’attente, elle pourrait rendre la procédure inutile simplement en ne statuant pas à temps.

Le tribunal refuse un tel résultat.

La demande doit être appréciée à la lumière des circonstances existant lors de son dépôt, surtout lorsque l’intéressé a agi correctement et que l’expiration du projet résulte uniquement du retard de l’administration.

L’administration doit réexaminer l’affaire

Le jugement n’accorde pas directement le titre de séjour.

Il annule la décision de refus et impose à la préfecture de police de Bologne de réexaminer la demande.

Dans le nouveau cadre procédural, l’administration ne pourra pas considérer comme négative la conclusion régulière du stage.

Elle ne pourra pas non plus reprocher au demandeur de ne pas avoir converti un titre qui n’a jamais été délivré.

Elle devra examiner la demande initiale, le bon déroulement du stage et la relation de travail apparue par la suite.

Un principe essentiel pour les ressortissants étrangers

La décision confirme un principe fondamental d’équité administrative.

Un ressortissant étranger qui présente sa demande dans les délais et accomplit les formalités requises ne doit pas supporter les conséquences d’un retard imputable aux autorités.

L’absence de délai impératif ne confère pas à l’administration une liberté illimitée.

Les autorités publiques doivent agir de bonne foi et ne peuvent pas utiliser les effets de leur propre inertie pour refuser un droit.

En matière d’immigration, le temps n’est pas une question secondaire. Les retards peuvent compromettre l’emploi, la régularité du séjour et la continuité du parcours personnel de l’intéressé.

Le jugement affirme clairement que le temps administratif ne peut pas être géré de manière à neutraliser le droit que la procédure devait précisément protéger.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428



via Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/2P7hLNB

Conversione del permesso stagionale: aspettare la scadenza può compromettere la domanda

La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale è oggi più semplice sotto il profilo delle quote, ma resta delicata sul piano dei tempi. Una recente decisione del TAR Lombardia, Brescia, richiama un principio molto concreto: attendere la scadenza del titolo può trasformare una procedura ordinariamente favorevole in un contenzioso evitabile.

Negli ultimi anni la disciplina della conversione del permesso stagionale è stata progressivamente resa più flessibile. Dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 145 del 2024, la conversione prevista dall’articolo 24, comma 10, del decreto legislativo n. 286 del 1998 non è più subordinata alle quote fissate annualmente dal decreto flussi. Ciò significa che il lavoratore che possiede i requisiti può presentare la domanda in qualunque momento dell’anno, senza attendere un click day e senza dipendere dalla disponibilità numerica delle quote.

Questa semplificazione, tuttavia, non deve essere confusa con una totale irrilevanza della scadenza del permesso di soggiorno.

La decisione del TAR Brescia

Con sentenza n. 701 del 20 maggio 2026, il TAR Lombardia, sede di Brescia, ha affermato che la richiesta di conversione da lavoro stagionale a lavoro non stagionale deve essere presentata entro la scadenza del permesso da convertire. Secondo il Tribunale, la stessa natura della conversione presuppone infatti l’esistenza di un titolo di soggiorno ancora efficace.

La pronuncia ammette, al più, la possibilità di prendere in considerazione una domanda presentata nei sessanta giorni successivi alla scadenza, richiamando la tradizionale soglia di tolleranza prevista dall’ordinamento in materia di soggiorno. Si tratta di una posizione rigorosa, già sostenuta in passato anche dal Consiglio di Stato.

Il dato è particolarmente importante perché, negli anni precedenti, una parte della giurisprudenza aveva adottato un’impostazione più elastica. L’articolo 24, comma 10, del Testo unico immigrazione non stabilisce infatti espressamente un termine perentorio per la domanda di conversione e alcune decisioni avevano ritenuto che la semplice scadenza del titolo non fosse sufficiente, da sola, a impedire la conversione quando risultassero comunque dimostrati tutti i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Il quadro non può quindi essere letto come se esistesse una regola assoluta e priva di eccezioni. Proprio la presenza di orientamenti non perfettamente coincidenti rende però evidente la conseguenza operativa: la domanda deve essere presentata tempestivamente, senza affidare la propria posizione alla possibilità di ottenere successivamente una tutela giudiziaria.

Fuori quota non significa senza termini

La possibilità di presentare la domanda durante tutto l’anno costituisce una delle innovazioni più favorevoli della disciplina attuale. Il lavoratore stagionale non deve più attendere l’apertura di quote di conversione e lo Sportello Unico può esaminare l’istanza indipendentemente dal decreto flussi.

Restano però necessari i presupposti sostanziali previsti dall’articolo 24 del Testo unico. Il lavoratore deve avere svolto regolare attività lavorativa stagionale per il periodo richiesto dalla normativa e deve disporre di un’offerta di lavoro subordinato non stagionale a tempo determinato o indeterminato idonea a sostenere la nuova posizione di soggiorno.

La domanda viene presentata telematicamente attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno e indirizzata allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente. La procedura richiede quindi che la documentazione relativa al precedente rapporto stagionale, al titolo di soggiorno, al passaporto e alla nuova offerta lavorativa sia predisposta prima della scadenza, evitando di iniziare la raccolta dei documenti quando il permesso è ormai prossimo alla perdita di validità.

Il termine dei novanta giorni per il rinnovo non va confuso con la conversione

Dal 4 giugno 2026 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 83 del 2026, che ha modificato l’articolo 5, comma 4, del Testo unico immigrazione portando a novanta giorni prima della scadenza il termine ordinario indicato per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Questa modifica non significa che esista oggi un nuovo periodo di novanta giorni successivi alla scadenza durante il quale la conversione del permesso stagionale possa essere presentata senza conseguenze. Si tratta di istituti differenti. Il nuovo termine riguarda il momento in cui deve essere richiesto il rinnovo e opera prima della scadenza; la conversione da lavoro stagionale a lavoro non stagionale continua invece a essere regolata dall’articolo 24, comma 10, e dalla relativa interpretazione amministrativa e giurisprudenziale.

Per questo motivo, quando il lavoratore ha già maturato i requisiti per la conversione e dispone di una concreta offerta di lavoro non stagionale, rinviare la domanda non offre alcun vantaggio giuridico e può invece creare un problema che altrimenti non esisterebbe.

Si può lavorare mentre la conversione è in corso

Un ulteriore elemento pratico rende ancora meno giustificabile il rinvio della domanda. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 10 del 5 maggio 2025, ha chiarito che il lavoratore può svolgere la nuova attività non stagionale anche durante l’attesa della decisione sulla conversione.

È necessario che la domanda sia stata regolarmente presentata e che sia stata rilasciata la relativa ricevuta. Per il lavoro subordinato deve inoltre essere effettuata la comunicazione obbligatoria UNILAV; nel lavoro domestico deve essere eseguita la comunicazione prevista nei confronti dell’INPS.

La ricevuta della domanda assume quindi una funzione essenziale: documenta la pendenza del procedimento e consente, ricorrendo le condizioni previste, di evitare un’interruzione ingiustificata dell’attività lavorativa durante i tempi amministrativi necessari alla definizione della pratica.

La regola pratica

La disciplina attuale offre al lavoratore stagionale una possibilità importante di stabilizzazione: la conversione è fuori quota, può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e consente di proseguire l’attività lavorativa nelle more del procedimento. Proprio per questo non vi è ragione di attendere la scadenza del permesso.

La sentenza del TAR Brescia n. 701 del 2026 mostra che la scadenza del titolo può diventare un elemento decisivo nel giudizio sulla domanda. Anche quando sia astrattamente possibile discutere l’applicazione di una finestra successiva alla scadenza o invocare gli orientamenti giurisprudenziali più favorevoli, la posizione dello straniero diventa inevitabilmente più incerta.

La gestione corretta della pratica deve quindi partire dal controllo della data di scadenza del permesso, dalla verifica preventiva dei requisiti lavorativi e dalla presentazione dell’istanza quando il titolo è ancora valido. Nel diritto dell’immigrazione, molti contenziosi nascono non dall’assenza dei requisiti sostanziali, ma dal modo e dal momento in cui essi vengono fatti valere.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

sabato 29 agosto 2026

Il dovere di collaborazione dello straniero nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno

 

Il dovere di collaborazione dello straniero nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno

Mancata presentazione ai rilievi fotodattiloscopici, archiviazione dell’istanza e principio di buona fede

Nota a TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 10 luglio 2026, n. 1315

Abstract

Con la sentenza 10 luglio 2026, n. 1315, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha ritenuto legittima l’archiviazione di un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, disposta a seguito della mancata presentazione del richiedente a quattro successive convocazioni per l’identificazione e i rilievi fotodattiloscopici.

La decisione attribuisce particolare rilievo ai principi di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono regolare i rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione. Secondo il TAR, la reiterata assenza del richiedente, in mancanza di qualsiasi giustificazione o causa di forza maggiore, impedisce la prosecuzione dell’istruttoria e legittima la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso di archiviazione.

La pronuncia consente di approfondire il rapporto tra obblighi collaborativi dello straniero, proporzionalità dell’azione amministrativa, contraddittorio procedimentale e natura essenziale dell’identificazione fotodattiloscopica nelle procedure relative ai titoli di soggiorno.

1. La vicenda esaminata dal TAR Emilia-Romagna

La controversia riguardava un cittadino marocchino che aveva impugnato il decreto del Questore di Bologna del 17 febbraio 2026, notificato il successivo 19 marzo, con il quale era stata archiviata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La domanda era stata inoltrata mediante kit postale. Il richiedente era stato inizialmente convocato presso l’Ufficio immigrazione della Questura di Bologna per il 18 giugno 2024, ai fini dell’identificazione personale e della sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici.

A seguito della mancata presentazione, la Questura aveva disposto tre ulteriori convocazioni, fissate rispettivamente per il 6 agosto 2024, il 18 settembre 2024 e il 21 gennaio 2026. Anche tali appuntamenti erano rimasti senza esito.

L’Amministrazione aveva pertanto archiviato la pratica, osservando che il procedimento non poteva essere procrastinato indefinitamente e che la mancata identificazione determinava l’assoluta carenza dei presupposti necessari per la lavorazione dell’istanza.

Il ricorrente contestava la proporzionalità della misura, sostenendo che l’assenza agli appuntamenti costituisse un’irregolarità sanabile mediante una nuova convocazione. Deduceva inoltre la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e rappresentava la propria condizione personale e familiare, affermando di avere reperito una nuova possibilità occupazionale dopo un lungo periodo di disoccupazione.

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha valorizzato il numero delle convocazioni, la loro regolare ricezione e l’assenza di qualsiasi ragione giustificativa idonea a spiegare la prolungata inerzia del richiedente.

2. I rilievi fotodattiloscopici nel procedimento relativo al permesso di soggiorno

L’identificazione personale e la sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici non costituiscono un adempimento marginale o meramente burocratico.

Il procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno presuppone la verifica dell’identità del richiedente, la corrispondenza tra la persona fisicamente presente e il titolare della domanda, nonché l’acquisizione degli elementi biometrici necessari per la formazione del titolo elettronico.

La presenza personale dello straniero rappresenta quindi un passaggio indispensabile dell’istruttoria. La domanda presentata mediante kit postale avvia il procedimento, ma non può sostituire le successive operazioni di identificazione riservate all’autorità di pubblica sicurezza.

Quando il richiedente non si presenta, l’Amministrazione non è materialmente in grado di completare l’istruttoria. Non può verificare con certezza l’identità personale, acquisire le impronte digitali e procedere agli ulteriori controlli connessi al rilascio del documento.

La mancata presentazione non determina necessariamente, in occasione della prima convocazione, l’automatica perdita del procedimento. Può dipendere da un errore nella comunicazione, da una temporanea impossibilità, da ragioni di salute o da altre circostanze documentabili.

La valutazione cambia, tuttavia, quando le assenze si ripetono e il richiedente non fornisce alcuna spiegazione.

3. Dalla singola irregolarità alla prolungata inerzia procedimentale

La difesa del ricorrente qualificava la mancata presentazione come una mera irregolarità formale, suscettibile di essere sanata attraverso una nuova convocazione.

Il TAR ha respinto tale impostazione sulla base delle circostanze concrete.

Non si era verificata una sola assenza. Il richiedente non si era presentato a quattro appuntamenti distribuiti lungo un arco temporale di circa un anno e mezzo. L’Amministrazione aveva quindi già adottato più volte la soluzione meno gravosa, procedendo alla ricalendarizzazione dell’incombente anziché archiviare immediatamente la pratica.

La proporzionalità del provvedimento deve essere valutata tenendo conto dell’intera sequenza procedimentale. Considerata isolatamente, la mancata presentazione a un singolo appuntamento potrebbe apparire insufficiente a giustificare la chiusura della pratica. Considerata nel suo complesso, la reiterata assenza priva di giustificazione assume invece il significato di una sostanziale mancata collaborazione.

Il procedimento amministrativo non può rimanere indefinitamente sospeso per effetto dell’inerzia dell’interessato. La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere i procedimenti e di assicurare una gestione ordinata delle pratiche, soprattutto in un settore caratterizzato da un elevato numero di istanze e da rilevanti esigenze di certezza.

La sentenza non afferma dunque che ogni mancata presentazione comporti automaticamente l’archiviazione. Stabilisce piuttosto che la successione di quattro convocazioni rimaste inevase, in assenza di qualsiasi causa giustificativa, rende ragionevole la conclusione negativa del procedimento.

4. Il principio di proporzionalità

Uno dei principali motivi del ricorso riguardava la pretesa sproporzione tra la condotta contestata e la conseguenza amministrativa.

Il principio di proporzionalità impone all’Amministrazione di adottare una misura idonea al perseguimento dello scopo, necessaria e non eccessivamente gravosa rispetto all’interesse pubblico tutelato.

Nel caso esaminato, la Questura non aveva disposto immediatamente l’archiviazione dopo la prima assenza. Aveva riconvocato il richiedente per altre tre volte, offrendo più occasioni per completare l’identificazione.

La progressione degli interventi amministrativi dimostra che la misura finale era stata preceduta da tentativi meno incisivi. La rinnovazione delle convocazioni rappresentava precisamente l’alternativa meno gravosa richiesta dal principio di proporzionalità.

Solo dopo l’ennesima mancata presentazione la Questura aveva ritenuto di non poter ulteriormente procrastinare la definizione del procedimento.

Sotto questo profilo, la decisione del TAR appare coerente. Il principio di proporzionalità non obbliga l’Amministrazione a reiterare senza limiti le convocazioni, soprattutto quando l’interessato non comunica impedimenti, non chiede il rinvio dell’appuntamento e non dimostra alcuna intenzione concreta di collaborare.

La proporzionalità non protegge l’inerzia indefinita. Impone un equilibrio tra la tutela dell’interessato e la necessità che l’attività amministrativa possa pervenire a una conclusione.

5. Il dovere di concludere il procedimento

La Questura aveva richiamato l’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il quale impone alle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

La medesima disposizione consente di adottare un provvedimento in forma semplificata quando l’istanza risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. In tali ipotesi la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto decisivo.

Il TAR ha qualificato come legittima la scelta dell’Amministrazione di formalizzare l’archiviazione, anziché lasciare la domanda in una condizione di sospensione indefinita.

Questo passaggio è rilevante perché distingue la conclusione espressa del procedimento dalla mera inerzia amministrativa.

La Questura non aveva semplicemente omesso di provvedere. Aveva preso atto dell’impossibilità di proseguire l’istruttoria per la mancata identificazione del richiedente e aveva adottato un provvedimento motivato.

La conclusione espressa consente inoltre all’interessato di conoscere le ragioni della decisione e di esercitare la tutela giurisdizionale. Sotto tale profilo, l’archiviazione è maggiormente garantista rispetto al mantenimento sine die della pratica in uno stato di inattività.

6. La collaborazione e la buona fede nei rapporti con l’Amministrazione

Il profilo più innovativo della sentenza è rappresentato dal richiamo all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990.

La disposizione, introdotta dall’art. 12 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

Il TAR precisa che tale principio trova applicazione anche nei confronti dello straniero che richieda il rilascio o il rinnovo di un titolo di soggiorno.

Il riferimento legislativo al “cittadino” non può essere interpretato in senso restrittivo come limitato al cittadino italiano. La regola esprime un principio generale dell’azione amministrativa e riguarda chiunque entri in rapporto con un’amministrazione pubblica, indipendentemente dalla cittadinanza.

La buona fede opera in senso bilaterale.

L’Amministrazione deve agire correttamente, fornire informazioni comprensibili, comunicare le convocazioni con modalità idonee, valutare le giustificazioni e non aggravare inutilmente il procedimento.

Allo stesso tempo, il privato deve collaborare, mantenere aggiornati i propri recapiti, presentarsi agli appuntamenti, comunicare tempestivamente eventuali impedimenti e fornire la documentazione necessaria.

Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto violato proprio tale dovere collaborativo. Il richiedente aveva ricevuto quattro convocazioni ma non si era mai presentato e non aveva allegato alcuna causa di forza maggiore o altra circostanza idonea a giustificare il proprio comportamento.

7. La ricezione delle convocazioni e l’inesistenza di un obbligo di notifica a mani

Nel ricorso era stata prospettata la tesi secondo cui soltanto una notifica eseguita personalmente avrebbe garantito l’effettiva conoscenza della convocazione.

Il TAR ha respinto l’argomento, osservando che non esiste una disposizione che imponga la notifica “a mani” delle convocazioni per i rilievi fotodattiloscopici.

In assenza di una specifica disciplina derogatoria, trovano applicazione le regole ordinarie sulle comunicazioni amministrative.

La decisione assume rilievo pratico. La contestazione della convocazione non può essere fondata sulla semplice pretesa che l’Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare una forma più solenne di comunicazione. Occorre dimostrare che l’avviso non sia stato ricevuto, sia stato inviato a un recapito errato oppure presenti vizi tali da impedirne la conoscibilità.

Nel caso deciso dal TAR, la ricezione delle quattro convocazioni non risultava realmente contestata. Veniva censurata soltanto la modalità della comunicazione, senza indicare una norma che imponesse la consegna personale.

Il giudice ha quindi considerato gli avvisi ritualmente comunicati.

8. Il contraddittorio procedimentale e la pluralità delle convocazioni

Il ricorrente lamentava inoltre la mancata comunicazione di avvio del procedimento o dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Il TAR ha ritenuto infondata la censura, affermando che le quattro convocazioni rimaste inevase avevano assorbito ed esaurito ogni forma plausibile di contraddittorio con l’interessato.

L’affermazione merita attenzione.

La convocazione per il fotosegnalamento non coincide formalmente con il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Essa non contiene necessariamente l’indicazione che la mancata presentazione comporterà l’archiviazione definitiva della domanda.

Il TAR adotta però una lettura sostanzialistica. Ritiene che, dopo quattro inviti regolarmente ricevuti, il richiedente avesse avuto una possibilità più che adeguata di partecipare al procedimento e consentirne la prosecuzione.

L’omissione di un ulteriore preavviso non avrebbe quindi compromesso concretamente il diritto di difesa, poiché l’interessato era stato ripetutamente chiamato a compiere l’adempimento necessario e non aveva mai interloquito con l’Amministrazione.

La conclusione può essere condivisa nel particolare contesto della reiterata inerzia. Deve tuttavia essere applicata con prudenza.

La pluralità delle convocazioni può sostituire il preavviso soltanto quando sia dimostrata la loro regolare ricezione, il contenuto sia sufficientemente chiaro e non emergano circostanze giustificative che avrebbero potuto essere rappresentate mediante un contraddittorio finale.

9. La posizione personale e familiare dello straniero

Il ricorrente aveva richiamato la propria condizione personale, sostenendo di essere padre di famiglia, radicato da anni in Italia e in possesso di una nuova prospettiva occupazionale.

Il TAR non ha attribuito a tali elementi un valore idoneo a superare la mancata collaborazione procedimentale.

La decisione segnala la distinzione tra requisiti sostanziali e adempimenti istruttori.

La disponibilità di un rapporto di lavoro, il radicamento familiare o la permanenza prolungata nel territorio possono assumere rilievo nella valutazione del rinnovo, ma non eliminano la necessità che il richiedente si presenti personalmente per l’identificazione.

L’Amministrazione non può valutare compiutamente i presupposti sostanziali del soggiorno se il procedimento resta incompleto per una condotta imputabile all’interessato.

Ciò non significa che le condizioni personali siano sempre irrilevanti. In presenza di un solo appuntamento mancato, di problemi di salute, di gravi difficoltà familiari o di un errore nella comunicazione, tali elementi potrebbero incidere sulla proporzionalità dell’archiviazione.

Nel caso concreto, tuttavia, il Collegio ha considerato prevalente la protratta inerzia e l’assenza di qualsiasi giustificazione.

10. La durata del procedimento e il passaggio relativo alla permanenza senza titolo

La sentenza attribuisce rilievo anche alla durata complessiva della vicenda.

Il TAR osserva che il precedente permesso per attesa occupazione era scaduto il 3 febbraio 2024 e che il richiedente sarebbe rimasto sostanzialmente inerte fino alla notifica dell’archiviazione, avvenuta il 19 marzo 2026.

Il Collegio afferma quindi che lo straniero sarebbe rimasto privo di titolo per oltre due anni.

Questo passaggio richiede una precisazione sistematica.

La presentazione tempestiva di una domanda di rinnovo produce normalmente effetti sulla regolarità del soggiorno durante la pendenza del procedimento, purché la domanda sia rituale e l’interessato collabori alla sua definizione. La ricevuta della domanda consente, nei limiti previsti dall’ordinamento, di documentare la pendenza del procedimento.

Nel caso esaminato, il giudizio negativo del TAR sembra dipendere non dalla sola durata dell’istruttoria, ma dalla mancata prosecuzione della procedura imputabile allo stesso richiedente.

La permanenza non può quindi essere considerata irregolare per il solo fatto che l’Amministrazione non abbia ancora definito il rinnovo. Diversa è l’ipotesi in cui la domanda non possa essere istruita perché il richiedente omette ripetutamente un adempimento essenziale.

La distinzione è necessaria per evitare che i ritardi amministrativi vengano impropriamente posti a carico dello straniero.

11. Il rapporto con la precedente giurisprudenza del TAR

La sentenza n. 1315 del 2026 deve essere letta insieme alle decisioni nelle quali lo stesso TAR ha valorizzato le garanzie partecipative dello straniero.

Nella sentenza n. 1318 del 10 luglio 2026, relativa alla tardiva trasmissione del contratto di soggiorno, il TAR ha annullato l’archiviazione perché il lavoratore non era stato informato del mancato ricevimento del documento e non aveva potuto dimostrare la non imputabilità del ritardo.

Le due decisioni non sono contraddittorie.

Nel primo caso, l’inadempimento telematico dipendeva potenzialmente dal datore di lavoro o dall’intermediario e il lavoratore non era stato posto nella condizione di intervenire.

Nella sentenza n. 1315, invece, l’adempimento richiedeva la presenza personale dello straniero, il quale aveva ricevuto quattro convocazioni e non aveva allegato alcun impedimento.

La differenza risiede quindi nell’imputabilità della mancata prosecuzione del procedimento.

Quando l’ostacolo dipende da fattori estranei al lavoratore, il contraddittorio deve essere rafforzato. Quando, invece, l’interessato omette reiteratamente un adempimento personale e necessario, la sua condotta può legittimare l’archiviazione.

12. Considerazioni conclusive

La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1315 del 2026 afferma un principio rigoroso ma coerente con la struttura del procedimento amministrativo: il richiedente un titolo di soggiorno non è soltanto destinatario di garanzie, ma è anche soggetto a un dovere di collaborazione.

Il rinnovo del permesso non può essere definito senza la partecipazione personale dello straniero agli adempimenti di identificazione e fotosegnalamento. L’Amministrazione deve comunicare correttamente gli appuntamenti e considerare eventuali impedimenti; non è però tenuta a reiterare indefinitamente le convocazioni quando l’interessato rimanga silente.

La buona fede procedimentale non può essere invocata unilateralmente.

Essa obbliga la pubblica amministrazione a evitare formalismi irragionevoli e a offrire concrete possibilità di regolarizzazione. Impone però anche al richiedente di rispondere alle comunicazioni, presentarsi agli appuntamenti o giustificare tempestivamente l’impossibilità di farlo.

La decisione non autorizza archiviazioni automatiche dopo una singola assenza. La sua legittimità deriva dalla specificità del caso: quattro convocazioni regolarmente ricevute, nessuna presentazione, nessuna richiesta di rinvio e nessuna causa di forza maggiore.

Il principio di proporzionalità resta pertanto decisivo. L’Amministrazione deve graduare la propria risposta, ma può concludere negativamente il procedimento quando abbia offerto ripetute occasioni di partecipazione e l’interessato abbia continuato a non collaborare.

Nel diritto dell’immigrazione, la tutela dei diritti non può essere separata dalla responsabilità procedimentale. Un sistema equilibrato deve impedire che le inefficienze amministrative ricadano sullo straniero, ma deve anche evitare che la domanda di soggiorno rimanga indefinitamente pendente per una condotta imputabile allo stesso richiedente.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Diniego del permesso ed espulsione nello stesso giorno: la sospensiva del TAR cambia il quadro

La Cassazione, con ordinanza n. 21790/2026, ha chiarito che il giudice chiamato a decidere sull’opposizione all’espulsione non può ignorare ciò che accade nel parallelo giudizio contro il diniego del permesso di soggiorno. Se il TAR sospende l’efficacia del diniego, quella sopravvenienza deve essere valutata perché incide sul presupposto stesso dell’irregolarità del soggiorno.

La materia dell’immigrazione presenta spesso un problema che nella pratica è tutt’altro che teorico: uno stesso cittadino straniero può trovarsi contemporaneamente davanti a due giudici diversi. Da una parte vi è il giudizio contro il diniego, la revoca o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno; dall’altra vi può essere l’opposizione contro il decreto prefettizio di espulsione. I due procedimenti hanno oggetti distinti e seguono regole diverse, ma non vivono in compartimenti stagni. Quando l’esito del primo incide sulla regolarità del soggiorno, il secondo giudice deve tenerne conto.

È questo il punto centrale dell’ordinanza della Prima Sezione civile della Corte di cassazione n. 21790 del 2026, depositata il 25 giugno 2026 e ora richiamata nella rassegna tematica ufficiale sulla protezione internazionale e l’immigrazione pubblicata dall’Ufficio del Massimario della Corte il 28 agosto 2026.

Il caso: diniego del permesso ed espulsione notificati nello stesso giorno

La vicenda riguardava uno straniero al quale il Questore aveva notificato il diniego del permesso di soggiorno e, nello stesso giorno, era stato notificato anche il decreto di espulsione. Il Giudice di pace aveva ritenuto sussistente la condizione di irregolarità sul territorio nazionale e aveva confermato l’espulsione.

Nel frattempo, però, il cittadino straniero aveva impugnato davanti al TAR il diniego del permesso di soggiorno e il giudice amministrativo aveva disposto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento questorile. La Cassazione ha ritenuto che questa circostanza non potesse essere ignorata nel giudizio sull’espulsione.

Il punto è particolarmente importante perché il decreto di espulsione fondato sull’art. 13, comma 2, del Testo unico immigrazione presuppone una determinata situazione giuridica dello straniero rispetto al soggiorno. Se il provvedimento amministrativo che ha determinato o consolidato quella situazione viene sospeso dal giudice competente, il presupposto dell’espulsione deve essere nuovamente verificato.

La sospensiva non annulla il diniego, ma ne blocca temporaneamente gli effetti

Occorre distinguere con precisione i diversi piani. La proposizione del ricorso contro il diniego del permesso di soggiorno non comporta, di per sé e in ogni caso, l’automatica caducazione del provvedimento amministrativo. Il ricorso e la sospensione cautelare sono due momenti diversi. È la decisione cautelare del giudice, quando sospende l’efficacia del diniego, a produrre una conseguenza immediata che non può essere trascurata dagli altri organi chiamati a pronunciarsi sulla posizione dello straniero.

La Cassazione parla infatti di “sopravvenuta inefficacia immediata” del provvedimento di diniego, conseguente alla sospensione disposta dal TAR. Non significa che il permesso sia stato definitivamente riconosciuto, né che il diniego sia stato annullato nel merito. Significa però che, fino alla decisione successiva o alla cessazione degli effetti della misura cautelare, quel diniego non può essere trattato come se fosse pienamente efficace.

È una distinzione decisiva. Nella pratica, troppo spesso si ragiona come se il procedimento amministrativo sul permesso e quello relativo all’espulsione seguissero percorsi completamente indipendenti. La Cassazione ribadisce invece la necessità di coordinare i due piani quando essi si intersecano.

Il Giudice di pace deve verificare l’esito del giudizio sul permesso

Secondo la Corte, il Giudice di pace investito dell’opposizione all’espulsione deve accertare quale sia stato l’esito dell’impugnazione proposta contro il diniego del permesso di soggiorno, quando tale impugnazione sia stata allegata e sia rilevante per stabilire la posizione dello straniero sul territorio nazionale.

Nel caso esaminato, il giudice aveva invece ricostruito la posizione dello straniero in modo incompleto, senza considerare la sospensione cautelare concessa dal TAR. Per la Cassazione, si trattava di una valutazione “stereotipata ed astratta” dell’irregolarità del soggiorno.

Il principio ha una conseguenza pratica molto chiara: nel giudizio contro l’espulsione non basta produrre il ricorso amministrativo. È essenziale depositare tempestivamente anche ogni provvedimento cautelare sopravvenuto, dimostrando al giudice ordinario che la situazione giuridica posta a fondamento dell’espulsione è cambiata.

La data delle notifiche può diventare decisiva

La vicenda affrontata dalla Cassazione mostra anche l’importanza della cronologia. Diniego del permesso ed espulsione erano stati notificati nello stesso giorno. La Corte ha rilevato che il Giudice di pace aveva trascurato anche il fatto che, al momento dell’adozione dell’espulsione, non era ancora decorso il termine per impugnare il diniego.

Questo passaggio non deve essere letto nel senso che la semplice pendenza del termine di impugnazione renda automaticamente inefficace il diniego. Il significato operativo è diverso: quando due provvedimenti vengono adottati o notificati in strettissima successione, il giudice non può limitarsi a fotografare formalmente la posizione dello straniero senza verificare l’intero sviluppo della vicenda amministrativa e giurisdizionale.

Per questo, nella difesa, è importante conservare e produrre non soltanto i provvedimenti, ma anche le ricevute di notifica, le comunicazioni della Questura, la prova del deposito del ricorso e, soprattutto, l’eventuale decreto o ordinanza cautelare.

Due giudizi diversi, ma una sola posizione giuridica

La decisione mette in evidenza una caratteristica strutturale del diritto dell’immigrazione italiano: la frammentazione delle competenze. Il diniego di un permesso per lavoro o per altre tipologie soggette alla giurisdizione amministrativa viene normalmente contestato davanti al TAR, mentre il decreto di espulsione prefettizio è impugnato davanti al Giudice di pace. Per altre categorie di permesso, come quelle relative all’unità familiare o ad alcune forme di protezione, la competenza può invece appartenere al giudice ordinario.

Questa frammentazione non può però tradursi in decisioni reciprocamente incompatibili. Lo straniero è una sola persona e la sua posizione di soggiorno è una sola. Se uno dei giudici interviene sul provvedimento che costituisce il presupposto della decisione esaminata dall’altro, quella sopravvenienza deve entrare nella valutazione.

Cosa accade se il TAR successivamente respinge il ricorso

Anche su questo la Cassazione offre un’indicazione utile. Se, nella prosecuzione del procedimento, l’impugnazione contro il diniego del permesso viene respinta, il Giudice di pace dovrà nuovamente valutare la posizione dello straniero e verificare l’eventuale esistenza di cause ostative all’espulsione che siano state ritualmente dedotte.

La sospensione cautelare, quindi, non rappresenta una soluzione definitiva del problema. È una fase del contenzioso che può tuttavia incidere concretamente e immediatamente sull’efficacia degli atti amministrativi e, di conseguenza, sulla legittimità o comunque sulla tenuta dell’espulsione.

Le conseguenze operative per la difesa

Quando al diniego del permesso segue rapidamente un decreto di espulsione, la strategia difensiva deve essere necessariamente coordinata. Occorre anzitutto individuare il giudice competente per l’impugnazione del diniego e verificare se vi siano i presupposti per chiedere una misura cautelare. Parallelamente, il ricorso contro l’espulsione deve ricostruire con precisione l’intera sequenza degli atti.

Se viene ottenuta una sospensiva, il provvedimento deve essere immediatamente prodotto nel giudizio davanti al Giudice di pace. Non si tratta di un elemento accessorio: può incidere sul presupposto stesso dell’espulsione. Allo stesso modo, ogni successiva decisione del TAR deve essere portata tempestivamente a conoscenza del giudice che sta decidendo sull’allontanamento.

La pronuncia n. 21790/2026 richiama quindi un principio di metodo che dovrebbe guidare l’intero contenzioso in materia di immigrazione: la regolarità o irregolarità del soggiorno non può essere valutata attraverso formule automatiche, ignorando gli sviluppi dei procedimenti che incidono direttamente sul titolo di soggiorno. La posizione dello straniero deve essere ricostruita nella sua effettiva situazione giuridica, aggiornata al momento della decisione.

Ed è proprio questo il passaggio più importante della decisione: quando il contenzioso sul permesso e quello sull’espulsione si intersecano, nessuno dei due può essere deciso facendo finta che l’altro non esista.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Protezione speciale: la Cassazione vieta la valutazione ‘a pezzi’ dell’integrazione

Protezione speciale: la Cassazione vieta la valutazione “a pezzi” dell’integrazione

La valutazione dell’integrazione dello straniero non può essere scomposta in una serie di elementi isolati, ciascuno giudicato insufficiente se considerato da solo. È questo il principio che emerge con particolare nettezza da Cass. n. 15548/2026 e che trova conferma nell’ordinanza n. 17852/2026, entrambe richiamate nella recente rassegna tematica della Corte di Cassazione in materia di protezione internazionale e complementare.

Il punto è di notevole importanza pratica. Nei giudizi sulla protezione speciale e, più in generale, sulla tutela della vita privata e familiare dello straniero, accade frequentemente che il percorso di integrazione venga esaminato in modo frammentario: un contratto di lavoro viene svalutato perché a tempo determinato, la conoscenza della lingua perché non avanzata, la situazione abitativa perché non autonoma, le relazioni sociali perché non formalizzate. La Cassazione chiarisce invece che il giudice deve considerare questi elementi nella loro reciproca interazione.

Il radicamento non è infatti un dato istantaneo né coincide con il raggiungimento di un modello astratto di autosufficienza. È un processo. Un lavoratore che abbia svolto più rapporti di breve durata, che abbia acquisito una conoscenza funzionale della lingua italiana, che abbia costruito rapporti con colleghi, datore di lavoro e territorio può avere sviluppato una vita privata meritevole di considerazione anche se non dispone ancora di un contratto a tempo indeterminato o di un’abitazione intestata a proprio nome.

L’ordinanza n. 17852/2026 è particolarmente significativa perché censura proprio il metodo del giudice di merito che aveva svalutato separatamente i singoli indicatori. La Corte ribadisce inoltre che la vita privata non coincide con la sola dimensione familiare: anche le relazioni che nascono nell’ambiente lavorativo, professionale e sociale concorrono alla costruzione dell’identità personale dello straniero nel Paese di accoglienza.

Per la difesa, il principio impone una conseguenza precisa: la documentazione non dovrebbe essere depositata come una semplice somma di allegati, ma ricostruita come un percorso unitario. Contratti, buste paga, attestati linguistici, iscrizioni formative, dichiarazioni del datore di lavoro, documentazione abitativa e relazioni sociali assumono maggiore forza se inseriti in una narrazione coerente del radicamento.

La decisione è importante anche sotto un altro profilo. Evita che l’integrazione venga trasformata in una corsa a ostacoli nella quale ogni requisito viene considerato indispensabile. Il diritto non richiede una perfezione sociale dello straniero. Richiede invece una valutazione concreta e complessiva della vita privata costruita nel territorio nazionale e delle conseguenze che deriverebbero dalla sua interruzione.

In materia di protezione complementare, il metodo di giudizio è quindi sostanziale: non basta chiedersi se ogni singolo elemento sia forte abbastanza da solo. Occorre domandarsi che cosa rappresentino, nel loro insieme, il lavoro, la lingua, le relazioni e la stabilità raggiunta nella vita reale della persona.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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Dublino, il giudice non può sostituirsi allo Stato competente. Ma l’articolo 17 non è intoccabile

Dublino, il giudice non può sostituirsi allo Stato competente. Ma l’articolo 17 non è intoccabile

La disciplina dei trasferimenti Dublino continua a produrre un contenzioso complesso, soprattutto quando il richiedente allega situazioni personali che, pur non integrando necessariamente carenze sistemiche nello Stato competente, possono assumere rilievo ai fini della tutela complementare nazionale. Su questo terreno interviene Cass. n. 19544/2026, richiamata nella recente rassegna tematica della Corte di Cassazione.

Il principio di partenza resta fermo: il giudice italiano non può sostituirsi all’amministrazione dello Stato membro competente né bloccare un trasferimento semplicemente perché ritiene più favorevole il sistema italiano di protezione. Il regolamento Dublino si fonda sulla reciproca fiducia fra Stati membri e la deroga collegata alle carenze sistemiche richiede presupposti rigorosi.

Ciò non significa, tuttavia, che la clausola discrezionale prevista dall’articolo 17 del regolamento sia sottratta in modo assoluto al controllo giurisdizionale. La Cassazione chiarisce che può essere sindacato il rifiuto, anche tacito, dell’amministrazione di prendere in considerazione l’esercizio della clausola quando il richiedente abbia allegato elementi specifici relativi alla protezione complementare riconosciuta dall’ordinamento nazionale.

La distinzione è importante. Il giudice non può trasformare l’articolo 17 in uno strumento generale per riscrivere la competenza Dublino. Può però verificare che l’amministrazione abbia effettivamente preso in considerazione circostanze individuali giuridicamente rilevanti e non abbia semplicemente ignorato la questione.

Per la difesa, questo significa che l’impugnazione di un trasferimento non può limitarsi a contestazioni generiche sulle condizioni dello Stato membro competente. Occorre individuare con precisione gli elementi personali che rendono necessaria una valutazione ulteriore: radicamento, vita privata, vulnerabilità individuali, legami familiari, condizioni personali che possano assumere rilievo nel quadro della tutela complementare nazionale.

La decisione contribuisce quindi a definire un confine più preciso. Da una parte, il giudice non può sostituire la propria valutazione politica o amministrativa alla scelta dello Stato competente prevista dal regolamento. Dall’altra, la discrezionalità non equivale ad arbitrio e non elimina il dovere dell’amministrazione di considerare le circostanze giuridicamente rilevanti dedotte dall’interessato.

Nel contenzioso Dublino la vera questione diventa dunque la qualità dell’allegazione. Non ogni situazione personale consente di impedire il trasferimento, ma gli elementi che incidono sulla tutela complementare non possono essere semplicemente rimossi dal procedimento. L’articolo 17 resta una clausola discrezionale, ma non una zona franca sottratta a qualsiasi controllo.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

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